Un día después de que el Primer Circuito de Apelaciones validara la postura de la jueza Laura Taylor Swain, quien invalidó la Ley 41-2022

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) radicó una nueva versión de las enmiendas a la reforma laboral que incluirá un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) para, según sus autores, subsanar cualquier deficiencia suscitada.

Así, la delegación popular responde a la sentencia del Primer Circuito de Apelaciones que confirmó la determinación de la jueza Laura Taylor Swain de anular la Ley 41-2022 (Reforma Laboral).

No se informó de qué manera, si alguna, esta nueva versión se diferencia del proyecto aprobado y que se convirtió en la Ley 41-2022, ya anulada.

“Esta lucha no termina. En primer lugar, estamos evaluando todas las alternativas disponibles para pedir reconsideración y agotar los remedios disponibles antes de recurrir al Tribunal Supremo Federal”, sostuvo el representante Domingo Torres García, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes.

Esta tarde Torres García y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, denunciaron que el dictamen judicial extendió el poder de la jueza Swain a asuntos no relacionados con los procesos de quiebra y mantuvo, según los dos legisladores, la ambigüedad sobre el contenido mínimo que deben incluir los informes de impacto fiscal requeridos para que el gobierno local pueda defender la legislación aprobada en Puerto Rico.

“La Cámara de Representantes, acorde con su compromiso con el país, compareció en defensa de los trabajadores del sector privado -tanto por escrito como en una vista oral- para exponer las razones por las que este estatuto no tiene impacto fiscal, y que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) fue incapaz de demostrar lo contrario”, sentenció Hernández Montañez.

El presidente cameral expuso que en esta comparecencia el cuerpo legislativo argumentó que la JSF excede la autoridad concedida por la Ley Promesa al pretender menoscabar el gobierno electo para imponer una visión filosófica de gobernanza. Según el presidente cameral, esa filosofía es “el empobrecimiento de la clase trabajadora del sector privado”.

No obstante, señaló que la ley anulada no tiene consecuencias económicas para el Estado.

Hernández Montañez sostuvo que la JSF, si bien demandó al gobierno de Puerto Rico, nunca pidió un interdicto preliminar para suspender la aplicación de la ley, por lo que entró en vigor, surtió efecto y la economía no sufrió el colapso anticipado. Argumentó, además, que la JSF nunca pudo proporcionar datos científicos corroborables para validar el impacto fiscal de la reforma laboral.

“Al contrario, la Cámara de Representantes, a través de sus economistas, refutó esa teoría vacía y proporcionó sus propios datos al suministrarle al Tribunal un informe completo certificado por un doctor en Economía”, dijo.