Una semana despues que el tribunal ordenó la restitución inmediata de la Comisión para la Auditoría Integral del Credito Público, ese cuerpo reanudó labores el miercoles en una reunión de seguimiento a los trabajos que quedaron interrumpidos a finales de enero al ser destituidos por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

En ese sentido, acordaron retomar la comunicación con la firma de auditoria MGO que fue contratado poco antes de anunciarse la destitución de los miembros de la Comisión. Según el presidente de ese cuerpo, Roberto Pagán, la Comisión requeriría de personal de asesoría legal para asistir en la encomienda de solicitar documentos de gobierno que puedan ser utilizados para el proceso de auditoría forense de las últimas cuatro emisiones de deuda que ejecutó el gobierno.

Sin embargo, surgió una preocupación entre algunos de los miembros de ese cuerpo pues la documentación que requerirán para auditar la deuda está en manos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). El economista e integrante del grupo, José Alameda, planteó esa interrogante y levantó la preocupación de que, ante los cambios que atravesará el BGF, esos documentos se pierdan o se destruyan.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia, sin embargo, indicó que esa documentación no se puede destruir bajo la normativa del ente federal Securities Exchange Commission (SEC), que regula la actividad financiera en Estados Unidos y sus territorios. No obstante, Pagán afirmó que harán el ejercicio de verificar si en efecto el gobierno tiene el poder de disponer de ese tipo de documento.

Además del BGF, Pagán indicó que recurrirán a otras fuentes de información, como los participantes de las distintas emisiones, los underwriters, bufetes de abogados y asesores financieros que participaron en el proceso. La tarea podría resultar difícil pues explicó que dentro las facultades conferidas en ley a la Comisión, no se incluye el poder de citación.

La Comisión, sin embargo, sigue en duda si en efecto gozan de legitimación activa en una corte para llevar los resultados de la auditoría forense, aunque no dudaron que el gobierno sí la tiene y podría usarla para impugnar deuda ilegal. 'Din duda, legitimación activa tiene el gobierno, el gobernador, la legislatura pueden ir a los tribunales a impugnar parte de la deuda que se entienda que una auditoría forense certifique que fue emitida de forma ilegal', dijo Pagán.

Pendiente también queda la posibilidad de que ese cuerpo se reúna con la Junta de Control Fiscal (JCF), el gobernador y los presidentes de Cámara y Senado. Según el presidente de la Comisión, estos aún no han respondido a unas cartas que enviaron más temprano en el año para solicitar una reunión. Pagán no descartó acudir a los medios para publicar una solicitud dirigida al gobernador para que este acceda a reunión.

El gobernador Rosselló Nevares dijo el domingo a NotiCel que aún no ha decidido si en efecto apelará la determinación del tribunal que restituyó la Comisión. Al finalizar labores, la Comisión acordó reunirse de nuevo el próximo miércoles 19 de abril en la sede del Colegio de Abogados.

Al presente la Comisión cuenta con aproximadamente $650,000 en su cuenta. La contratación de la firma MGO les costó unos $100,000 y de culminar el ejercicio de auditar las últimas cuatro emisiones, tomarían un próximo paso para auditar otras 12 emisiones.

La ley que faculta la Comisión (ley 97 del 2015) le confiere a ese cuerpo la potestad de auditar toda emisión de deuda hecha por el gobierno desde el 1972.