Aún cuando el abogado Pedro Pierluisi Urrutia se presentó como un candidato con una carrera encomiable en el servicio público, sus lazos con el sector privado --tanto de forma laboral como personal-- continúan como punta de lanza para críticas y objeciones a su retorno al aparato gubernamental, esta vez por sus similitudes con el saliente gobernador Ricardo Rosselló Nevares, a quien se dispone reemplazar.

A pocos días de la renuncia de Rosselló Nevares, salió a relucir que su exrepresentante ante la Junta de Control Fiscal (JCF) y exdirector de campaña, Elías Sánchez Sifonte, presionó a jefes de agencias para que contrataran a sus clientes privados o les cuestionó porque no habían sido seleccionados. El abogado y cabildero, además, formaba parte del chat de Telegram en donde se compartía información privilegiada del gobierno y que provocó peticiones de renuncia a todos sus miembros, incluido el entonces Primer Mandatario.

Una fuente de este diario vinculada a La Fortaleza indicó que el pasado miercoles, días antes de la juramentación privada y acelerada de Pierluisi Urrutia como gobernador, se llevó a cabo una reunión en la Mansión Ejecutiva para esbozar los lazos del funcionario con su cuñado, Andres Guillemard Noble. Este fue uno de ocho puntos de cuestionamiento identificados por aquellos que se oponían a la nominación de Pierluisi Urrutia o por la prensa.

Incluso, durante la vista pública que evaluaba su nombramiento a Secretario de Estado y, por consiguiente ante las circunstancias, a Gobernador, miembros de la Cámara de Representantes cuestionaron la cercanía de Pierluisi Urrutia con Guillemard Noble, como si este último fuera similar a lo que representó la figura de Sánchez Sifonte para la Administración Rosselló Nevares.

Esposo de la hermana de Pierluisi Urrutia --Caridad 'Cari' Pierluisi--, Guillemard Noble manejó las finanzas de la campaña política del funcionario mientras este buscó agenciarse sin frutos la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en el 2016. Previamente, en su rol en la Comisaría Residente en Washington, puesto que ocupó por dos cuatrienios entre 2009 y 2016, Guillemard Noble se desempeñó como su director de campaña, similar a Sánchez Sifonte que dirigió la campaña de Rosselló Nevares.

En el 2013, Guillemard Noble y 'Cari' Pierluisi celebraron en su hogar en Miramar un evento de recaudación de fondos al que Nancy Pelosi, actual portavoz en la Cámara de Representantes federal, estuvo invitada y cuyo boleto de entrada tuvo un costo de hasta $25,000 por cabeza. En ese tiempo, Guillemard Noble fungió como director de Misión Estadista en el Partido Demócrata en Puerto Rico.

Se presume que ese fue el mismo lugar donde Pierluisi Urrutia juramentó como gobernador el pasado viernes, ya que durante su primera conferencia de prensa en La Fortaleza, el 'gobernador' confirmó que la juramentación tuvo lugar en la casa de su hermana en San Juan, pero no ofreció mayores detalles.

Una vez en el 2007 y en tres ocasiones entre el 2011 y el 2013, Guillemard Noble donó $9,900 al Comite Pierluisi Inc., de acuerdo a la Comisión Electoral Federal (FEC, por sus siglas en ingles). Una cantidad similar fue donada por su padre, Andres Guillemard Ginorio.

En el 2012, una demanda contra la compañía que resultó contratada por la Autoridad de los Puertos para la inspección del 100% de los furgones que llegaban a la Isla destapó a su vez aparentes irregularidades en el proceso de subasta y adjudicación de ese millonario contrato y que Guillemard Noble tenía un contrato como cabildero con la firma que se llevó el negocio de inspección de furgones.

El tambien abogado Guillemard Noble preside el bufete Nachman & Guillemard, PSC, de acuerdo a registros del Departamento de Estado, uno que ha acumulado alrededor de $2 millones en contratos con entidades públicas, como la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles y el Departamento de la Vivienda, así como los municipios de Arecibo y Vega Alta.

En contratos con la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura y la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, por ejemplo, Guillemard Noble especifica que la empresa está dispuesta a hacer las labores que 'requieran representación ante la Asamblea Legislativa, agencias, tribunales, juntas u otros foros estatales o federales, al igual que asuntos que requieran la emisión de consultas y opiniones legales, y asistiendo en los asuntos de personal que día a día surgen', en este caso en el Sistema de Retiro y en el Distrito de Convenciones.

Ni el abogado ni su firma aparecen en el recien instaurado registro de cabilderos del Senado ni la Cámara de Representantes, de acuerdo al portal de ambos cuerpos legislativos.

Contratos de la empresa, según Registro Contralor:

A preguntas del representante Manuel Natal Albelo, Pierluisi Urrutia reveló, pese a que no fue categórico, que Guillemard Noble estuvo involucrado 'en el pasado' en el cabildeo por la implementación de la videolotería en la Isla.

La discusión de este tema comenzó a tomar auge en el 2010, para plantear su posible expansión. En ese entonces, un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo posicionó a Guillemard Noble como uno de los abogados de la empresa Caribbean Gaming and Entertainment (Cage), que era nueva operadora de las máquinas.

Al presente, documentos del Departamento de Estado indican que la corporación fue cancelada en el 2014 y no hay rastro de sus informes previos o la composición de su Junta de Directores. Su filial, en cambio, Cage Puerto Rico, continúa activa y a Guillemard Noble se le continúa ligando como cabildero junto a Pedro Ortiz Álvarez de esta industria, una que prometía una inyección económica al gobierno de cerca de $2,000 millones en los primeros dos años.

Guillemard Noble tambien fue presidente de los fenecidos Puerto Rico Islanders, club de fútbol conocido como la Tropa Naranja activo por ocho años (2004-2012) y que jugó en la North American Soccer League (NASL).

En la Cámara de Representantes afloró, además, la relación entre Pierluisi Urrutia y el publicista Edwin Miranda y su otro cuñado, Jose Carrión III, además de su gestión como cabildero y abogado de la Junta de Control Fiscal (JCF) mientras laboró en el bufete O'Neill & Borges.

Luego de la vista pública en la cual se evaluaba el nombramiento de Pierluisi Urrutia, el representante Jorge Navarro Suárez reveló a la prensa que reunió a cuatro de sus correligionarios en su oficina con el nominado para convencerlos de que emitieran un voto a favor.

El Representante de San Juan no detalló sobre quienes fueron esos cuatro legisladores ni que, si algo, se les ofreció para asegurar su voto, pero confirmó que hubo 'que cabildear hasta el último momento' porque aún luego de una vista de más de cuatro horas, tenían interrogantes, y llegaron a acuerdos.

'[Querían] hablar con el personalmente, ver su compromiso con sus distritos, entre otras cosas que buscan para los constituyentes que ellos representan', señaló Navarro Suárez a Primera Hora.

Sobre Miranda, otro de los integrantes del chat de Telegram de Rosselló Nevares, Pierluisi Urrutia confesó haber contratado sus servicios en el pasado mediante la compañía KOI Americas. Esta misma empresa tuvo en nómina a la hermana de Pierluisi Urrutia hasta al menos el año pasado, dato confirmado por el funcionario.

Carrión III, por su parte, preside la JCF, una por la cual Pierluisi Urrutia abogó en el 2016 en el Congreso de los Estados Unidos y que posteriormente representó mediante su labor en el bufete O'Neill & Borges. Este empleo tuvo su punto final al momento de ser nombrado Secretario de Estado por Rosselló Nevares. Carrión III es hermano de la aún esposa de Pierluisi Urrutia, María Elena Carrión, aunque el viernes en la tarde se reveló que atraviesan un proceso de divorcio.

No es la primera vez que Pierluisi Urrutia y su familia están en el ojo público por alegaciones de conflicto de intereses, pues en el 2016, una investigación del periódico The New York Times aseguró que clientes de la esposa de Pierluisi Urrutia habrían formado parte de varias corporaciones que invirtieron en bonos de Puerto Rico, a toda vez que el Congreso de los Estados Unidos discutía posible legislación para atender la crisis fiscal y que en 2016 desembocó con la firma de la Ley PROMESA. No obstante, Pierluisi Urrutia negó las alegaciones.