Candidatura presidencial de Pierce le deja demanda en PR
Una demanda federal busca compensación para todas las personas que recibieron propaganda telefónica de Pierce para su campaña independiente de 2020.
Brock Pierce, inversionista residente en la isla asociado al mundo de las monedas digitales, enfrenta una demanda en Puerto Rico por la campaña de propaganda telefónica que desplegó para su campaña presidencial como independiente en 2020.
Para el ciclo electoral de 2024, Pierce registró un comité político en noviembre pasado para una candidatura al Senado federal por el estado de Vermont, lo que lo mantiene bajo cuestionamiento de cómo puede ser, a la vez, residente del estado de Vermont para efectos de ser su senador federal y también ser residente en la isla para efectos de los beneficios contributivos de la anterior Ley 22, ahora Ley 60.
En 2020, Pierce ya disfrutaba del decreto como inversionista residente en la isla, pero la candidatura presidencial no presenta el problema de definir un solo lugar de residencia que presenta una elección para representar a un estado específico.
La demanda presentada el martes en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico pretende convertirse en un reclamo de clase para cubrir a todas las personas que recibieron llamadas automáticas ("robocalls") de parte de Pierce como promoción para su candidatura de 2020.
La demanda responsabiliza a Pierce personalmente por las llamadas porque las grabó con su voz y porque su campaña era un alter ego de su persona ya que $6 millones de los $6.3 millones que gastó fueron en la forma de un préstamo personal que hizo al comité.
La alegación es que esta estrategia de promoción violó la Telephone Consumer Protection Act que regula las llamadas automáticas de contenido político y específicamente prohíbe que se realicen sin el consentimiento del recipiente.
La demanda incluye también a la empresa canadiense Stratics Networks, Inc., la cual Pierce contrató para ejecutar la campaña de llamadas automáticas.
Cada demandante podría recibir hasta $1,500 en daños, según el estatuto federal.
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