Así lo estableció un informe de la Oficina del Contralor Electoral (OCE), que aclaró que no se incluyó el examen o investigación de aquellas transacciones dejadas de informar por la campaña auditada del primer ejecutivo municipal.

La Oficina del Contralor Electoral (OCE) informó ayer que el financiamiento de la campaña para las elecciones generales de 2020 del alcalde Miguel Romero Lugo no cumplió con la ley y el comité del excandidato fue multado por no cumplir con la normativa.

A su vez, en la auditoría dada a conocer por la OCE se establece que en el informe no se incluye "el examen o investigación" de aquellas transacciones "dejadas de informar por el comité auditado".

Esas "transacciones" fueron reportadas a la OCE por primera vez mediante enmiendas a los informes de ingresos y gastos realizadas durante el año 2022, en respuesta a requerimientos y señalamientos de la agencia.

La posibilidad de que el comité de campaña de Romero Lugo sea investigado también surgió luego de que el contratista convicto por corrupción, Oscar Santamaría Torres, y según trascendió en el juicio por corrupción contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, hizo donaciones a la campaña política de Romero Lugo de $50,000 y $10,000, pero en la Consulta de Donantes de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) solo aparecen $5,000 reportados.

El 24 de marzo pasado el contralor electoral Walter Vélez Martínez consideró que había situaciones irregulares y datos suficientes para investigar las donaciones que se hicieron al comité de campaña de Romero Lugo, para las elecciones de 2020.

Vélez Martínez aclaró entonces que el asunto de la pesquisa estaba en evaluación y que incluso la OCE había solicitado el récord del caso a las autoridades federales.

Sobre este asunto, el funcionario explicó en esa oportunidad que "esto no significa que una vez se publique la auditoría (lo que ocurrió ayer), que puede salir con un hallazgo, dos o tres, o puede salir bien, eso no significa que se cierre una investigación o cualquier asunto, o que se abra una investigación".

La OCE indicó ayer que las pruebas efectuadas y la evidencia presentada por el comité Miguel Romero Lugo revelaron "que el financiamiento de la campaña para las elecciones generales del 2020 no se realizó de acuerdo con la Ley y la reglamentación aplicable".

El informe señala como hallazgo principal los ingresos y gastos no informados en exceso al 10% y agrega que en el borrador de la auditoría se le notificó al comité que había dejado de informar, en los informes de ingresos y gastos, un total de $723,628 en ingresos, para un 59% del total de fondos recibidos.

De acuerdo con la dependencia pública, el comité enmendó los informes para incluir las transacciones, no obstante, la Ley 222 de 2011 establece que en aquellos casos en los que el borrador contenga ingresos o gastos no informados en exceso al 10%, conllevará las multas administrativas, según dispone la ley.

En específico, y tras los señalamientos de la OCE, el comité de Romero Lugo enmendó el informe para el trimestre de enero a marzo de 2020 en 13 ocasiones, el de abril a junio de ese año en 15 oportunidades, el de julio a septiembre de diciembre 21 veces y el informe para el trimestre de octubre a diciembre de 2020 en 14.

"Estas enmiendas fueron terminadas hacia finales del año 2022. Dichas transacciones no informadas inicialmente incluyeron $184,986 donativos en efectivo y $21,450 donativos recibidos mediante giro", expresó la OCE en su informe.

La Oficina consignó que el artículo 7.000 de la Ley 222 dispone que cada partido político, aspirante, candidato, funcionario electo o los agentes, representantes o a través de sus comités de campaña o comités autorizados y los comités de acción política, deberán llevar una contabilidad completa y detallada de todo donativo o contribución recibida en y fuera de Puerto Rico y de todo gasto por éste incurrido incluyendo con cargo al Fondo Especial y declararlos en los informes requeridos en las fechas determinadas por el contralor electoral.

En su respuesta, el comité Miguel Romero Lugo aceptó el señalamiento de ingresos y gastos no informados en exceso al 10%, por lo que se configuró una infracción al artículo 6.011 (e) y, por tanto, se determinó imponer al comité del alcalde de San Juan una multa administrativa de $2,500, que representa el máximo por infracción.

Sin embargo, al auditado comparecer ante la OCE, aceptar la violación y pagar la multa administrativa, se determinó imponerle al comité una multa reducida de $625, que representa el 25% de la multa que corresponde a esta infracción.

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