Un panel de economistas locales y de extensa experiencia demostró su rechazo a la aprobación a la Reforma Laboral propuesta en el proyecto del Senado (PS) 919 por entender que la eliminación de beneficios laborales y la inercia en el salario mínimo --entre otros cambios-- no incrementarían la competitividad de Puerto Rico.

Además, a los deponentes ante la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas que encabeza el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, les preocupa que la Reforma Laboral no servirá para incrementar la participación laboral, que se encuentra en 40%.

'Ha quedado claro que en los países en los que se han puesto en marcha mejoras sustanciales en la compensación a la fuerza obrera, el bienestar general de la población aumenta, la economía es más productiva y las empresas son más eficientes y generan ingresos en forma ascendente', exclamó el doctor Edwin Irizarry Mora, catedrático en Economía de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Mayagüez.

'La reforma laboral propuesta por este proyecto de ley propone exactamente lo contrario', agregó.

Irizarry Mora aludió al PS 919 --presentado por petición de la Junta de Control Fiscal (JCF)-- el cual, entre otras cosas, reduce la licencia por vacaciones y enfermedad a siete días cada una y dispone un aumento escalonado al salario mínimo condicionado al incremento en la tasa de participación laboral.

El catedrático, quien tambien funge como asesor económico del representante independentista Denis Márquez Lebrón, alineó su ponencia en defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora puertorriqueña que serían trastocados por la medida.

'La reducción a 14 días al año de las licencias por enfermedad o vacaciones (de un máximo actual entre 18 y 27 días) generará varias perdidas a la economía, entre estas, y sin pretender ser totalmente exhaustivos en la enumeración: reducción en la demanda de turismo interno, aumento en el costo del cuido de niños, y aumento en la perdida real de ingresos al tener que faltar al trabajo para atender problemas de salud de la familia o de los hijos', mencionó.

Del mismo modo, esbozó que el PS 919 discrimina contra la fuerza trabajadora de 25 años de edad, pues supone que los jóvenes son menos productivos en comparación a aquellos de mayor edad.

El economista Irizarry Mora estuvo acompañado por Sergio Marxuach Colón, director de política pública del Centro para la Nueva Economía (CNE); y Ramón Ponte Tápanes, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA).

Marxuach Colón, por ejemplo, recalcó que cada ley laboral existente en Puerto Rico tiene una razón de ser. En esa línea, señaló que 'parecería, sin embargo, que la mayoría de los miembros de la JCF se suscriben a una visión cruel e inhumana de las relaciones obrero patronales como la que describió con minuciosos detalles el gran novelista Charles Dickens'.

En ese aspecto, aclaró que no significa que estas leyes no deberían revisarse y modernizarse, pero les falta atemperarse a la situación actual de la Isla 'para evitar abusos y la precarización de la clase trabajadora'.

El economista citó estudios como los realizados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), así como academicos y consultores privados que contradicen los datos presentados por la JCF en su proyecto.

Por otra parte, Marxuach Colón evidenció su preocupación sobre el impacto que tendría la aprobación de estas medidas sobre la deuda pública, que sobrepasa los $70,000 millones, y el producto bruto.

Tomando como base estudios del FMI, apuntó que las reformas propuestas generarán un aumento en los despidos en los periodos de recesión 'al hacer menos costosos los despidos, lo que a su vez reduce el empleo, la demanda agregada y la producción'.

Esto quiere decir que la implementación de la Reforma Laboral podría dificultar la reestructuración de la deuda pública.

En cuanto al PS 919, el documento vaticina un aumento en el salario mínimo a $7.75 por hora siempre y cuando la tasa laboral aumente a 45%, y así sucesivamente hasta un tope de $8.25 cuando el número sobrepase el 55%.

'Creemos que no es correcto asumir que un salario modestamente más alto compensa la perdida de otros beneficios y protecciones laborales. Cada ley o reglamento laboral protege al empleado de un riesgo específico (despido injustificado, condiciones de trabajo peligrosas, edad mínima para trabajar, etc.) que no necesariamente se compensan de manera lineal con un pequeño aumento en el salario mínimo', advirtió Marxuach Colón.

Mientras, Ponte Tápanes verbalizó su preocupación con la disposición sobre 'Empleo a Voluntad' del PS 919, el cual deroga con ciertas restricciones la Ley 80 de 1976, conocida como la Ley sobre Despidos Injustificados.

'Somos de la opinión que es la competencia en el mercado laboral y los intereses de patronos u empleados la que debe determinar los salarios y beneficios, no el Gobierno. No obstante, nos preocupa que aprobar el llamado 'Employment at Will' sin que este acompañado de unas garantías mínimas para los que están actualmente empleados podría tener un impacto negativo y promover la emigración, otra vez considerando los momentos inciertos que vivimos post huracán María', alertó.

Como parte de sus recomendaciones, solicitó que la Asamblea Legislativa diera espacio a la Reforma laboral aprobada en el 2017 a que surtiera efecto, antes de imponer una nueva versión.

En la segunda parte de la vista, los exsecretarios del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Hector Hernández Soto y Ruy Delgado Zayas, tambien se postularon en contra de la aprobación del proyecto de ley.

Ambos coincidieron en que ninguna persona se beneficiaría de la legislación y que las metas de la JCF que propulsan la medida son inalcanzables. Esta conclusión fue alcanzada luego de preguntas de Rivera Schatz, quien se mantuvo en contra de la aprobación de la medida.

En un inicio, el contenido del PS 919 fue presentado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, en un mensaje televisado y en compañía de su equipo de trabajo y jefes de gabinete. Sin embargo, no fue entregado al Capitolio como una medida oficial. Luego, decidió retirarlo por discrepancias con la Junta de Control Fiscal (JCF). No obstante, el organismo Promesa avaló los cambios a la reforma y los certificó en el Plan Fiscal el pasado 19 de abril.

Es por eso que envió el borrador de la medida a la Asamblea Legislativa, acto que representó la primera vez desde la creación de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en ingles) en que el ente federal somete un proyecto legislativo.

Escasa participación senatorial

La vista fue pautada para las diez de la mañana. Una hora y media despues, cuando ya se encontraba en medio de una sesión de preguntas al primer panel, la asistencia de senadores y senadoras se mantuvo en seis. Cada uno tuvo un turno de cinco minutos para realizar sus planteamientos o cuestionar a los deponentes.

Desde un inicio, Rivera Schatz presidió los trabajos. A su lado estuvieron Juan Dalmau Ramírez y Zoe Laboy Alvarado. Esta última se marchó poco despues de escuchar las primeras ponencias.

De forma paulatina, se unieron los senadores Ángel Martínez Santiago, Jose Nadal Power, Miguel Romero Lugo, Eduardo Bhatia Ghautier y Miguel Laureano Correa. Nadal Power tambien se marchó tras consumir su turno.

De acuerdo a la composición de la Comisión, se ausentaron cuatro miembros oficiales del colectivo y tres miembros ex officio, para un total de siete. Estos fueron: Migdalia Padilla Arvelo, Carlos Rodríguez Mateo, Jose Vargas Vidot, Larry Seilhamer Rodríguez, Carmelo Ríos Santiago y Jose Dalmau Santiago.