El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio circuló un escrito sobre el funcionamiento y los beneficios de la mencionada legislación en Puerto Rico.

Las congresistas demócratas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez radicaron en la Cámara de Representantes de Estados Unidos una resolución sobre la Ley 22-2012, según enmendada (Ley 22) y, enseguida, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC) circuló una aclaración sobre el funcionamiento y los beneficios de la mencionada legislación en Puerto Rico.

Mediante una comunicación escrita, el DDEC explicó que "desde el 31 de diciembre de 2019 no se aceptan nuevas solicitudes bajo la Ley 22. Los decretos otorgados constituyen contratos vinculantes protegidos por la Constitución de Puerto Rico y de Estados Unidos, por lo tanto, derogar o limitar la ley, como parece sugerir la Resolución, no afecta la validez de tales decretos".

También indica que "la ley no otorga una exención total 'sobre todos los ingresos' sino que aplica únicamente a ingresos provenientes de dividendos, intereses y ganancias de capital de valores. Además, los requisitos mencionados en la Resolución, como la compra de propiedad residencial y las donaciones anuales de $10,000, pertenecen al programa de Individuo Residente Inversionista bajo la Ley 60-2019, no a la Ley 22".

Unas de las preocupaciones de las congresistas Velázquez y Ocasio Cortez es que los cobijados bajo la Ley 22 han contribuido a la saturación en el mercado de viviendas.

"Los datos no respaldan esa posición. Actualmente, los beneficiarios de la ley, que son 2,660 personas en una población de 3.2 millones, poseen aproximadamente 4,800 propiedades residenciales, lo que representa el 0.3% del total de 1.6 millones de propiedades residenciales en Puerto Rico", respondió el DDEC.

"El aumento en los valores de la vivienda y la renta en la isla forman parte de una tendencia global impulsada por factores como el incremento en los costos de construcción, la escasez de inventario y mano de obra, y las bajas tasas de interés que incentivaron la demanda", agregó.

Por otro lado, el DDEC rechazó las alegaciones de que la Ley 22 está provocando desplazamiento y gentrificación.

"Lo que sucede son transacciones legales y voluntarias, reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico, donde propietarios deciden vender sus propiedades a terceros", afirmó.

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Velázquez y Ocasio Cortez, además, insisten que los decretos representan pérdidas anuales para el erario federal estimadas en $111,595,622, según un informe del Congreso atribuida a la reubicación de beneficiarios de la Ley 22 en Puerto Rico.

"Esta cantidad constituye una fracción mínima en comparación con los $4.5 trillones que el gobierno recauda anualmente. Esto equivale a menos del 0.003% de los ingresos totales, lo que indica que el impacto en el presupuesto federal y los programas sociales, conforme data del propio Congreso es marginal", reza el documento del DDEC.

El pasado mayo, el DDEC publicó un informe sobre los efectos de diversos incentivos en Puerto Rico. En el 2022, los beneficiarios de la Ley 22 aportaron un total de $143.9 millones en contribuciones sobre ingreso, un promedio de $54,116 por persona, lo que representa un 59% más que el salario promedio en la Isla, que es de $34,000.

Además, el informe reclama la generación de 8,266 empleos directos, de los cuales el 70% se concentró en el sector de exportación, donde el salario promedio es de $47,000. También se crearon 19,304 empleos indirectos, contribuyendo de manera significativa al desarrollo económico.

Los beneficiarios también realizaron donaciones anuales que superan los $10 millones en promedio a entidades sin fines de lucro en la Isla, según el DDEC.

"Dado el impacto positivo demostrado por la Ley 22 en la creación de empleos, la recaudación contributiva y el apoyo a entidades sin fines de lucro, es fundamental que las discusiones sobre el impacto de estos programas se basen en evidencia concreta y datos objetivos", concluyó la comunicación del DDEC.