El Secretario de Justicia descartó de plano investigar las alegaciones de corrupción en el PNP y en la Administración Pierluisi que hizo Elizabeth Torres.

El contenido de los tres informes que la delegada congresional Elizabeth Torres Rodríguez ha presentado en cumplimiento con la Ley 167 que creó la Delegación Congresional son la prueba que el Departamento de Justicia sometió al tribunal para pedir su destitución, pero las imputaciones de actuaciones ilegales que la delegada hizo en esos mismos informes contra el Partido Nuevo Progresista (PNP) y la Administración Pierluisi no serán investigados, afirmó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

"Las actuaciones de ella (son) una negación a la propuesta o a la exposición por la cual la ley (167) fue creada y resultaría en un absurdo mantenerla en esa posición", planteó el secretario en conferencia de prensa al anunciar la radicación del "recurso especial de destitución de delegada congresional". El recurso formal para destituir a un oficial público de su cargo se llama "quo warranto", pero Justicia no lo identificó así.

Aunque el secretario no quiso precisar cómo se inició la indagación sobre las funciones de la delegada, en septiembre de 2021 la organización Young Democrats sometió una querella al departamento pidiendo la destitución tras la entrega del primer informe de gestión.

El secretario rechazó llamar "investigación" a lo que había precedido la radicación del recurso e insistió que es una "evaluación" y que someten a los demás cinco delegados a la misma evaluación constante. De hecho, Torres Rodríguez ha dicho, y así se ha podido constatar, que otros delegados entregan sus informes tarde y no reflejan precisión en sus gestiones oficiales.

Los delegados están autorizados a recibir salario de $90,000 anuales y tiene una cuenta de gastos de hasta $30,000 anuales. Torres Rodríguez ha cobrado $67,500 y solo el delegado Ricardo Rosselló Nevares ha renunciado a ambos tipos de remuneración. "Hasta ahora, no están en incumplimiento", dijo Emanuelli Hernández sobre los otros delegados.

Reconoció también que resulta una controversia novel porque sale de una ley de apenas 2020, pero resaltó que la ley dice que quien único puede promover la destitución de un delegado es precisamente Justicia y que, a su juicio, Torres Rodríguez no hay cumplido con las únicas dos funciones que le da la ley: 1) “exigir al Congreso que proceda a admitir a Puerto Rico como Estado de Estados Unidos” y 2) presentar “un informe cada 90 días sobre sus gestiones al Gobernador de Puerto Rico”.

El recurso coloca a un juez, en este caso Anthony Cuevas Ramos, a evaluar y concluir si los informes de gestión, dos escritos y uno en video, son lo que pide la ley, aunque la ley no define el contenido de los informes, y si las gestiones que haya hecho la delegada son un ejercicio de "exigir al Congreso" la admisión de la isla como estado. "No es conseguirla (la estadidad), es gestiones", comentó entre risas el secretario. El recurso añade que, como mínimo, las gestiones requieren acudir al Congreso y reunirse con congresistas, lo que Torres Rodríguez no ha hecho y dice que no va a hacer. En su segundo informe, la delegada también dice que no va a volver a informar el detalle de sus gestiones y estrategias de promoción de la estadidad hasta el fin de su mandato.

En reacción, Torres Rodríguez emitió declaraciones escritas que el recurso es un acto de "corrupción" y "persecución política". "Creo que el PNP comete hoy un grave error como lo cometió al impulsar la Ley 167", añadió al decir, sin adelantar sus argumentos de defensa, que se sentía "extremadamente afortunada" de ser ella quien tiene que enfrentar esta "lucha".

Sobre el contenido de los informes, Emanuelli Hernández los caracterizó como llenos de "asuntos personales". "Si bien (Torres Rodríguez) tiene derecho a ejercer su libertad de expresión, a la misma vez tiene la obligación de realizar las gestiones por las cuales fue electa", planteó el secretario al subrayar que "para (hacer críticas sobre lo que entiende afecta al pueblo) existen otras posiciones públicas a las cuales puede aspirar".

En los informes, Torres Rodríguez ha hecho imputaciones contra el secretario general del PNP, el senador Carmelo Ríos Santiago, sobre compañeros delegados, sobre la directora de la Administración de Asuntos Federales, Carmen Feliciano, y sobre el gobernador Pedro Pierluisi por supuesta corrupción, pero Emanuelli Hernández contestó tajantemente que los hechos denunciados "no son constitutivos de delito de clase alguna".

"A la señora Torres Rodríguez no se le paga su salario para que invierta su tiempo en asuntos personales y rechace cumplir con su función de hacer valer ante el Congreso el Plebiscito de 2020, justificando su salario con una bitácora de opiniones y quejas personales de forma circense, epistolar o novelero", plantea el recurso radicado.

"El servicio público es un compromiso para el cual la señora Torres Rodríguez ha demostrado incapacidad, desdén y el incumplimiento con los deberes de su mandato. Con sus actuaciones, defrauda a los electores que depositaron en ella su confianza como delegada", argumenta también al imputarle "incompetencia" en el descargue de sus funciones.

Justicia pidió la destitución del cargo, pero no la devolución de los salarios ya pagados. Le dijeron al tribunal que tomara en cuenta que la Constitución requiere que los fondos públicos se usen para fines públicos, pero "el salario devengado por la señora Torres Rodríguez ha perdido el fin público que lo justificaba, por lo que constituye un mal uso de fondos públicos remunerar a una persona que no está realizando sus funciones como delegada".

Cuevas Ramos señaló vista para el 11 de abril a las 2:00 pm.

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