El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Hector Ferrer Ríos, le solicitó a la Comisión de Derechos Civiles (CDC) evaluar todo el manejo del Gobierno ante la catástrofe causada por el huracán María.

'Le estoy solicitando a la Comisión de Derechos Civiles que inicie una investigación sobre la política pública, prácticas y protocolos gubernamentales, así como el incumplimiento del Gobierno, que dieron base a que no se alertara a tiempo a todas las agencias gubernamentales estatales y federales, a la prensa del país y a la ciudadanía en general de la catástrofe provocada por María, y el trágico aumento en muertes en Puerto Rico. La Comisión debe encaminar una investigación sobre las violaciones de Derechos Civiles cometidas y emitir un informe de hallazgos con sus conclusiones', indicó Ferrer Ríos.

La Comisión está facultada por ley para hacer estudios e investigaciones sobre la vigencia de los derechos fundamentales en Puerto Rico, incluyendo quejas o querellas de ciudadanos sobre violaciones de estos derechos. Tambien puede ordenar la comparecencia y declaración de testigos, la presentación de libros, documentos y otra evidencia mediante subpoena.

Ferrer Ríos recordó que tras la visita del presidente Donald Trump, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) notificó que las muertes asociadas al huracán María habrían aumentado de 16 a 34. Posteriormente, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares mantuvo oficial la cifra de 64 pero la presión de los medios de comunicación así como las investigaciones realizadas por distintas entidades, lograron descubrir discrepancias abismales entre las cifras de muertes ofrecidas por el Gobierno de Puerto Rico y las que surgían de las denuncias de los ciudadanos.

Según el estudio publicado por el Instituto Milken de Salud Pública de la Universidad George Washington (GWU, en ingles) las muertes relacionadas al huracán María se calculan en 2,975. Anteriormente, las universidades de Harvard y Penn State habían establecido que las cifras de muertos rondaban los miles pero no es hasta la publicación del Informe encomendado por el Gobierno que determina oficializar la cifra de la GWU. Entre otros datos, el Informe advierte que el 40% de los municipios experimentó tasas de mortalidad significativamente más altas que en los periodos comparables de los últimos dos años.

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'Es importante que la Comisión de Derechos Civiles evalúe cómo el desconocimiento sobre los protocolos aplicables para casos de emergencias dio pie a la falta de credibilidad, confusión y desconcierto que ha imperado en el país respecto a este tema. No cabe duda de que existieron faltas graves que impidieron la adecuada protección al derecho a la vida. El manejo inadecuado de la emergencia, la desinformación y las malas decisiones administrativas y de política pública, privaron de ayuda real a muchos de nuestros conciudadanos de los sectores más vulnerables, lo que hace obligatorio este reclamo a la rendición de cuentas', precisó Ferrer Ríos.

Para el líder popular la falta de celeridad, transparencia y apertura en la información relacionada a las muertes, impidió una respuesta rápida en auxilio de sectores marginados que confrontaban situaciones de vida o muerte en días posteriores al huracán. A su vez, los medios de comunicación del país se vieron imposibilitados de ejercer su rol de alertar sobre el aumento en los decesos, de procurar intervención y ayuda inmediata ante la tendencia en aumento de muertes que se extendió por semanas luego del evento atmosferico.

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