Argumento de la Administración Biden al Tribunal Supremo se basa en que a PR se le puede discriminar en beneficios federales porque aporta menos que los estados.

Similar a como ocurrió bajo la Administración Trump, la posición oficial de la Administración Biden ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es que a Puerto Rico se le puede discriminar en las asignaciones de programas federales porque su sistema contributivo autónomo se traduce a que aporta menos al fisco federal que lo que aportan los estados.

La idea está expresada en al menos seis ocasiones en el argumento que la Procuradora General interina Elizabeth B. Prelogar presentó al Tribunal Supremo el lunes en el caso de US v. Vaello Madero, que trata de un beneficiario del Seguro de Ingreso Suplementario (Supplemental Security Income, SSI, en inglés, un programa del Seguro Social) que se mudó a la isla y el Seguro Social le notificó que debía $28,081 porque había continuado recibiendo el beneficio a pesar de no ser residente de un estado o el Distrito de Columbia, que son los lugares a los que por ley está limitado el SSI.

La postura se registró después de que el presidente Joseph Biden pidiera al Congreso que incluyera en el presupuesto la paridad para Puerto Rico en el SSI, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y eliminar los topes de financiamiento del programa Medicaid. Biden se adelantó al escrito de Prelogar mediante un comunicado en el que planteó que, aunque pide al Congreso la paridad, el gobierno mantendría en el Supremo la postura de defender el trato discriminatorio que tienen las leyes. Aparte del caso de Vaello v. Madero, está a la espera en el Primer Circuito otro caso (Peña Martínez v. US) que, además de los programas mencionados, busca la extensión a la isla de la Parte D de Medicare para el pago de medicinas. Todas las decisiones judiciales que han conseguido ambos casos han sido a favor de extender los beneficios y en contra de que el Congreso pueda discriminar a los residentes de la isla al diseñar la aplicabilidad de programas de beneficiencia.

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En el escrito ante el Supremo del exprocurador general interino de la Administración Trump, Jeffrey B. Wall, el gobierno federal planteó que el Congreso tiene un “interés legítimo en evitar una relación fiscal unilateral bajo la cual Puerto Rico comparte los beneficios económicos, pero no las cargas, de la estadidad”. “Puerto Rico contribuye algún dinero al tesoro federal, pero menos de lo que contribuiría si fuera un estado. A cambio, recibe algún dinero de vuelta del tesoro federal pero, otra vez, menos de lo que recibiría si fuera un estado”, añadió.

Palabras muy parecidas recogen el argumento principal de la Administración Biden a través de Prelogar.

Al establecer que el fisco federal deja de recibir por lo menos $2,000 millones anuales debido a que la autonomía contributiva de Puerto Rico dicta que los residentes de la isla no pagan los impuestos sobre ingresos que se pagan en los estados, Prelogar defiende que “el Congreso puede racionalmente concluir que una jurisdicción que hace una contribución reducida el fondo general federal debe recibir una parte reducida de los beneficios financiados por el fondo general federal”.

“El Congreso puede racionalmente concluir, sin embargo, que debido a que los residentes de Puerto Rico no pagan la gama completa de impuestos que pagan los residentes de los estados, no deben recibir la gama completa de beneficios disponibles para los estados”, fue como lo expresó en otra parte del escrito.

“El Congreso tiene interés legítimo en mantener una relación fiscal balanceada con los territorios. La Constitución no requiere al Congreso concederle a los territorios los beneficios fiscales completos que ha escogido darle a los estados, aunque no carguen con las obligaciones fiscales completas”, añadió.

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En el contexto de que solo el Congreso tiene el poder para admitir nuevos estados a la Unión “y proveerle así todos los beneficios asociados a la estadidad”, Prelogar argumentó que si el tribunal extiende beneficios a los territorios que el Congreso solo ha reservado a los estados estaría alterando impermisiblemente esa facultad congresional.

Tras enumerar múltiples beneficios que tiene la isla al no estar sujeta al mismo esquema contributivo que el resto de los estados, Prelogar advirtió también que si el Supremo revierte los casos que protegen la capacidad del Congreso para discriminar, también estarían abriendo la puerta a que se elimine la autonomía contributiva de la isla, amenazando así los beneficios que disfrutan los puertorriqueños, como el estar exentos del pago de contribuciones sobre ingreso federal.

De hecho, Prelogar construyó el argumento de que esa autonomía contributiva ha permitido que el Gobierno de Puerto Rico se quede con una porción más grande de recaudos contributivos de los que retienen los estados y que el “autogobierno” que se le reconoce a la isla implica también que el gobierno local debe decidir cómo usar esos fondos y si debe usarlos precisamente para cubrir las necesidades de la población que cubriría el SSI, si aplicara aquí.

La Procuradora General interina presentó al tribunal, además, que la controversia implica “consideraciones intensamente políticas” por parte del Congreso que las cortes no tienen la autoridad constitucional para revisar. “Al decidir cuáles leyes y programas federales extiende a un territorio, el Congreso puede considerar factores como qué tipo de relación tiene el territorio con los Estados Unidos, cuánta autonomía fiscal y gubernamental ejerce, cuán cercanos deben ser sus lazos económicos o políticos con los Estados Unidos, cuáles son sus condiciones económicas y sociales y si el territorio podría moverse a la estadidad o a la independencia con el paso del tiempo”, propuso.

“La práctica congresional de tratar diferente a los territorios en programas de beneficios federales es tan vieja como los mismos programas de beneficiencia federales”, subrayó al apuntar que inicialmente el Seguro Social no aplicaba a Puerto Rico y luego el Congreso lo extendió.

El escrito de Prelogar llega en momentos en que la opinión pública de Estados Unidos debate si el secretario de Justicia, Merrick Garland, sigue muy apegado a las políticas y prácticas de su antecesor en la Administración Trump, William Barr, y si Biden debió nombrar secretaria en vez a la exsubsecretaria de Justicia de la Administración Obama, Sally Yates.

Tras la publicación del escrito, la organización Hispanic Federation lo criticó precisamente por, entre otras cosas, alinearse con la Administración Trump.

“Estamos conmocionados porque la Administración Biden ha escogido alinearse con la Administración Trumo en radicar este alegato defendiendo una postura inconstitucional. Como americanos, nuestro derecho al debido proceso y la igual protección de las leyes es fundamental. Que el presidente Biden argumente que su administración está obligada a defender la denegación de estos derechos constitucionales a los puertorriqueños subvierte nuestra democracia”, dijo en comunicado Frankie Miranda, presidente de la Hispanic Federation.

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