Mientras el gobernador electo, Alejandro García Padilla, ha reiterado que no recortará los beneficios a los pencionados ante el deficit de cerca de $24,000 millones en los Sistemas de Retiro, queda sobre el tintero cuáles serian las opciones disponibles para atender el más importante problema que enfrenta el gobierno de Puerto Rico.

Para engranar el asunto,NotiCelconsultó a tres economistas quehicieransu análisis sobre dónde podría recaer la responsabilidad de evitar que el Sistema se vaya a pique y que las agenciasacreditadorasno degraden el crédito de la Isla.

Y es que aunque la situación en el Sistema de Retiro no es algo nuevo, la reciente advertencia de Standard & Poor's (S<><>P) parece recordarle al Gobierno que la bomba está en conteo regresivo y que deben ya actuar antes de que explote./p

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El banquero David Chafey, uno de los miembros del comité de transición del gobierno entrante, ha dicho que la nueva administración reconoce el problema con el Sistema Retiro, pero entiende que S<><><><><><><><>P no tomará una determinación sobre la clasificación crediticia del país antes del 31 de diciembre del 2012, sino que dará tiempo al nuevo gobierno para actuar./p

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A su vez, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Juan Carlos Battle, reiteró durante las vistas de transición, que si la administración entrante no hace nada, tan pronto como en el 2021, el Sistema de Retiro Central no tendría los fondos suficientes para sufragar sus obligaciones y estas deberán ser costeadas con el Fondo General./p

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Battle puntualizó que el reto de la próxima administración es lograr eliminar la brecha que existe de flujo de efectivo entre las aportaciones y el pago de beneficios, que se agudizará por los próximos 25 años./p

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El banquero también afirmó que para el 2038 se espera el Sistema empiece a auto-corregirse, porque la base de sus miembros serán de Reforma 2000, es decir, que no tienen derecho a una pensión, sino a una cuenta de ahorro tipo IRA./p

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Por su parte, el economista Gustavo Vélez enumeró dos opciones para auscultar: aumentar el nivel de captación del IVU y utilizar esos fondos para capitalizar los Sistemas de Retiro; o incrementar de un 7 a un 8 por ciento dicho impuesto.

Para Vélez el establecer el IVU en el 8 por ciento, es un mecanismo contributivo que se distribuye entre toda la población, y que estaría permitiendo que se alleguen $300 millones anuales a Retiro.

Esto resulta un punto controversial, pues significaría que los ciudadanos que no cotizan para el Sistema de Retiro Central tendrían que aportar para sanear su déficit.

La propuesta de Vélez coincide con un reciente análisis delCentro para la Nueva Economía (CNE), que presenta el alza del IVU como una alternativa.

Sin embargo, para el gobierno saliente, parte de los recaudos del IVU se deben destinar para mitigar la reducción de ingresos del fisco en el 2016, cuando quede sin efecto el arbitrio del 4% a las corporaciones foráneas.

Cifras oficiales del gobierno establecen que en el 2012 los recaudos del IVU fueron de $1,142 millones, de los cuales se destinaron alrededor de $543 millones al Fondo General y unos $600 millones a la deuda de la Corporación del Fondo del Interés Apremiante (COFINA).

No obstante, uno de los que tiene objeciones con incrementar el IVU es el economista José Alameda, catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, quien plantea que en cambio se debe eliminar dicho impuesto y restablecer el arbitrio general del 5 por ciento.

Para Alameda si no se piensa privatizar el Sistema, son pocas las opciones que quedan sobre la mesa, una de ellas sería extender por una periodo adicional la vigencia del arbitrio a las corporaciones foránea con una tasa contributiva de un 3%.

Sobre este punto, el economista Argeo Quiñones, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, opinó que el Gobierno 'desaprovechó una gran oportunidad con el arbitrio a las corporaciones foráneas, porque en vez de canalizar que las personas tuvieran un peso más en el bolsillo (Reforma Contributiva), se hubiera canalizado en activos para el Sistema'.

De otro lado, reprobó el que se aumente el IVU o se imponga el arbitrio general del 5%, porque son impuestos 'netamente regresivo'. En otras palabras, que los contribuyentes que tienen un menor nivel de ingresos pagan igual que el que tiene un mayor poder adquisitivo; lo que porcentualmente resulta en una carga mayor para los de ingresos inferiores.

En esa línea, Quiñones destacó que la política pública del Gobierno no puede seguir fomentando una desigualdad en la distribución ingresos y riquezas en el país.

'Casi todas las recomendaciones que se han señalado examinan el problema del Sistema de Retiro divorciado o como si no tuviera nada que ver con la situación de las finanzas pública y la economía… Si se quiere subsanar (el déficit de Retiro), el peso no puede recaer sobre los pensionados y los participantes', determinó Quiñones.

Alameda coincidió que no se debe tocar los derechos adquiridos a los pensionados.

La propuesta de Quiñones es que el Departamento de Hacienda ponga mayor atención y refuerce sus métodos de fiscalización para detectar a los evasores contributivos. Resaltó que mayormente los evasores contributivos se concentran en los contribuyentes con mayor poder adquisitivo. Y estimó que anualmente el fisco deja de recibir cerca de una quinta parte del Producto Nacional Bruto, por los evasores contributivos, que mencionó se concentran en las industrias de seguros, bienes raíces y comercios.

'No haría falta nuevos impuestos si Hacienda hace su trabajo y enfrenta a estas empresas que se la pasan diciendo que cierran con pérdidas (para evadir al fisco)', puntualizó.

De igual forma, indicó se debe revisar las más de 70 leyes de exenciones contributivas aprobadas, que representan anualmente casi $2,000 millones, y verificar si se ha cumplido con los objetivos por las cuales fueron creadas.

Otro renglón que expuso se debe atender, es lo referente a la corrupción en el sector público, donde trajo a la atención un estudio que hizo el ex contralor, Basilio Santiago Romero, que estableció que 'un 10% del Presupuesto del gobierno se despilfarra'.

Entretanto, Vélez y Alameda expresaron que se debe estudiar un posible alza en la aportación de los empleados al Sistema de Retiro, alternativa consignada en un reciente análisis del CNE.

Finalmente, Alameda mencionó que se puede reforzar el plan de inversiones de Retiro, para buscar capitalizar su déficit.

*Mira también:'Paralizadas las 'soluciones' a la crisis de Retiro'