Al comenzar el proceso de auditoría de de 935 comités políticos, el funcionario asegura que cada peso ingresado y gastado en campañas políticas será revisado

El contralor electoral, Walter Vélez, reveló que su oficina atenderá sobre 250 confidencias de posibles irregularidades en las finanzas de las campañas políticas como parte del proceso de auditoría que comenzó el pasado 18 de noviembre.

“Recibimos sobre 250 confidencias y se van a atender todas. Aquí se va a auditar cada peso”, dijo el funcionario en entrevista con NotiCel.

La ley le concede a la Oficina del Contralor Electoral unos 30 meses para realizar esas auditorías post electorales.

“La meta es realizarla a los 935 comités registrados, que sería el 100%, cosa que nunca ha ocurrido”, dijo

Eso sólo será posible si su oficina no recibe más recortes presupuestarios. El último que recibió, de un 18%, significó la reducción de auditores de 26 a 17. Recientemente, se presentó una solicitud ante la Junta de Supervisión Fiscal para reclutar 5 auditores adicionales a la luz de su deber de revisar los informes de ingresos y gastos políticos”. “Esa petición fue denegada pero continuamos con la meta de auditar el 100%”, dijo.

En las próximas dos semanas los comités de campaña estarán recibiendo comunicaciones de la Oficina del Contralor. Tanto los candidatos- o sus representantes- y los tesoreros de campaña deberán tomar unos adiestramientos online para el nuevo modo de auditoría, respondiendo a las medidas anti Covid19.

“Debido al estado de emergencia en todo Puerto Rico respecto al brote de coronavirus, la OCE decidió ajustar los procesos de auditoría para el ciclo electoral 2020, para que mientras dure el estado de emergencia los mismos puedan realizarse de manera remota, utilizando las aplicaciones Microsoft Teams, Skype, Zoom”, expresó.

De acuerdo al Contralor Electoral las fallas más frecuentes de los candidatos son: transacciones no reportadas, ingresos recibidos y no depositados en la cuenta del comité, falta de procesos de contabilidad, pagos en exceso de lo permitido por ley, la no radicación de informes y no reportar arreglos de pago que se hacen con suplidores.

“Nuestro objetivo consiste en verificar que todo candidato, comité o partido hayan observado un cumplimiento fiel de las disposiciones de la Ley Núm. 222-2011, así también como otras leyes o reglamentos aplicables”, expresó.

Durante la auditoría se examinarán transacciones, y los correspondientes documentos, del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. No obstante, explicó el Contralor, los auditores de la OCE pueden revisar transacciones anteriores o posteriores a este período de ser necesario. Como parte de la auditoría se evaluarán los controles internos del auditado, los ingresos y los gastos recibidos o incurridos como parte del financiamiento de su campaña en el proceso electoral 2020.

Las pruebas que se efectuarán como parte de la auditoría incluyen, pero no se limitan, a evaluación de los informes radicados, solicitud y evaluación de documentos, entrevistas a donantes, suplidores, empleados y voluntarios de las campañas, visitas y evaluación de información pública disponible.

El proceso de auditoría, entre otros, conllevará una entrevista inicial a los auditados, solicitud de documentos al comité; corroboraración de información suministrada, incluyendo la revisión de informes, documentos, entrevistas; preparación del borrador de deficiencias; y la evaluación y contestación por los auditados – en esta etapa se dará la oportunidad de enmendar, contestar y exponer por escrito su explicación en torno a los señalamientos preliminares.

El auditor a cargo y el auditor auxiliar evaluarán los comentarios y remitirán un informe preliminar al Director de la División de Auditoría a de Donativos y Gastos, quien una vez lo revise remitirá un borrador a la Junta de Contralores para la recomendación al Contralor Electoral.

El informe contendrá una opinión escrita debidamente fundamentada y para aquellos señalamientos que prevalezcan se incluirán los comentarios del auditado. Según el reglamento, una vez el Contralor Electoral apruebe el informe final, será remitido a todos los candidatos al mismo cargo y una vez transcurridos cinco días, desde el envío, los mismos serán publicados. Luego se notificarán como parte del informe final, las violaciones señaladas, si alguna, y la Junta podrá recomendar imponer cualquier penalidad aplicable en el Reglamento de Multas Administrativas o hacer los referidos a las agencias pertinentes.