La juventud del Partido Demócrata hizo un referido al Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia recibió hoy una solicitud para que, de acuerdo a la ley que creó la Delegación Congresional, evalúe la posible destitución de la delegada Elizabeth Torres Rodríguez así como su procesamiento por perjurio ante expresiones suyas recientes que denotarían que no está trabajando a tiempo completo para cumplir con sus funciones como delegada, lo que sería base en ley para su destitución.

La solicitud del Consejo Ejecutivo de la Juventud Demócrata de Puerto Rico (YD-PR en inglés) llega después de tres días de confrontación entre Torres Rodríguez, el Partido Nuevo Progresista (PNP) y otros miembros de la delegación, así como que la misma tarde en que la delegación tendría una reunión en la capital federal con el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia.

La confrontación tiene como base expresiones de Torres Rodríguez en distintos medios y en sus redes sociales, que se están dando hace semanas, en las que denuncia la delegación como un “espejismo”, plantea que su prioridad no es promover la estadidad sino luchar en contra de la perspectiva de género y de acusar al Gobernador de corrupción al designar allegados en juntas y grupos de trabajo que trabajan para sus intereses personales.

Por su parte, el secretario general del PNP, Carmelo Ríos Santiago, le dio un plazo de 48 horas a la delegada para que muestre la evidencia que sustenta sus acusaciones, un plazo que pasó sin que Ríos Santiago reaccionada o sin que la delegada presentara evidencia. Además, el Gobernador dijo el martes que Torres Rodríguez le pidió que liberara las condiciones del indulto con el que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced benefició a su compañero, Edwin Domínguez.

El Departamento de Justicia confimó a NotiCel que recibió el referido en el que se pide al secretario Domingo Emanuelli Hernández que determine si Torres Rodríguez “ha incurrido o no en perjurio tras comprometerse bajo juramento a realizar acciones que, posteriormente, por sus propias expresiones, actos e insinuaciones ha minado y desacreditado”.

La queja contra Torres Rodríguez implica la consideración de dos artículos de la Ley 167 de 2020 que creó la Delegación Congresional. La delegada ha dicho que esta ley es “fatula”.

Primero, el Artículo 8 sobre los requisitos de los candidatos a ser delegados dice que “ deberán comprometerse bajo juramento a defender el mandato del Pueblo expresado el pasado 3 de noviembre de exigir que Puerto Rico sea admitido como un Estado de Estados Unidos; y deberán comprometerse, bajo juramento, a trabajar activamente a tiempo completo durante el término de su cargo para lograr ese fin”. “Cualquier persona que incumpla con alguno de estos requisitos podrá ser descalificado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan”, añade.

Luego, el Artículo 12 sobre “deberes de los delegados” dice que estos “presentarán un informe cada noventa (90) días sobre sus gestiones al Gobernador de Puerto Rico”. “El incumplimiento de alguno de sus deberes dará paso a un proceso, que podrá ser incoado por el Secretario de Justicia ante el Tribunal de Primera Instancia para destituir al delegado si se demuestra su incumplimiento”, añade.

El referido de YD-PR añade el argumento de que el salario y gastos de delegados se sufraga con fondos públicos y que los fondos públicos solo se pueden usar para un fin público. El Tribunal Supremo, recordaron, ya avaló como “fin público” el plebiscito de 2020 en el que resultó favorecida la estadidad y que sirvió de base a la creación de la Delegación, por lo que, argumentan, si Torres Rodríguez no está cumpliendo con sus funciones, su salario y gastos son un desperdicio impermisible de fondos públicos.

“[S]i un delegado especial incumple con sus deberes, mina la confiabilidad de la Delegación Congresional de Puerto Rico y lleva a un segundo o tercer plano la razón por la cual fue electo, contrario al texto expreso de la Ley 167, el salario devengado por este, podría inferirse, pierde el fin público que lo justifica, sugiriendo que se convertiría en un mal uso de fondos y propiedad pública”, plantearon.

La única delegada que ha enfrentado directamente a Torres Rodríguez es Melinda Romero Donelly, quien la acusó de no trabajar y reveló la solicitud que hizo a Pierluisi para obtener su gracia en la liberalización del indulto de su pareja. El candidato a delegado Adriel Jared Vélez, se sumó diciendo que “[l]a Ley 167, que crea el puesto que Elizabeth ocupa, y bajo la cual se le pagan $90K para trabajar por la ESTADIDAD A TIEMPO COMPLETO no es “fatula”, como ella ahora la llama. Fatulas fueron sus promesas de trabajar en equipo, ser transparente y adelantar el ideal”. Vélez fue el candidato que quedó justo fuera del cuadro de delegados congresionales a la Cámara federal, según el nivel de votación, por lo que, bajo una teoría de la sustitución de un delegado destituido, sería quien sustituiría a Torres Rodrígiez si ésta es destituida.

A contrapelo, las únicas voces de alto perfil del PNP que han dicho que Torres Rodríguez está trabajando como delegada o que han dicho que el trabajo de la delegación no debe desviarse con sus expresiones, son la comisionada residente Jenniffer González y el senador Thomas Rivera Schatz.

También esta tarde, los delegados Romero Donelly, Roberto Lefranc Fortuño, María Meléndez Altieri y Ricardo Rosselló Nevares hicieron una transmisión para anunciar que realizarán una serie de actividades entre el 7 y el 9 de noviembre culminando en una manifestación frente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos el 9, que es el día en que el Alto Foro atiende la vista oral en el caso de US v. Vaello Madero sobre la extensión de beneficios federales a ciudadanos estadounidenses residentes de Puerto Rico. En el anuncio, no estuvo la delegada Zoraida Buxó Santiago ni se atendió la controversia con Torres Rodríguez, pero parecía dirigido a contrarrestar las alegaciones de ésta de que cada delegado estaba trabajando por su cuenta sin un plan común.

Vea:

El PNP con rebelión inarticulada en la Delegación Congresional

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