El exgobernador testificó bajo juramento sobre lo que ha sido su vida después de su renuncia al cargo en verano de 2019.

El exgobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo que no es dueño de ninguna propiedad en Puerto Rico, pero que dos cuartos que tiene a su disposición en la casa de sus suegros son suficientes para establecer su “domicilio electoral” en la Isla, cumpliendo así con el único de los requisitos que su defensa, y la del Partido Nuevo Progresista (PNP), apuestan que es suficiente para que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) lo certifique como miembro electo de la Delegación Congresional.

La primera comparecencia pública formal del exmandatario desde que renunció a su cargo en agosto de 2019 tras una ola de protestas masivas ocurrió en una vista ayer que duró poco más de siete horas. La jueza superior Rebecca de León Ríos se reservó el fallo en la demanda con la que el comisionado electoral de Proyecto Dignidad (PD), Nelson Rosario Rodríguez, pidió que la CEE no lo certifique. Ya la jueza emitió una orden preliminar prohibiendo a la CEE que lo certifique hasta que termine el caso.

La controversia gira sobre dos puntos, uno de los cuales ni siquiera se discutió a fondo ayer en la sesión maratónica porque no es una controversia de hecho, sino de derecho, que el tribunal debe interpretar. Lo que se discutió fue evidencia con la que cada lado intentaba probar si, a la fecha de la elección de la delegación el 16 de mayo, Rosselló Nevares era residente de Puerto Rico o de Washington DC, que son los únicos dos sitios que se mencionan en los requisitos de residencia de la ley.

El que no se discutió a fondo es si a un delegado electo por nominación directa, como el exgobernador, le aplicaban los requisitos de los demás candidatos a delegados que estaban oficialmente en la papeleta. Para esto, Rosselló Nevares y el PNP insisten en que solo tenía que ser un “elector activo y hábil” y que ese es el status que tiene en el registro electoral de Puerto Rico, independientemente de que hay evidencia de que se registró como elector en Virginia a principios de año y de que su dirección en el registro local es el de una residencia que vendió cuando se convirtió en gobernador en 2017, porque nunca se transfirió a la dirección de la casa de sus suegros. Al radicar su candidatura en 2015, Rosselló Nevares prometió no vivir en Fortaleza, pero ayer dijo que vendió la casa de Villa Caparra que todavía aparece en su registro electoral por “razones económicas” ya que al ser electo gobernador, se mudó a Fortaleza y no quería mantener los pagos de su casa.

De hecho, para ninguno de los tres lugares en los que indica tener residencia, Puerto Rico, Virginia y Washington DC, entró al récord evidencia de que el exmandatario sea propietario. Para Puerto Rico dijo que son dos cuartos en la casa de sus suegros, para DC presentó un contrato de alquiler con fecha del día después de la elección y para Virginia, la dirección que puso en récords oficiales tan reciente como el 9 de junio es la casa de sus padres, y no la residencia de $1.2 millones que indicó que se había comprado en una entrevista con The New York Times. La jueza no admitió como evidencia el contrato de alquiler porque la abogada de Rosselló, Roxanna Soto Aguilú solo sometió dos páginas, pero se desprende que tiene por lo menos 12. “No lo tenemos disponible”, dijo cuando la jueza preguntó si podría suplir ayer mismo el contrato completo que fija el 1 de junio como el inicio del alquiler.

Rosselló Nevares no pudo decir cuántos días o noche ha pasado en ese alquiler del 1 de junio hasta hoy. “Correcto”, contestó cuando se le preguntó si el día de la elección, 16 de mayo, no tenía dónde quedarse o vivir en DC.

Inicialmente, Soto Aguilú no quería permitir el interrogatorio a Rosselló Nevares, pero la jueza no permitió la objeción y el exgobernador insistió en que su “domicilio electoral” es Puerto Rico y que no ha vuelto a la isla desde agosto de 2019 por razones de seguridad y por la pandemia. A la pregunta directa de cuándo va a volver, dijo “cuando las circunstancias sean razonables para el bienestar de mi familia… cuando sea posible”. En una entrevista reciente al medio The Hill dijo otra versión, que decidió renunciar porque en su corto tiempo en el cargo acumuló un paso acelerado de reformas y ya no tenía más que hacer.

“Un tanto tumultuoso ese tiempo”, fue como describió el periodo inmediatamente después de su salida de la isla, el cual pasó parcialmente en propiedades de Airbnb, en casa de sus padres y en otra propiedad que alquiló.

Aunque el promovente de la demanda es el comisionado electoral del PD, los comisionados del Partido Popular Democrático (PPD), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) están alineados con su postura. De la misma forma, la comisionada del Partido Nuevo Progresista (PNP) está alineada con los argumentos del exmandatario.

Como parte de los interrogatorios de los que lo impugnan, Rosselló Nevares estableció que no tiene propiedad o responsabilidades económicas en la Isla y no realiza ninguna actividad social o profesional aquí. Paga contribuciones en Puerto Rico porque es aquí que recibe ingresos de inversiones que no definió. En Virginia, están los varios gimnasios a los que acude, la escuela de sus hijos, su “dirección postal permanente” (que es la casa de sus padres), el pago de sus impuestos sobre propiedad y sus actividades profesionales.

Declaró que, desde septiembre de 2019, “soy consultor, en biotecnología, energía renovable y otras tecnologías” y que tiene una empresa de responsabilidad limitada (LLC) que no llegó a nombrar, pero que tiene sede en Virginia y DC y de la cual él es empleado y único socio. No se vertieron al récord más detalles de esa gestión profesional. Rosselló Nevares tampoco tiene licencia de conducir de Puerto Rico porque tuvo que entregarla cuando sacó licencia de conducir en Virginia en enero. En ese trámite, los documentos muestran que también optó por convertirse en elector de ese estado pero ayer contestó que no sabía que había hecho eso en el documento sometido bajo juramento y que se enteró por la controversia que se suscitó tras su elección. Similar a que su contrato de alquiler en DC está fechado un día después de la elección, su solicitud para que Virginia lo elimine del registro electoral tiene fecha de un día después de la demanda de Rosario Rodríguez.

Dijo que no ha votado en Virginia ni en ninguna otra jurisdicción que no sea Puerto Rico. El récord demuestra que, estando registrado como elector en Virginia, tramitó voto ausente este año para la elección especial del PNP por un escaño en la Cámara de Representantes y para la propia elección de delegados. Sin embargo, el récord es también que no votó en las primarias ni en las Elecciones Generales y Plebiscito de 2020, que es el mandato a favor de la estadidad que se supone defienda ahora como delegado. Además, la CEE anuló su voto para la Delegación Congresional debido a irregularidades en su trámite, por lo que tampoco tuvo un voto oficial en la propia elección en la que resultó favorecido.

Después de testimonios más breves del propio Rosario Rodríguez y del secretario de la CEE, Rolando Cuebas, Soto Aguilú y Ramón Rosario Cortés, abogado del PNP, dijeron en sus argumentos finales a la jueza que a Rosselló Nevares no le aplica un proceso de descalificación porque, al ser electo por nominación directa, “no es ni aspirante ni candidato”.

El abogado del PPD, Jorge Martínez Luciano, planteó por su parte que el argumento de Rosselló Nevares es “absurdo” al pretender que un candidato por nominación directa no tenga que sujetarse a los mismos requisitos de los demás candidatos y recordó que no se podía actuar sobre el exmandatario antes de la elección por ese método porque es el día de la elección que se concreta ese voto. Recordó que usualmente aparecen votos por “Mickey Mouse, Papo Swing o Maripily” sin que sean los suficientes para afectar candidaturas, por lo ni siquiera se particularizan al informar los resultados electorales.

Por su parte, Rosario Rodríguez recordó al tribunal que la propia ley de la Delegación Congresional le faculta a descalificar a “cualquier persona” que incumpla con los requisitos, que el testimonio del exgobernador fue “mendaz” y que los hechos son tan claros que hasta le deben imponer temeridad a este y al PNP.

“Este caso va a sentar un precedente”, anticipó.

Vea:

Rosselló alquiló casa en DC el día después de la elección de la Delegación Congresional