También impugna la intervención de la Legislatura en ajustes presupuestarios solicitados por el Ejecutivo.

Al solicitar una reconsideración a su decisión de no aprobar fondos para seleccionar seis cabilderos por la estadidad, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco Urrutia, advirtió ayer a la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, que negar fondos para ese proceso es una “clara violación” a la Ley Promesa y contradice los principios democráticos americanos.

También resaltó que la Ley federal Promesa estipula "inequívocamente que nada en dicho estatuto puede interpretarse para restringir el derecho de Puerto Rico a determinar su estatus político futuro".

Al mismo tiempo, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo Cruz y el comisionado alterno Edwin Mundo evaluaban diversos escenarios para identificar los fondos y para abaratar el costo de la consulta.

Jaresko rechazó una petición del Ejecutivo para reprogramar $6.6 millones para la elección especial pautada para el 15 de mayo argumentando que carecía de autoridad para realizar ese trámite debido a la oposición del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, quien ya encauzó legislación para derogar la Ley 167 de 2020 o Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico. La medida espera por acción en el Senado.

Ante esta situación, la funcionaria urgió al Ejecutivo y el Legislativo a procurar una solución consensuada para financiar esa elección.

Pero en su misiva, Blanco Urrutia defendió los resultados del referéndum celebrado el pasado 3 de noviembre y argumentó que la Ley Promesa no concede a la Legislatura esa facultad para intervenir en las peticiones para reprogramar partidas presupuestarias del Ejecutivo. Adelantó también que su oficina se encuentra preparada para someter otra petición de reprogramación de fondos disponibles del presupuesto certificado vigente de sostenerse en la posición original.

“Cualquier intento para derogar esta Ley será infructuoso porque el Gobernador y la delegación del PNP en la Legislatura se opondrán”, afirmó.

Hernández Montanez, por su parte, celebró esa derrota del partido opositor y reiteró su intención de defender las prerrogativas del cuerpo que dirige para evitar la elección de los cabilderos proestadidad.

Pero los problemas de la consulta, aprobada mediante legislación por la entonces mayoría del PNP en las postrimerías del cuatrienio pasado, exceden el ámbito presupuestario.

Los traspiés comenzaron desde el inicio del proceso.

La Comisión Estatal de Elecciones solo imprimió 30,000 hojas de endosos porque anticipó poco participación. Aunque el ente electoral certificó 16 personas, un candidato se retiró a 24 horas del cierre de las candidaturas. Esta falta de previsión provocó que los primeros aspirantes en presentar sus documentos para certificarse recibieron 3,600 hojas de endosos. Las otras personas recibieron los endosos de manera fragmentada y tardía. Algunos también recibieron fotocopias del documento porque la imprenta no contaba con el papel para realizar las reproducciones.

Esa falta de endosos se juntó con el apretado calendario de fechas para completar dicho trámite. La Ley 167 solo dispone que los aspirantes a los puestos de delegados deberán presentar 3,000 peticiones de endosos ante la CEE en o antes del 15 de marzo y que el ente electoral celebrará un sorteo público para determinar el orden que seguirán los candidatos y candidatos en la papeleta “no más tarde del 15 de marzo de 2021”.

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El reglamento, sin embargo, impuso términos. Estipuló que los aspirantes tenían que presentar el 50% de los endosos el 4 de marzo. Estableció también que el 8 de marzo culminaba el proceso para entregar el 100% de los endosos y un proceso de validación de endosos que se extiende hasta el 13 de marzo.

Solo tres candidatos completaron el proceso de entrega de los endosos: Adriel Jared Vélez Torres, Roberto Lefranc Fortuño y Roberto Jesús López Román. Pero los 15 candidatos y candidatas forman parte de los dos pleitos legales que buscan anular la disposición del reglamento que impuso los términos y permitir que los endosos se entreguen hasta el 15 de marzo como establece la ley habilitadora de la elección especial.

Los aspirantes a formar la delegación de la Cámara son: la exalcaldesa de Ponce, María ‘Mayita’ Meléndez Altieri, Raúl Eduardo Rosas Marrero, Jorge Iván Rodríguez Feliciano, Janet Riefkohl Alicea, Elizabeth Torres Rodríguez, Adriel Jared Vélez Torres, Roberto Lefranc Fortuño, Ricardo Andrés Marrero Passapera y Zayira Jordán Conde, exaspirante a comisionada residente por el Partido Victoria Ciudadana.

Los aspirantes a formar parte de la delegación del Senado son: la veterana líder estadista y exsenadora, Miriam Ramírez de Ferrer, Víctor Pérez Rentas, la exsecretaria de Corrección Zoraida Buxó Santiago, la exlegisladora Melinda Romero Donnelly, Roberto Jesús López Román, y Aurelio Antonio Agelviz Rodríguez.

La comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo Cruz, que aprobó el reglamento ahora también impugna su validez. Romero Donnelly presentó la otra demanda.

La jueza Rebecca de León Ríos, del Tribunal de San Juan, tiene ante su consideración ambas demandas, pero todavía no ha celebrado una vista.

Ayer Santo Domingo Cruz indicó a NotiCel que evaluaba diferentes alternativas para garantizar la celebración de la elección especial pero no anticipó detalles. Tampoco quiso especular sobre la posible nulidad del proceso si el tribunal falla en su contra y solo quedan tres candidatos para participar en una elección para ocupar seis posiciones.

“No me resulta lógico que el tribunal vaya en contra de la Ley”, apuntó.

Mundo, sin embargo, señaló que ante una derrota en los cortes plantearía la nulidad de la elección.

“No habría elección que hacer. Se acabó el evento”, indicó.

Mira la lista de los candidatos a la elección especial aquí: