La Oficina del Contralor Electoral multó a dos delegadas congresionales y a dos candidatos que no salieron electos para la controvertida delegación congresional.

La Oficina del Contralor Electoral (OCE) multó a las delegadas congresionales Zoraida Buxó Santiago y María Meléndez Altieri por deficiencias en sus finanzas de campaña para la elección especial realizada el 16 de mayo de 2021 en la que se escogió la Delegación Congresional y también multó a dos candidatos que no resultaron favorecidos.

Las campañas de las demás personas que concursaron en la elección resultaron sin señalamientos o con señalamientos subsanados. La OCE no emitió auditoría para el delegado congresional Ricardo Rosselló Nevares, quien participó, y fue electo, como candidato por nominación directa. La delegada Melinda Romero Donnelly no reportó ingresos ni gastos.

Entre los que tuvieron señalamientos subsanados sin multas está la delegada Elizabeth Torres Rodríguez, quien resaltó ese dato en una declaración jurada que sometió al tribunal afirmando las gestiones que había realizado para cumplir su función como delegada, a la luz de la insistencia del Departamento de Justicia de que el tribunal ordene su destitución por incumplimiento de sus funciones.

“No hubo señalamientos de ilegalidades o multas. Todo en orden”, dijo en su declaración jurada. En el informe de auditoría, sin embargo, expande que la tesorera de su comité, Natalie Virella, fue una “voluntaria” que ofreció sus servicios en el comité porque tenía experiencia sobre eso en el Partido Nuevo Progresista (PNP). Pero, después de que Torres Rodríguez hiciera críticas al PNP y al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que incluyeron su exhortación a disolver la delegación porque no iban a adelantar la estadidad, “la Sra. Virella, de manera repentina y fulminante e incumpliendo con lo pactado, renunció al puesto de tesorera sin ofrecer ningún tipo de explicación, ayuda u orientación a pesar de que me envió un mensaje dejándome saber que contaba con ella”. La delegada relató a la OCE que buscó suplentes para la tesorería de su comité, “[s]in embargo, debido a la intensa persecución contra mí por parte del liderato PNP, las personas que contacté, aunque querían ayudarme, se negaban a ser identificados por temor a represalias en su contra o de sus allegados”. Por esto, “durante un tiempo quedé en un limbo” hasta que, con ayuda del auditor y de Virella, quien reapareció, pudo someter los informes atrasados que tenía.

Torres Rodríguez reportó $4,540 en ingreso, 92% en efectivo, e igual cantidad de gastos en su campaña.

En el caso de Buxó Santiago, reportó $33,080 en recaudos (incluyendo $1,980 de dinero propio). Tuvo señalamientos subsanados por donaciones en exceso, ingresos y gastos no informados, donantes no identificados y deficiencias en controles internos. La multa de $396 fue por ingresos de $1,980 que no reportó, precisamente en el dinero propio porque pagó un anuncio de radio con su tarjeta personal sin reportarlo. En un proceso aparte, Buxó Santiago mantiene un caso actualmente en el Tribunal de Apelaciones en contra de la Oficina de Ética Gubernamental por su negativa a someter informes financieros, como ocurre con otros funcionarios del Ejecutivo, legisladores y jueces.

Por otro lado, Meléndez Altieri reportó $1,517.58 en ingresos, dividido en $997.47 de la propia candidata y un donativo en especie de $520.11. La multa impuesto de $199.49 fue porque manejo su dinero de campaña sin depositarlo en una cuenta bancaria de su comité. Tampoco sometió los informes de ingresos y gastos a tiempo.

Los dos candidatos multados, pero que no resultaron electos para la delegación, son Ricardo Marrero Passapera y Víctor S. Pérez Rentas.

Marrero Passapera reportó ingresos por $6,054.02, incluyendo $500 del propio candidato. La OCE le señaló que dejó de reportar $2,056.52 en gastos, solicitar pauta en medios sin pago previo y deficiencias en los controles internos de su comité. La multa fue emitida al comité por $1,350.

Pérez Rentas reportó ingresos por $3,000 que fueron completamente una aportación propia. La OCE le señaló que no reportó el 28% de sus gastos y deficiencias en controles internos, por lo que emitió multa de $166.32.

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