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Política

Exdirector del municipio de Toa Baja aceptó sobornos

Admitió su culpa ante jueza federal

El exdirector del municipio de Toa Baja, Edgar Arroyo Amezquita se declaró culpable hoy ante la juea federal Silvia Carreño Coll por fraude y conspiración para obetener fondos federales.

El pasado abril, Arroyo Amezquita fue arestado por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en ingles) junto al contratista del mencionado municipio, Luis Serrano Perdigón. Según la fiscalía, los acusados crearon la empresa fantasma 'Professional Sales & Service' con la cual obtuvieron contratos presentando presupuestos y cotizaciones inflados para salir airosos en los procesos de subasta para la concesión de contratos. En el pliego acusatorio salió a relucir que Serrano Perdigón hizo pagos en efectivo a Arroyo Amezquita por más de 140 mil dólares luego de que este utilizara su posición en el municipio para otorgarle contratos.

Arroyo admitió que durante su liderato en Toa Baja obtuvo múltiples sobornos pagados en efectivo que totalizaron $39,999. La fiscalía y Arroyo acordaron recomendar reclusión por 30 meses y la restitución de todo el dinero obtenido de los sobornos.

Previo a los arrestos, una auditoría de la Oficina del Contralor detalló que de enero de 2011 a abril de 2014, el Municipio emitió 52 comprobantes de desembolso por $307,882 que se adjudicaron a un proveedor, conocido como el 'proveedor A' para el mantenimiento del sistema de alarma del ayuntamiento. Los desembolsos emitidos se hicieron basados en 89 cotizaciones 'falsas, fraudulentas o alteradas', según reveló el informe.

De igual modo, se apuntó a un esquema que de mayo de 2011 a mayo de 2013 resultó en que el Municipio emitiera 20 comprobantes de desembolso por $169,668 al 'proveedor B' para la compra de aires acondicionados, sillas, rolling doors y remodelación de baños entre otros. En esta ocasión se repitió el hallazgo de las cotizaciones falsas y/o alteradas.

El exfuncionario municipal pudiera enfrentar la sentencia máxima de cinco a 10 años de cárcel. La vista de sentencia ante la jueza federal Carmen C. Cerezo será el 5 de diciembre de 2018.

Empleados del Centro de Gobierno de toa Baja reunidos en círculo de oración en el Centro AVOLI. (Suministrada)
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