Con generalidades en sus informes de gestión, la Delegación Congresional se encamina a cumplir un año y medio de consumir fondos públicos sin un resultado contundente de su gestión.

A casi un año y medio del inicio de sus gestiones, los informes en los que los delegados congresionales rinden cuenta sobre la gestión que realizan en sus cargos electivos pagados con fondos públicos, siguen imperando las generalidades y ninguno plantea una victoria clara en la discusión de status más importante del último trimestre, el proyecto congresional HR 8393.

De los seis delegados congresionales, cinco cobran un salario público de $90,000 anuales y tienen derecho a reembolso de gastos hasta $30,000 anuales. Solo el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares renunció a la compensación y el reembolso.

La delegación está bajo la supervisión administrativa de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA en inglés) y según los datos de esa oficina que representa al gobierno de Puerto Rico en la capital federal, el delegado Roberto Lefranc Fortuño es el que más gastos ha sometido para reembolso entre verano pasado, cuando comenzaron las gestiones oficiales y septiembre. Hasta el 15 de agosto, Lefranc Fortuño sometió $29407.76 para reembolso, seguido por la exalcaldesa de Ponce, María "Mayita" Meléndez Altieri, con $17,920.45, y Zoraida Buxó Santiago, con $17,328.63. La delegada Elizabeth Torres Rodríguez no ha vuelto a someter gastos para reembolso desde los $1,528.36 que sometió el año pasado por un viaje a la capital federal y Rosselló Nevares ni Melinda Romero Donelly han sometido.

Romero Donelly, de hecho, es la única que no ha sometido su más reciente informe, según PRFAA.

Al adoptar un estilo de bitácora, o jornal, en sus informes, los de Meléndez Altieri resultan ser los más precisos en cuanto a exactamente con quién ha tenido comunicación o reuniones relacionado con la responsabilidad legal que tienen los delegados de adelantar la resolución del status de la isla.

Su informe, "[n]o es un documento para proyectar relaciones públicas ni realzar mi imagen y mucho menos para crear un proyecto de política pública sobre el estatus de Puerto Rico", dijo Meléndez Altieri en una introducción en lo que parece ser un intento de diferenciarse de lo que han optado por hacer otros delegados.

En general, y tomando en cuenta la misión de la delegación de adelantar la resolución del status, los delegados tuvieron poca o ninguna participación activa en el proceso de evaluación congresional que culminó con la vista pública del 20 de julio pasado en la que a duras penas el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal aprobó el HR 8393. La votación fue estrictamente por líneas partidistas sin que la comisionada residente Jenniffer González Colón, o los delegados Lefranc Fortuño, Buxó Santiago y Meléndez Altieri, todos militantes del Partido Republicano, pudieran lograr un solo voto republicano a favor de la medida. El HR 8393 se encuentra en pleno limbo, ya que no se ha anunciado todavía qué camino seguirá para su consideración ante el pleno de la Cámara.

Rosselló Nevares destacó la actividad Cumbre por la Igualdad (Equality Summit) que realizó con los miembros de lo que ha denominado su "delegación extendida" en Virginia del 15 al 17 de septiembre. Como resultado de la misma, "se consiguieron siete co-auspicios o endosos al proyecto de estatus (8393)", pero no identifica a los siete congresistas. El exgobernador, quien renunció al cargo en 2019 tras una protesta masiva reclamando su salida, dijo que su "delegación extendida" ya tiene "5,237 miembros en 51 estados y territorios".

En su informe, Torres Rodríguez tampoco detalla sus gestiones del último trimestre, en consecuencia a la postura que asumió desde el año pasado de que no iba a desglosar su trabajo. En vez, concentró su informe en criticar al Partido Nuevo Progresista y al Gobierno de Puerto Rico por el caso "fabricado" que le sometieron. Esto, en referencia a la demanda que inició el Departamento de Justicia para destituirla del cargo porque sus informes no cumplen con los requisitos de ley y porque públicamente ha dicho que no cree en la delegación ni en que se pueda cumplir el mandato que les pone la ley.

El caso fue desestimado a nivel superior, Justicia logró que fuera reinstalado a nivel de apelaciones y ahora está sometido al Tribunal Supremo.

"'Casualmente' mi caso cayó en manos de un panel de tres jueces penepés nombrados por el exgobernador Luis Fortuño. 'Casualmente' también, entre los jueces a quienes el partido entregó mi caso se encontraba la hermana de la madre de la hija [fuera del matrimonio] del Senador Thomas Rivera Schatz, la juez Gloria Lissette Lebrón Nieves. Dicho funcionario público se ha expresado en mi contra en repetidas ocasiones realizando ataques personalistas y sin un solo argumento que pueda justificar el pedido a coro de los principales miembros de la cúpula penepé por mi renuncia", dijo Torres Rodríguez sobre el panel de jueces apelativos que reinstaló la demanda en su contra.

La delegada también consignó que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia no ha descargado los informes de gestión que le ha enviado a través de la plataforma de transferencia de archivos WeTransfer.

Vea aquí los informes de gestión más recientes.

Zoraida Buxó

Roberto Lefranc

María Meléndez

Ricardo Rosselló

Elizabeth Torres

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