Una jueza concluyó que el despido fue por represalia, luego que la empleada advirtiera que demandaría por discrimen a la compañía de la progenitora de la hoy candidata a la gobernación.

Una exempleada dominicana de la empresa en la que la candidata a la gobernación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro Aponte, era la directora ejecutiva demandó a la empresa exitosamente por discrimen y despido injustificado, con alegaciones de que la hoy candidata a la gobernación participó en su despido y no tomó ninguna acción para protegerla de las acciones discriminatorias.

La demanda fue radicada en diciembre de 2015, unos nueve meses después de que Lúgaro Aponte se convirtiera en candidata independiente a la gobernación para las elecciones de 2016 y después también de que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) ejecutara contra la empresa una orden de allanamiento que no tuvo resultados en términos investigativos.

La jueza Katheryne D. Silvestry emitió sentencia el 10 de mayo de 2016 pero el dictamen no fue objeto de discusión durante esa candidatura de Lúgaro Aponte. La sentencia se conoció este fin de semana después de que la ahora candidata por el MVC hiciera expresiones sobre el racismo en Estados Unidos y Puerto Rico.

Las partes demandadas son la empresa América Aponte & Associates Corp. y el matrimonio de Luis Lúgaro Figueroa y América Aponte Moreno, padres de Lúgaro Aponte.

Aunque la candidata no es una parte demandada, las alegaciones de la empleada demandante, Virginia Hernández Núñez, que fueron aceptadas por el tribunal y adjudicadas como ciertas en la sentencia, son que recurrió varias veces a Lúgaro Aponte para pedirle protección por los ataques y comentarios derogatorios que Aponte Moreno hacía en su contra debido a su origen nacional.

Además, los hechos adjudicados son que tanto Aponte Moreno como Lúgaro Aponte tomaron conjuntamente la decisión de despedir a Hernández Núñez en un acto que el tribunal adjudicó como represalia porque la empleada había planteado que radicaría una demanda si no cesaban los ataques por su origen nacional.

Hernández Núñez era la Directora de Finanzas de la empresa, a la fecha de su nombramiento tenía 27 años, salario anual de $66,264 y responsabilidad sobre la contabilidad, finanzas, creación de propuestas económicas, preparación para auditorías y manejo de estados bancarios.

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Según la sentencia, los comentarios de la madre de Lúgaro Aponte incluyeron “que los dominicanos eran unos buscones que venían a Puerto Rico a vivir de las habichuelas de los puertorriqueños y que ella no los toleraba”; “que ella vivió en Puerto Nuevo pero que ahora Puerto Nuevo era un barrio de dominicanos que eran unos delincuentes”; “que si ella hubiese sabido que Hernández era dominicana no le hubiese dado el trabajo”; “que ella vivía en Encantada y que no volvería a vivir en Puerto Nuevo por los dominicanos”; así como que, en varias ocasiones le expresó a la demandante que si hubiese conocido que era dominicana no hubiera permitido que la contrataran o, por lo menos, la hubiera puesto en una posición distinta con otro salario.

Específicamente sobre Lúgaro Aponte, quien fue directora ejecutiva de la empresa del 2002 al 2015, la sentencia indica que varias de las instancias de comentarios discriminatorios ocurrieron en su presencia y “en ningún momento tomó acciones correctivas”. Además, la demandante dijo a madre e hija que tenía la intención de radicar una acción por discrimen debido al trato que se le daba empresa y “ambas le indicaban a Hernández que si no le gustaba que se fuera y que si radicaba un cargo de discrimen sería despedida”.

En 2014, por supuestas dificultades económicas, la empresa cambió las condiciones de empleo, incluyendo las de la demandante, cuyo posición fue convertida a una por contrato, pero la demandante “recibió la reducción más drástica de salario” mientras otros empleados no sufrieron cambios o recibieron aumentos. Al quejarse del trato que recibió en la ola de cambios, tanto Lúgaro Aponte como su madre le indicaron “que si no firmaba el nuevo contrato de empleo tenía que irse y que por ser dominicana no conseguiría trabajo”.

La demandante lo firmó pero luego, en enero de 2015, Aponte Moreno le dijo que “tanto ella como Lúgaro (Aponte) habían tomado la decisión de los empleados que iban a continuar trabajando para la compañía” y el 30 de enero de 2015 la despidieron. “Posterior al despido de Hernández (Núñez), la demandada continuó con sus operaciones y el mismo personal”, consigna la jueza al concluir que el despido fue por represalia.

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La sentencia dictó una compensación global para Hernández Núñez y su esposo de $536,071 que incluye salarios dejados de devengar, honorarios de abogados, penalidades y sufrimientos y angustias mentales. La demanda fue tramitada con los demandados “en rebeldía”, que quiere decir que no comparecieron a tiempo y no se les reconocen ciertos derechos y facultades procesales en el litigio. La jueza Silvestry le había levantado la rebeldía pero, por solicitud de la demandante, el Tribunal de Apelaciones ordenó que el proceso siguiera con los demandados en estado de rebeldía.

Reacciona Lúgaro Aponte

En una comparecencia ayer en el programa “Jugando Pelota Dura”, Lúgaro Aponte dijo que Hernández Núñez “era una empleada estelar de la empresa, era la tercera en mando, era mi mano derecha”. “Tengo que decir, categóricamente, que eso nunca ocurrió”, en referencia a la alegación de que la empleada recurrió a ella para pedir ayuda y protección de los comentarios xenófobos de Aponte Moreno.

Disputó también que la empresa no tuviera un Departamento de Recursos Humanos, como dijo la demandante. Añadió que fue la que contrató a Hernández Núñez y que sus padres no manejaron apropiadamente la demanda porque estaban involucrados en la crisis de salud que desembocó en la muerte de su padre. Durante el tiempo del trámite de la demanda y de la crisis de salud de su padre, Lúgaro Aponte ya estaba en campaña como candidata independiente.

Contrario a lo que se dicta en la sentencia, Lúgaro Aponte sostuvo que “no hay unas declaraciones directas contra mi persona” y, también contrario a lo que se indica en la sentencia y sin mencionar el allanamiento de las autoridades federales, la candidata del MVC aseguró que la empresa ya no existe porque ella le pidió a sus padres que la cerraran y renunciaran a sus contratos con el Departamento de Educación cuando ella decidió aspirar a la gobernación en 2015.

Además de su participación en los hechos de esta demanda, Lúgaro Aponte también enfrentó una demanda, ya transigida, en la que su medio hermano las acusó a ambas, la candidata y su madre, de dilapidar los fondos de la herencia de su padre al desviarlos para financiar la candidatura de 2016.

Enfrentó, además, una demanda por deuda hipotecaria y una demanda por préstamo de auto. También, un tribunal ordenó a Lúgaro Aponte a pagar $3,000 al productor de radio Sixto Jorge 'George' Díaz Colón por concepto de un préstamo que éste le hizo y que la candidata no reconocía.

Vea: Tribunal ordena que Lúgaro tiene que pagarle deuda a Sixto George

Para ver la sentencia en el caso de discrimen contra América Aponte & Associates, pulse aquí.