Washington - Cuando se trata de Puerto Rico, la prensa de la capital federal y de gran parte de los Estados Unidos se concentra sobre quien va o no va al Desfile Puertorriqueño en Nueva York, o en la lucha en el Tribunal federal en San Juan por los $72 mil millones que la isla le debe a sus acreedores.

A una semana del controvertido plebiscito sobre el status político de Puerto Rico, se ve muy poco sobre la marcha de cientos de miles de puertorriqueños hacia las urnas el próximo domingo.

El plebiscito se da a menos de seis semanas de que el gobierno de Puerto Rico – con la aprobación de la Junta de Control Fiscal (JCF) – acudiera a los tribunales para declararse en bancarrota, protegerse de sus muchos acreedores, y reestructurar la deuda. Desde entonces, la JCF y el gobernador Ricardo Rosselló han comenzado a recortar gastos, reducir y reestructuraragencias gubernamentales, cerrar escuelas, reformar leyes laborales, y otra serie de medidas de austeridad.

En su visita más reciente a Washington, Rosselló quiso realzar esas reformas, la creación de alianzas públicos-privadas y otras medidas de desarrollo económico para reestablecer la credibilidad y confianza del Congreso y la Casa Blanca en el gobierno de Puerto Rico.

'Esa es nuestra mejor carta de presentación', afirmó la comisionada residenteJenniffer González, quien acompañó al Gobernador en sus visitas a congresistas y oficiales de la AdministraciónTrump.

Eso es esencial en estos meses en que se cabildea para que el Congreso le asigne a Puerto Rico otros $600 millones este año para servicios de salud por encima de los $296 millones en fondos de Medicaid asignados en la consideración presupuestaria del ómnibus en abril.

Pero Rosselló afirmó que la razón principal para su visita era para promover el plebiscito en Washington.

'Queremos asegurarnos que el liderato aquí en Washington esté muy al tanto del proceso y de nuestras expectativas de una resolución final al dilema colonial de 500 años que tenemos en Puerto Rico, y de los 100 años que se cumplen este año de tener la ciudadanía estadounidense sin todo los derechos que vienen con ello', enfatizó Rosselló.

El plebiscito inicialmente contaba con las alternativas de estadidad e independencia/libre asociación. Sectores del Partido Popular Democrático (PPD) y otros grupos que se oponen a la estadidad dieron indicios de boicotear el plebiscito.

Para poder recibir $2.5 millones en fondos federales para subsanar el costo del plebiscito, según la ley PROMESA, la administración estadista le envió la papeleta a usarse ese día y los materiales educativos que le acompañarían, al Departamento de Justicia federal para su aprobación.

Luego de varias protestas por grupos de Puerto Rico y de ocho senadores en Washington que enviaron carta al Secretario de Justicia,Jeff Sessions,objetando que no se incluyera el ELA como una 'opción viable', un funcionario del departamento rechazó la papeleta. El no incluir el ELA era inconstitucional, expresaron, y la definición de la libre asociación y los planteamientos sobre la permanencia de la ciudadanía estadounidense se podrían prestar para malentendidos.

Rosselló y la Legislatura enmendaron la papeleta tal y como sugirió Justicia federal. Durante su visita, el gobernador y los estadistas que lo acompañaron a Washington afirmaron que al enmendar todo 'verbatim', como recomendó el Departamento de Justicia, entienden que las definiciones, y por tanto el plebiscito, tienen el aval de los funcionarios federales.

'Se sobreentiende que estamos en perfecto cumplimiento… y no hay razón y no va a haber excusa alguna para no reconocerle al pueblo de Puerto Rico su derecho de participar en un plebiscito,' puntualizó durante la visita el presidente del Senado,Thomas Rivera Schatz.

Pero portavoces de Justicia federal aclaran que no se ha evaluado ni aprobado la papeleta nueva. 'Cualquier sugerencia de los contrario es incorrecto', expresó el portavoz.

La lucha por el plebiscito y el status durante esta crisis fiscal parecería estar a destiempo. Por estos días, Justicia tiene otros asuntos de qué preocuparse, como la investigación de lazos entre la campaña electoral y asesores del Presidente Trump y Rusia.

Además, el esfuerzo para luchar por un plebiscito o el status es tiempo que se le roba a unos asuntos más apremiantes, como los $600 millones necesarios para cubrir los servicios de salud en la Isla hasta el 30 de septiembre del 2018.

Asimismo, se discute en la prensa y entre la Legislatura federal la preocupación que surgió en el debate de ley PROMESA – el uso de un proceso similar para permitir a los estados declararse en bancarrota, actualmente prohibido por ley.

El senador Charles Grassley de Iowa, uno de los ocho senadores que objetóque no se incluyera el ELA en la papeleta del domingo, citó notas de prensa al decir que los inversionistas analizando las dificultades fiscales del estado de Illinoiscatalogan a Puerto Rico como 'el fantasma del futuro de Illinois', haciendo alusión a los fantasmas de la novela muy conocida de Charles Dickens, A Christmas Carol.

'El editorial preguntaba cuán más difícil sería para los estados el tomar dinero prestado si los inversionistas supieran que, cuando les toca pagar, los estados podrían evadir sus responsabilidades en un proceso de bancarrota', advirtió el senador Grassley, quien preside el Comitéde los Jurídico, en declaraciones para sus colegas en el Senado.

'Aquellos que descartaron las preocupaciones que PROMESA establecería un precedente inquietante y peligroso deben tomar nota y asegurarse de que esta legislación no crea lo que sería la nueva norma o estándar', añadió Grassley.

A pesar de las circunstancias actuales en San Juan o en Washington, Rosselló afirma que la única forma de arreglar los asuntos económicos y de derecho en Puerto Rico a largo plazo es trabajando simultáneamente para enfrentar el asunto del status.

Mientras, la Comisionada Residente aseguróque el Comitéde Recursos Naturales de la Cámara federal o uno de sus subcomités, tendrávistas sobre el plebiscito y el status luego de que se acuda a las urnas.

'No le estamos pidiendo permiso ni su bendición, pero le estamos informando al Congreso que nosotros, el pueblo de Puerto Rico, tiene un plebiscito y estamos tomando acción', recalcó Rosselló.

'Y esperamos resultados y algún movimiento de su parte pronto después que los 3.5 millones de ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico hayan tomado acción', añadió el gobernador en tono de reto.

Habráque ver si el Congreso acepta el mismo.