Los récords del Contralor Electoral reflejan que no ha ocurrido devolución de los donativos políticos de los contratistas Oscar Santamaría y Walter y Eduardo Pierluisi Isern.

Un análisis de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) refleja que los donativos políticos que hicieron los contratistas corruptos Oscar Santamaría Torres y los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi Isern no han sido devueltos, incluso en casos de políticos que públicamente condenaron los actos delictivos de estos.

El análisis fue hecho la semana pasada a solicitud de NotiCel y cubrió los tres contratistas mencionados, aunque hay otros contratistas convictos que reflejan donativos.

Santamaría Torres se declaró culpable y coopera con una pesquisa federal que ha resultado en la condena de varios alcaldes tanto del Partido Nuevo Progresista (PNP) como del Partido Popular Democrático (PPD). El más reciente fue la declaración de culpabilidad de parte de un jurado contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, proceso en el que Santamaría Torres compareció como testigo.

Los hermanos Pierluisi Isern, primos del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y sus colaboradores políticos directos, se declararon culpables recientemente de robar casi $4 millones en fondos federales y, hasta ahora, no hay casos adicionales relacionados.

Cuando Santamaría Torres compareció como testigo, se escuchó en sala una grabación encubierta en la que el también abogado con licencia suspendida asumió que el senador del PNP, Thomas Rivera Schatz, tenía una participación económica del contrato que el cabildero, y exasesor del senador, Anthony Maceira Zayas, había conseguido como cabildero en el municipio de San Juan para la compañía EC Waste. Maceira Zayas negó que hubiera tal arreglo y Rivera Schatz llamó a Santamaría Torres “tráfala”, “ladrón” y “rufián”, pero, según los datos de OCE, no ha devuelto los $6,452 en donativos que tiene registrados de parte del contratista. En el caso de los Pierluisi Isern, quienes se beneficiaron de un esquema en el que inflaron facturas pagadas con fondos federales, Rivera Schatz tiene registrado donativo por $6,761 de parte de Walter.

Parte de la conducta que Santamaría Torres confesó es que hacía donativos políticos específicamente para tener “de buenas” a personas que podían ayudarlo a tener contratos públicos y que, a propósito, encubrió una parte de sus donativos para que no saliera su nombre en los registros públicos y los ciudadanos no pudieran conectar su donativo con los contratos que tenía. En los casos de Pérez Otero y el convicto exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, está documentado que con un mismo funcionario podía hacer las dos cosas: dar un donativo oficialmente registrado y hacerle múltiples pagos directos por encima del límite y sin registrar.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico ha confirmado también ese modo de operar, encubrir donativos para que el público no pueda conectarlos con contratos gubernamentales, en el caso contra el amigo de Pierluisi Urrutia, Joseph Fuentes Fernández, quien se declaró culpable de establecer un esquema para eso mismo, para que donantes de Pierluisi Urrutia pudieran dar dinero por encima de los límites permitidos y sin que sus nombres aparecieran.

Además de Rivera Schatz, Pérez Otero y Delgado Montalvo, la actividad prolífica de donativos registrados de Santamaría Torres incluye a: el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares ($10,250), el PNP ($2,250), el comité municipal del PNP en Caguas ($2,600), el comité municipal del PNP en Guánica ($800), Ángel Martín Landrón, quien fue asesor de Rosselló Nevares ($2,000), el alcalde de Toa Baja, Bernardo Márquez ($2,500), los representantes José Meléndez Ortiz ($460) y José Torres Zamora ($212.41) y los exrepresentantes Ángel Rodríguez Miranda ($1,350), Leonides Diaz Urbina ($3,500), Norman Ramírez Rivera ($1,000) y Rafael Rivera Ortega ($200).

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo y su comité municipal aparecen con $5,000, pero en el banquillo de los testigos Santamaría Torres dijo que había aportado unos $65,000 a la campaña de Romero Lugo.

En la Comisión Federal de Elecciones (FEC), Santamaría Torres tiene donativos registrados para Pierluisi Urrutia por $1,550 y para la actual comisionado residente, Jenniffer González Colón por $3,150.

Por su parte, el gobernador Pierluisi Urrutia ha evolucionado en su postura pública acerca de sus primos. Inicialmente, puso distancia al denominarlos “primos terceros”. Pero en la medida que se acercó la fecha de la declaración de culpabilidad de estos, el 13 de abril pasado, el gobernador dijo que "estos dos primos, tienen mi apellido y lo que han hecho empaña mi apellido” y resaltó que, como parte del acuerdo con fiscalía,"tienen que devolver todos los fondos que se apropiaron ilegalmente, así es que aquí se está impartiendo justicia como debe ser”. Pero los datos de la OCE indican que Pierluisi Urrutia no ha devuelto los donativos de sus primos. En el caso de Walter, tiene registrados $3,900 en donativos para su primo o el PNP bajo la presidencia de este y tiene otros $3,600 para su primo registrados en la FEC. Eduardo tiene registrados $7,600 para su primo en la OCE. Algunos donativos de Eduardo salen como “Pierluisi Insern”, con el apellido mal escrito, algo de lo cual es responsable el comité que refiere los datos y no la OCE.

Durante toda la carrera política de Pierluisi Urrutia, sus primos han tenido responsabilidades de campaña importantes. Para 2020, Walter fue director político y Eduardo fue director de avanzada, pero Eduardo también fue incorporador, representante corporativo y secretario del Comité Pedro Pierluisi Inc., así como que era firma autorizada para trámites financieros y bancarios.

Otros beneficiarios políticos de Walter son los representantes José Aponte Hernández ($500) y Jorge Navarro Suárez ($500), el exgobernador Rosselló Nevares ($1,500), Romero Lugo ($1,000) y también el PPD ($1,000) y el exgobernador de ese partido, Alejandro García Padilla ($2,500).

En la FEC, Walter tiene $2,800 en donativos a González Colón y $4,500 para su primo. Cuando los Pierluisi Isern se declararon culpables, González Colón lo calificó de “vergüenza” y que ese procesamiento demostraba que “nadie está por encima de la ley y de que tarde o temprano el que no respete las leyes tendrá que responder”. Sus datos en la FEC no reflejan haber devuelto los donativos de Pierluisi Isern ni los de Santamaría Torres.

Otros contratistas que se han declarado culpables por corrupción tienen también historial de donativos políticos registrados, además de los ilegales por los que admitieron culpa.

Mario Villegas Vargas y Raymond Rodríguez Santos, socios en J.R. Asphalt, fueron coconspiradores de Santamaría Torres en el esquema de sobornos en los municipios a cambio de contratos de construcción o recogido de desperdicios sólidos. Villegas Vargas tiene donativos a Romero Lugo y su comité municipal ($3,500) y al PNP ($699). Rodríguez Santos tiene registrados para el exalcalde de Naguabo, Noé Marcano Rivera ($1,000), Romero Lugo y su comité municipal ($3,500 para un total de $7,000 entre estos dos socios) y el comité municipal del PPD en Trujillo Alto, cuyo alcalde, José Luis Cruz Cruz, se declaró culpable ($1,000).

El contratista convicto José Bou Santiago, tiene donativos principalmente al senador y secretario del PNP, Camelo Ríos ($5,200), el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz ($1,500), el exgobernador Rosselló Nevares ($1,500), y los exrepresentantes Aponte Hernández ($500) y Diaz Urbina ($2,000).

Fuentes Fernández tiene $3,600 para Pierluisi Urrutia en la OCE y $500 en la FEC donde también tiene $500 para el comité de acción política del exgobernador Luis Fortuño Burset.