Comisión recomienda a AGP descartar una vuelta al arbitrio general (documentos)
Con el voto en contra del representante Luis Vega Ramos, la Comisión de Alternativas para Transformar el Impuesto al Consumo (CATIC) emitió hoy su informe, mandatado por la Reforma Contributiva, en el que recomiendan al Gobernador que no se regrese al arbitrio general como medida de recaudo principal, en vez del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que impone dicha reforma.
En un voto particular, Vega Ramos indicó que el informe demuestra que tanto el arbitrio general como el IVA son mecanismos más eficientes que el actual Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU), pero no demuestra que el IVA sea más eficiente que el arbitrio general.
El secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, explicó que como resultado del análisis cuantitativo presentado de un arbitrio general se concluye que para alcanzar los objetivos de ingresos fiscales, según el presupuesto del año fiscal 2015-16, es necesario que el impuesto tenga una base contributiva amplia, que incluya la tributación de bienes intermedios y tasas contributivas nominales que oscilen entre 19% y 38%, según cada uno de los escenarios. La base tributaria sería diferente y la tasa contributiva del arbitrio general sería mayor que la del IVU actual y que la del IVA que entraría en vigor a partir de 1 de abril de 2016, según dispuesto en la Ley 72 del 2015.
'En el 1987 se impuso un arbitrio general del 5%, cuya tasa efectiva era 6.6%. La base tributaria incluía múltiples exenciones que limitaban su capacidad de recaudación a alrededor de $550 millones anuales. Este arbitrio fue eliminado con la Reforma Contributiva de 2006. En la discusión presente, se intenta convertir al llamado 'arbitrio en los muelles' en uno de base amplia, por lo que lo convierte en un impuesto general indirecto al consumo y la producción. Esto como veremos tiene repercusiones económicas distorsionantes en la cadena productiva de distribución y en los precios finales de los bienes importados o producidos localmente, esto particularmente si la tasa fluctúa entre un 19% y un 38%. Los precios se afectarán por los impuestos en los insumos productivos que llegarán debido a la integración vertical de la producción de bienes y servicios. Estos efectos económicos se conocen en la literatura hacienda pública como efecto cascada y piramidal', lee parte del informe citado por el Secretario en una comunicación escrita.
El funcionario agregó que los estimados se hacen bajo el supuesto de una meta de recaudos de $2,561 millones y una tasa de captación de 75%. Surge del análisis que hay una relación inversa entre la tasa impositiva y la base tributaria. Por lo tanto, si deseáramos sustituir al IVU o al IVA, la tasa impositiva tendría que ser alta en la medida que muchas de las importaciones son materia prima y bienes intermedios; o sea, un total de $29 mil millones o 68% del total de las importaciones. Si a eso, se añaden los alimentos para consumo final importados de $3,000 millones, entonces, la base contributiva disponible se reduce a menos de unos $9,500 millones, cifra que incluye bienes de capital y otros bienes que ya tienen arbitrios especiales tales como automóviles y derivados del petróleo.
El informe establece también que la capacidad de recaudación del arbitrio general está limitada al punto de origen en la cadena de distribución, ya sea en la importación o en la producción, a diferencia del impuesto sobre el valor añadido. Por lo tanto, el valor monetario de la materia gravada bajo el arbitrio es mucho menor ya que no se captan recaudos en las etapas posteriores que tienen el efecto de los precios.
Aunque reconoció el sentido del deber de los miembros y asesores técnicos del CATIC, el representante Luis Vega Ramos difirió de su análisis en contra de regresar al arbitrio general porque entiende que se limitó la base sobre la cual recaería el mismo, lo cual llevó a la conclusión errónea de que recaudaría menos que el impuesto de ventas.
Vega Ramos dijo que entiende que la base tributable sobre la cual recaería el arbitrio general está más cerca de los $21,000 millones pero el informe establece que la base no deber ser mayor de los $12,500 millones.
'Mi diferencia con la conclusión que mis compañeros plasman en el informe, puede resumirse en dos factores. Primero, la base a la que se aplicaría el arbitrio general. De los $41,613.4 millones en importaciones que entran a Puerto Rico al año, el informe recomienda que la base tributable del arbitrio general sea solamente de entre $9,500 a $12,500 millones. Ese número descansa, en mi mejor apreciación, en una definición demasiado amplia y general de lo que debe constituir materia prima industrial exenta', sostuvo.
Sin embargo, Vega Ramos dijo que cuando levantó su preocupación sobre la definición de materia prima, los asesores económicos del CATIC le dijeron que para lograr un discernimiento más riguroso, renglón por renglón, de cada uno de los bienes tangibles y determinar cuáles debieran estar exentos como materias primas y cuáles no, se requerirían tiempo y recursos adicionales. Tales elementos necesarios no estarían disponibles durante el término establecido por la ley para que el CATIC rindiera su informe.
'En otras palabras, la recomendación del CATIC se sustenta en la información disponible, al momento de deliberar, sobre las importaciones en Puerto Rico, aunque se reconoció la posibilidad de llegar a una mayor especificidad sobre que bienes debían declararse exentos como materia prima industrial', declaró.
'Así las cosas, no puedo concurrir con el criterio del informe a los efectos de que la base tributable del arbitrio general más alta posible sería de $12,500 millones. Tampoco puedo concurrir en torno a la posibilidad de extender el arbitrio general a alimentos de la canasta básica ni a los derivados del petróleo o vehículos de motor que ya tienen otros arbitrios. Con la expansión de la base tributable sobre los parámetros de análisis adicional que recomendé, la tributación de estos bienes bajo el AG se hace innecesaria', sostuvo.
El principal criterio económico para la evaluación de los impuestos fue la capacidad de recaudación definida por el valor monetario de la materia gravada (base tributable), la tasa impositiva y el nivel de captación. El marco de referencia se basó en el estimado de ingresos del Impuesto sobre Ventas y Uso y del Impuesto sobre el Valor Añadido que forma parte del presupuesto del año fiscal 2015-16. Además, se consideraron los principios teóricos en que se basa el diseño de impuestos en cuanto al efecto económico de estos en los precios relativos de los bienes y servicios así como de los factores de producción.
'En cuanto al análisis de los costos de operación de los diversos impuestos al consumo evaluados, la mayoría de los integrantes de la Comisión entiende que dado que actualmente el sistema del IVU tiene la característica del arbitrio general porque en una de sus fases se cobra en el muelle y además tiene características de un IVA, porque se reconocen créditos, cualquier diferencia en el costo de operación, del sistema actual en estos momentos no es asunto materialmente significativo para determinar la viabilidad fiscal de los impuestos. En términos de la fase relacionada con recomendaciones de posibles medidas para lograr mayor justicia contributiva a los individuos, los trabajos de la Comisión continuarán y deben estar concluidos en o antes de 90 días', añadió.
El CATIC está compuesto por 12 integrantes, estos son; Zaragoza Gómez, quien funge como Presidente; el secretario de Justicia, César A. Miranda Rodríguez; el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis F. Cruz Batista; Ingrid Colberg Rodríguez, la Directora Ejecutiva de la Autoridad de los Puertos; Vega Ramos, Rafael Hernández Montañez y Waldemar Quiles, como representantes de la Cámara de Representantes y los senadores José Nadal Power y Larry Seilhamer Rodríguez del Senado de Puerto Rico; dos representantes del sector empresarial privado, José Izquierdo Encarnación y el CPA Kenneth Rivera Robles y un representante del sector sindical, Luisa Acevedo Zambrana; quienes fueron designados por común acuerdo de los Presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico.
De los 12 integrantes de la Comisión, ocho favorecieron el informe. Quiles y Seilhamerno asistieron a los trabajos de la Comisión. En el caso de Acevedo no participó de los trabajos de la Comisión por situaciones relacionadas a los trámites de su designación.
Voto particular Luis Vega Ramos - NotiCel_14312
Voto particular CATIC Vega Ramos - NotiCel _14313