El juez Anthony Cuevas Ramos dio paso a la solicitud de desistimiento sin perjuicio por parte del Municipio de San Juan (MSJ) para dejar sin efecto el interdicto preliminar para detener la transferencia de fondos del ayuntamiento del CRIM hacia el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y el mandamus que exigía el pago del sobrante de la Contribución Adicional Especial (CAE) por el banco a la ciudad Capital.

Ambos recursos componían una demanda incoada por la alcaldesa capitalina, Carmen Yulín Cruz Soto, contra el BGF y su presidente, Christian Sobrino Vega. Un tercer recurso contenido en la demanda para solicitar una sentencia declaratoria para obligar al BGF pagar el sobrante del CAE a los municipios será incluido en una demanda enmendada que el municipio radicará posteriormente.

La vista del jueves en la sala 904 del Tribunal de San Juan transcurrió con brevedad luego que el representante legal del MSJ, Frank Torres Viada, inmediatamente solicitara al juez Cuevas Ramos el desistimiento del interdicto pues el 1 de julio se consumó el traspaso de fondos del CRIM al BGF, por lo que el pedido de urgencia se torna académico.

Igual que el recurso de mandamus, Torres Viada sostuvo en sala que aspiran a enmendar la demanda a los efectos de incluir causas de acciones adicionales para retar la ley de Moratoria del 2016, la ley de Rehabilitación Fiscal aprobada este año y las ordenes ejecutivas ratificadas por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares que complementan ambas leyes.

El reclamo de la sentencia declaratoria sería el principal dentro esta demanda enmendada, que el licenciado Torres Viada no especificó cuándo la estarían radicando. En esencia, la defensa legal del MSJ busca hacer valer la ley habilitadora del CRIM (ley 64 del 1996) que dispone que el sobrante de los fondos del CAE deben ser traspasados a los municipios.

'(La ley) dice que una vez certificados tienen que hacerlos disponibles a los municipios, sobre eso no existe controversia legal ninguno. La claridad del estatuto de la ley 64 es irrefutable', sentenció Torres Viada al salir del tribunal y al insistir que las leyes aprobadas la pasada y presente administración no van por encima de ese estatuto.

Por su parte, el representante legal del BGF, Oreste Ramos, enfatizó que el dinero que reclama el MSJ no puede ser entregado por motivo de una serie de órdenes administrativas que alteran el deber ministerial del banco. No obstante, señaló que el traspaso de fondos del CRIM al BGF ocurrido el 1 de julio fue dirigido al pago de la deuda de los municipios.

Entretanto, la alcaldesa capitalina arremetió contra el presidente del BGF por no comparecer ante el tribunal y por radicar una orden protectora para que Sobrino Vega no tenga que declarar en el caso de ser requerido por el juez. En ese sentido, Cruz Soto atribuyó la ausencia del jefe del banco a la intención del BGF a usar el dinero de los municipios para el pago de la deuda.

'Saben cuál es la verdad, la verdad es que le deben una suma millonaria a la gente de San Juan, no a la alcaldesa. La verdad es que van a usar los dineros de todos los municipios para pagar su deuda a los bonistas. La verdad es que todo Puerto Rico ya comienza ver en Cabo Rojo, en Arecibo, en Toa Baja, en Caguas, en San Juan los estragos de un gobierno que se rinde ante la Junta de Control Fiscal y ante los bonistas', dijo la alcaldesa.