Además de salario de $90,000, establece que es PRFAA quien evalúa y decide sobre reembolso de gastos y detalla deberes.

El reglamento de la Delegación Congresional que trabaja la Administración de Asuntos Federales (PRFAA, por sus siglas en inglés) establece un salario anual de $90,000, con reembolso de hasta $30,000 en gastos, y coloca en la Directora de la agencia toda la discreción para interpretar el reglamento, pero no obliga a la agencia a dar apoyo más allá del pago de salario y el reembolso de gastos.

NotiCel examinó una copia del reglamento provista por la delegada electa al Senado, Melinda Romero Donnelly, pero el gobernador Pedro Pierluisi dijo ayer que se va a “promulgar” el 1 de julio, que es el mismo día en que los delegados electos deben ser juramentados para comenzar a ejercer un cargo que vence el 31 de diciembre de 2024.

PRFAA no estuvo disponible para contestar preguntas sobre el proceso que se siguió para aprobar el reglamento, el cual, según el Derecho Administrativo, requiere que se haya notificado a la ciudadanía y se haya completado un periodo de comentarios del público. El reglamento, confeccionado en inglés, designa a la Delegación como “Shadow Congressional Delegation”.

La Ley 167 de 2020 que crea la Delegación, especifica poco sobre su funcionamiento, más allá de que deben hacer cumplir los mandatos plebiscitarios a favor de la estadidad. Pero sí indica que deben remitir un informe al Gobernador cada 90 días y que sus “gastos permitidos” y salario serán sufragados con fondos asignados a PRFAA. A su vez, la ley de PRFAA dice que entre sus funciones legales está “representar” al Gobernador y “asesorar” a la Comisaría Residente en todo lo que tiene que ver con asuntos de Puerto Rico en la capital federal.

El reglamento indica que la última autoridad sobre el mismo es la Dirección Ejecutiva de PRFAA, que actualmente ocupa Carmen Feliciano, y que será esta funcionaria la que “clarifique e interprete las disposiciones de este documento, de ser necesario”.

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Como adelantó Feliciano a este diario digital, el reglamento dice que los delegados tienen las obligaciones de un empleado a tiempo completo y que están sujetos a la Ley de Ética Gubernamental, así como a otras leyes que aplican a funcionarios públicos.

De la misma manera, suple varios elementos de las tareas de la delegación que la ley no especifica. Por ejemplo, tienen la obligación de realizar por lo menos una reunión al mes coordinada por la dirección ejecutiva de PRFAA y que tienen una “obligación” individua y colectiva de “comunicarse periódicamente” sobre la política pública de la Ley 167 con residentes de Puerto Rico y partes interesadas en todo Estados Unidos.

Otro elemento que el reglamento suple, pero no está en la ley, es una lista de tareas para adelantar la “admisión de Puerto Rico como un estado de la Unión”, entre las que se encuentran: a) comparecer ante el Congreso y el Ejecutivo federal, b) educar, abogar y promover y c) estudiar, propiciar y facilitar el desarrollo de iniciativas para la admisión y para “alcanzar la igualdad de derechos y responsabilidades de todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico”.

Un principio rector de todo el documento es “la buena gobernanza y los principios de administración pública y fiscal de los oficiales electos” y, sobre gastos, solo menciona por nombre dos tipos: viajes y alojamiento temporero. Cada viaje debe estar preautorizado por PRFAA y sujetarse a sus reglas internas así como que requieren la entrega recibos y de un informa de resultado de gestiones 15 días después como condición al reembolso. De no cumplirse con esto, al delegado se le puede retener compensación o puede ser objeto de una demanda de cobro.

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El alojamiento temporero que se reembolsaría “estará guiado por estándares de austeridad y modestia que deben prevalecer en el uso de fondos públicos”. “Cuando el delegado congresional sea requerido de escoger entre distintos hoteles, debe escoger el hotel que ofrezca la tarifa más económica y conveniente para el Gobierno”, añade.

Excluidos de reembolso están los “gastos personales” que incluyen las “fiestas para el beneficio de oficiales públicos durante viajes oficiales” y los alquileres de alojamiento a largo plazo, como presumiblemente sería el alquiler que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares acaba de divulgar que tiene en Washington DC como parte del caso en el que se impugna su certificación como delegado debido a que no cumple con los requisitos de la ley para el cargo.

Otro elemento que tocaría al Exgobernador, quien ha dicho que renunciaría al salario, es que las renuncias a salario deben ser por escrito a PRFAA, pero sigue con su obligación de trabajar a tiempo completo y de estar sometido a la Ley de Ética.

En cuanto al apoyo de PRFAA a la Delegación, no se impone obligación y lo deja a la discreción de la Dirección Ejecutiva, señalando que “puede” apoyar con espacio, equipos y preparación y distribución de materiales. PRFAA no está obligada a asignar una oficina exclusiva para la Delegación ni oficina individual para sus miembros.

En una postura que hasta ahora no ha sido apoyada públicamente por los demás delegados electos, Romero Donnelly ha dicho que quiere un salario de $150,000 anuales y que no está dispuesta a sujetarse al control de gastos de PRFAA así como que su posición es que los electores no la escogieron para ser empleada de esa agencia. Adelantó también, en entrevista con NotiCel, que se propone demandar al Gobierno si el reglamento se mantiene con disposiciones a esos efectos.

Pierluisi dijo ayer a la prensa que lo que existe con Romero Donnelly es una “falla de comunicación” y que su postura es que tienen que existir controles porque hasta los legisladores están sometidos a reglamentos.

Además de Romero Donnelly, fue electa delegada al Senado Zoraida Buxó y además de Rosselló Nevares, fueron electos delegados a la Cámara de Representantes Elizabeth Torres, Roberto Lefranc, y María Meléndez.

Para ver el reglamento, pulse aquí.