Aunque el gobernador Ricardo Rosselló Nevares reiteró su rechazo a la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump que restringe el acceso de personas procedentes de naciones en el Medio Oriente, la jefa de Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, garantizó que hará cumplir cualquier mandato federal sobre la inmigración hasta las últimas consecuencias.

'Hemos dado énfasis en eso otra vez (inmigración). Obviamente sabemos que el nuevo presidente de los Estados Unidos lo tiene como prioridad. Nosotros, pues, haremos cumplir la ley y las personas que no pueden estar aquí, por razón que entraron ilegalmente, que ya sabemos que ha sido así a través de la historia de Puerto Rico, pues esas personas tendrán que volver a sus países. Algunos tendrán que ser acusados', sentenció Rodríguez tras estampar su firma en el acuerdo de entendimiento entre las autoridades locales y federales.

La postura del primer mandatario, sin embargo, contrasta diametralmente con la de la jefa de Fiscalía Federal. Aunque aseguró que el nuevo acuerdo colaborativo aumentará y mejorará la seguridad tanto en los aeropuertos como en la costa oeste, donde desembarcan indocumentados procedentes de la República Dominicana, Rosselló Nevares entiende que la seguridad nacional debe manejarse de manera 'holística' y sin cerrar el acceso.

'Aquí nosotros queremos darle la bienvenida a personas que piensan diferente a Puerto Rico y los que quieran llegar aquí. Ahora bien, también vamos a tener los elementos para mantener a Puerto Rico seguro', declaró el gobernador.

Según Rodríguez, el esfuerzo para contrarrestar el flujo de inmigrantes dominicanos en la costa oeste se ejecutó con los esfuerzos del 'Caribbean Border Interagency Group' para patrullaje y la Unidad de Inmigración de Fiscalía Federal que procesaba los casos. Ella explicó que la iniciativa tuvo mucho éxito desde el 2006, reduciendo la entrada de entre 2 mil y 5 mil indocumentados a menos de mil.

Señal de alerta prioridades de Trump

Por su parte, la abogada especializada en casos de inmigración, Viviana Díaz-Saviñón, indicó que la prioridad que ahora dará el gobierno federal a casos de inmigración es causa para alerta a la comunidad indocumentada en la Isla.

'Ahora con Trumpno solamente aquellas personas que cometieron delitos van a ser encausados, sino que también todas las personas que estén de manera ilegal, no regular, o que tengan ya una orden de remoción que no ha sido ejecutada se les va a poner de nuevo frente a la justicia. Esa es una muy mala noticia para la comunidad inmigrante en Puerto Rico, ya que les favorecía la política de tener prioridades distintas y Trumppues, obviamente quiere hacer cumplir la ley tal y como indica', explicó la licenciada.

En esa línea recomendó a la comunidad indocumentada local a asesorarse legalmente con abogados diestros en la inmigración, pues aseguró que bajo el mandato de Trump habrá un aumento en deportaciones.