No todas las campañas de alcaldes convictos a nivel federal por corrupción tuvieron multa como resultado de las auditorías de la Oficina del Contralor Electoral.

La Oficina del Contralor Electoral (OCE) multó al comité de campaña del convicto exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, por irregularidades en las elecciones de 2020, pero, en general, los alcaldes convictos por corrupción en el esquema del contratista Oscar Santamaría Torres resultaron con señalamientos subsanados y sin multas, como parte del esfuerzo de esa oficina para auditar todas las campañas de las elecciones de 2020.

Pérez Otero fue el único de los alcaldes vinculado en el esquema de Santamaría Torres que fue a juicio, mientras que los demás se declararon culpables. En ese caso, un argumento fue que el dinero que Santamaría Torres pagaba a Pérez Otero (unos $5,000 mensuales), era un donativo político y no un pago de soborno. Pero, en su testimonio, el contratista no limitó solamente a “donativos políticos” el dinero que entregó. De hecho, planteó que daba dinero para estar de buenas con los alcaldes que, a su vez, podían mantenerle negocios públicos o darle más. También planteó que se desarrolló un sistema para, con su anuencia, dar dinero a algunos alcaldes a través de otros dos contratistas convictos, Mario Villegas Vargas y Raymond Rodríguez Santos.

El testimonio de Santamaría Torres también fue que buscaba evitar que el dinero fuera identificado con él, que en ocasiones hizo pagos en efectivo de decenas de miles de dólares y que, en otras, recogía los nombres de personas para adjudicarle los donativos a ellos, en vez de a él. Todas estas son conductas ilegales.

NotiCel revisó los informes de auditorías de la OCE de las elecciones pasadas para los alcaldes que resultaron involucrados en el esquema de Santamaría Torres y encontró que la mayoría no tuvo señalamientos mayores que dieran indicios de las actuaciones ilegales que discutió el contratista en el banquillo de los testigos.

En el caso del novoprogresista Pérez Otero, la multa no es a él como candidato, sino de $1,400 al comité y de $300 al tesorero, José González Torres. Hubo señalamientos subsanados por donaciones en exceso, ingresos y gastos no reportados y donantes no identificados, pero la multa giró en torno a $400 que recibió en un desayuno y que, en vez de reportarlo, lo usaron para pagar la comida del evento, sin reportar ese trámite. También, tienen que devolver $5,600. El candidato amasó $707,633.67 para su campaña, incluyendo unos $450,000 que tenía en sus cuentas antes del año eleccionario 2020. Del dinero recogido en 2020, el 32% ($74,640) fue en efectivo.

Otro alcalde convicto con multa de la OCE es el novoprogresista de Humacao, Reinaldo Vargas Rodríguez, quien recibió una a título personal de $2,060 por dejar de informar ingresos y desembolsos. Otras fallas subsanadas incluyen donaciones en exceso, pagos en efectivo mayores a lo permitido y donantes no identificados. Vargas Rodríguez tuvo ingresos reportados por $46,368.42, que incluyen $4,349.09 de su dinero propio, y el 65% de lo recaudado ($29,945.09) fue en efectivo. Además de la multa, tiene que devolver $2,800.

En Aguas Buenas, donde tanto el exalcalde popular Luis Arroyo Chiqués, como su sucesor novoprogresista, Javier García Pérez, se declararon culpables por participar del esquema de Santamaría Torres, el comité de García Pérez resultó con una multa de $250 por ingresos y gastos dejados de reportar. El exalcalde tuvo ingresos por $40,408.71, de los cuales 27% fueron anónimos y 63% en efectivo. La OCE registró deficiencia subsanada con donantes no identificados.

Otros dos afiliados al Partido Popular Democrático (PPD) que participaron del esquema, los exalcaldes de Guayama, Eduardo Cintrón, y de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cuz, pasaron la auditoría de la OCE sin multas.

Cintrón reportó ingresos por $142,298.23, de los que 28% fueron en efectivo. Su campaña tuvo deficiencias subsanadas por ingresos no depositados, pagos en efectivo mayores al límite legal, donantes no identificados e ingresos y gastos no informados.

Cruz Cruz tuvo ingresos por $14,625, que incluyen $500 de su propio dinero, y el 14% de lo recaudado fue en efectivo. Su auditoría no refleja señalamientos. El tesorero de su comité personal y del comité municipal era Radamés Benítez Cardona, ayudante suyo en el municipio que también se declaró culpable por recibir pagos ilegales para conceder y mantener el contrato de recogido de desperdicios sólidos a la empresa de Santamaría Torres, Waste Collecion, Corp.

Tampoco tuvo multas el exalcalde de Cataño, y eje del caso federal junto a Santamaría Torres, Félix “El Cano” Delgado Montalvo. Este reportó $136,991.85 en ingresos, de los cuales el 67% ($91,814) fue en efectivo. Las deficiencias subsanadas incluyen ingresos y gastos no informados y donantes no identificados.

Alcalde de Ponce sufragó la mitad de su campaña con dinero propio

Fuera del ámbito de los casos federales, las auditorías precisan que el alcalde de Ponce, el popular Luis Irizarry Pabón, tuvo ingresos políticos por $193,088.89, de los cuales $95,519.73 fueron de su propio dinero. El funcionario es ahora objeto de una pesquisa de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente por supuestamente haber ejecutado un esquema para que empleados municipales le repagaran parte de ese dinero, que vino de un préstamos que el médico de profesión tomó para aportarlo a su campaña.

De los ingresos totales que Irizarry Pabón reportó, el 63% ($114,089.05) fue en efectivo. El comité municipal del PPD en Ponce, que preside Irizarry Pabón, reportó que el 94% de sus ingresos ($10,520 de $11,479.75) fue en efectivo. Ninguna de las dos auditorías resultó en multa, aunque hubo deficiencias subsanadas de ingresos y gastos no informados y donantes no identificados.

Su contrincante en 2020, la entonces alcaldesa novoprogresista María “Mayita” Meléndez Altieri, reportó un poco más de ingresos en su campaña, $198,755.60, de los que el 58.5% fueron en efectivo. Tampoco tuvo multas o señalamientos de peso por parte de la OCE.

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