Contratista al centro de una red de corporaciones con $117.7 millones en contratos públicos
El licenciado Oscar Javier Santamaría Torres, involucrado en la pesquisa federal que se sigue contra un grupo de alcaldes y que provocó ayer la renuncia sorpresiva del alcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo, está al centro de una grupo de corporaciones con contratos públicos en el área de asesoría legal y desperdicios sólidos.
Los contratos suman $117.7 millones e incluyen $13.2 millones en el municipio de Cataño otorgados durante los casi cinco años de mandato de Delgado Montalvo que concluyeron anoche. El primer acuerdo que el alcalde le autorizó a una de las empresas de Santamaría Torres, Waste Collection Corp., fue apenas llegó al cargo en 2017 y dura hasta el 30 de abril de 2029.
De acuerdo al registro oficial de contratos de la Contraloría, las empresas asociadas a Santamaría Torres con contratos públicos son Waste Collection Corp., Waste Fleet Rental LLC, Waste Enterprises Corp. y las firmas de servicios legales Law Affairs PSC y Law Max PSC. Pero, además, los expedientes corporativos confirman que Santamaría Torres tiene control sobre las empresas Saint Mary Hotel Corp., VIP Auto Corp., Waste Land Management Corp., Blue Point Corp., Fresh Cookies PR Corp., Waste Services Corp. y Santamaría Corp.
Los múltiples frentes de Santamaria Torres fueron objeto de escrutinio por el Departamento de Justicia de Puerto Rico, que en 2015 emitió citaciones al Municipio de Cidra, donde el abogado se movió del comité de transición entrante del exalcalde Javier Carrasquillo a ser su asesor legal bajo Law Affairs y a ser su contratista de desperdicios sólidos bajo Waste Collection en una secuencia que sugiere que, como asesor legal, intervino en la decisión para contratar a Waste Collection. De esa pesquisa no se conoció resultado, pero ahora Carrasquilo integra el grupo de alcalde y exalcaldes, tanto de los partidos Popular Democrático (PPD) como Nuevo Progresista (PNP), que son parte de la investigación federal.
NotiCel se comunicó con Santamaría Torres a su celular y con uno de sus abogados, pero no estuvieron disponibles para hacer declaraciones.
La interacción de las empresas de Santamaría Torres es pertinente también porque, de ser convicto a nivel federal por delitos relacionados a mal uso de fondos públicos, el Código Anticorrupción de 2018 establece que los contratos que tenga con el gobierno deben ser cancelados.
En medio del furor ayer por la renuncia de Delgado Montalvo, Waste Collection emitió una declaración en la que afirmaron que "a raíz de los continuos señalamientos de la prensa sobre alegadas investigaciones federales", Santamaría Torres había renunciado a su cargo de presidente el 20 de octubre, que tampoco está en su Junta de Directores y que lo sustituyó el licenciado Luis Mayoral Reichard.
Pero Mayoral Reichard es presidente de Santamaría Corp., donde Santamaría Torres se mantiene como presidente de la Junta de Directores y que, según sus informes financieros oficiales, creció su valor de $151,000 al momento de su creación en 2010 a $1.8 millones en 2020.
Expedientes judiciales demuestran que Santamaría Torres ha usado sus frentes corporativos indistintamente, incluso hasta en la misma transacción. Comienza los negocios con uno de los nombres corporativos y luego aparecen interviniendo los otros entes corporativos.
En algunos de los trámites judiciales, el abogado que representa los intereses de Santamaría Torres es Mayoral Reichard, quien además usa una dirección de correo electrónico de Law Max, el bufete de Santamaría Torres que mantiene contratos activos con la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). De hecho, la semana pasada la presidencia del bufete pasó de Santamaría Torres a Mayoral Reichard.
Precisamente, en la ACAA está ahora de director ejecutivo Noé Marcano Rivera, quien fuera alcalde de Naguabo hasta que perdió en las elecciones de 2020 y quien también integra el grupo bajo investigación federal. Igual que pasó en Cidra, Santamaría Torres fue asesor legal de Marcano Rivera a través de Law Affairs hasta junio de 2015 para entonces convertirse de inmediato en contratista bajo Waste Collection. El abogado que más recientemente ha comparecido a representar a Waste Collection en los tribunales es el exsecretario de Asuntos Públicos de la Administración Rosselló Nevares, Ramón Rosario Cortés.
Aparte de los contratos públicos de Law Max que siguen activos, tienen vigencia todavía contratos de Waste Collection con los municipios de Cidra, Trujillo Alto, San Germán, Cabo Rojo, Aguada, Sabana Grande, Vega Alta y Cataño. En Cataño sigue vigente un contrato de Waste Fleet y en Sabana Grande uno con Waste Enterprises.
En 2019, cuando surgieron los primeros indicios de la investigación federal en Cataño por los contratos de Waste Collection, fuentes de NotiCel indicaron que Santamaría Torres mantenía el control de las operaciones en el ayuntamiento.
“Él (Santamaría Torres) es el poder detrás del trono. En Cataño no pasa un contrato sin su aval”, aseguró una fuente.
Aunque ya llevaba más de un cuatrienio como asesor legislativo, Santamaría Torres primero trascendió públicamente en 2004, cuando renunció como director ejecutivo de la Comisión Especial Conjunta para el Estudio de los Sistemas de Retiro para no inmiscuirse en la investigación que en ese momento se llevaba a cabo sobre la pensión "Cadillac" ilegal que se agenció el exgobernador Pedro Rosselló González.
La presidencia de la comisión la tenía el entonces legislador Joel Rosario, del Partido Popular, pero éste había retenido a Santamaría Torres aunque se conocía su lealtad por el PNP. En ese momento, se indicó que la renuncia fue por presión del excomisionado electoral del PNP, ahora senador, Thomas Rivera Schatz, pero Santamaría Torres lo negó. Luego, en 2008, el abogado comenzó su historial exitoso de contrataciones públicas con un acuerdo que le extendió el PNP en la Comisión Estatal de Elecciones. El abogado ha representado tanto al PNP como al coordinador electoral de la colectividad, Edwin Mundo Ríos. Como contratista, ha vuelto a la Legislatura, más recientemente asesorando al representante José “Pichy” Torres Zamora.
Paralelo a su historial de contrataciones públicas, Santamaría Torres ha mantenido un trayecto de donativos políticos a figuras del PNP como Rivera Schatz, el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, el de Toa Baja, Bernardo Márquez, los comités municipales de San Juan y Guánica, la organización Servidores Públicos Progresistas, Rosselló Nevares y el propio Delgado Montalvo.
Desde agosto de 2021, Santamaría Torres enfrenta reclamaciones en el tribunal estatal y el federal por lesiones graves que causó a una pareja a la que impactó con su vehículo Mercedes Benz el 1 de diciembre de 2019 mientras conducía "a alta velocidad, de manera negligente y descuidada (y) en sentido contrario" en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.
Al ejecutar su renuncia, en lo que fue ampliamente interpretado como una admisión de la inminencia de una acusación federal, Delgado Montalvo emitió declaraciones que pueden resultar contradictorias. En su carta formal al Presidente de la Legislatura Municipal aludió a que su hijo le demandaba "de más tiempo para verlo crecer y desarrollarse" y que anteponía, "sobre cualquier consideración, el bienestar de mi familia". Pero, en una publicación en Facebook, el político de 40 años pidió disculpas a Cataño porque "muchas veces el poder ciega y estoy seguro que me pasó”.
Los problemas legales y las informaciones sobre investigaciones en curso ya se conocían cuando Delgado Montalvo se sometió a la reelección en 2020 como una de las estrellas ascendentes del PNP y revalidó con el 77.5% de voto.
Al maniobrar su sucesión, designó como vicealcalde, y a la vez como alcalde interino, a Gabriel J. Sicardó Ocasio, cuya hoja de trabajo en el municipio incluye haber sido secretario de la Junta de Subastas y director de Asuntos Legales, dos posiciones que lo colocan en contacto directo con los trámites que el ayuntamiento realizó con Santamaría Torres y sus entes corporativos.
"[E]l licenciado Sicardó ha adquirido el pleno conocimiento de la administración pública municipal, incluyendo las complicaciones de lo que representa manejar una estructura municipal", dijo en su carta Delgado Montalvo quien, para la juramentación de su primer cuatrienio en 2017, contó con una hija menor de edad de Santamaría Torres para entonar los himnos.
Vea:
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