Para la senadora María de Lourdes Santiago y el representante Denis Márquez, tras la "nefasta experiencia" con LUMA Energy, el país "no puede seguir pagando el precio de la imposición del neoliberalismo rojo y azul".

La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Legislatura, compuesta por la senadora María de Lourdes Santiago y el representante Denis Márquez Lebrón, condenaron el proceso de privatización de la generación de la electricidad en Puerto Rico y cuestionaron el rol de los representantes del interés público en la junta de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).

Para los legisladores, la determinación de iniciar el proceso de privatización de la generación de electricidad en Puerto Rico "constituye el paso final en la carrera por entregar a los intereses privados una de las funciones fundamentales del sector público".

Además, señalaron que "la votación de la junta de directores de la AAPP fue unánime, lo que quiere decir que los representantes en esa junta de los presidentes de Cámara y Senado favorecieron la entrega de lo que quedaba en manos públicas de la AEE. Como legisladores del PIP condenamos ese voto y cuestionamos si representa el parecer de la mayoría de las legisladores en ambos cuerpos".

Los políticos, en declaraciones escritas, opinaron que "el acceso a energía eléctrica es un derecho humano del que dependen la salud, la educación, las comunicaciones y el desarrollo económico del país, y como tal, no debe estar sujeto a los intereses del mercado. Tras la nefasta experiencia con Luma, el país no puede seguir pagando el precio de la imposición del neoliberalismo rojo y azul".

Recordaron que "LUMA ni siquiera existía: es un engendro de la agenda privatizadora de dos partidos políticos, los mismos que llevaron a la AEE a la quiebra y la contaminaron con su incompetencia y politiquería. Con el historial de quienes estarán dirigiendo el proceso, no hay razón para pensar que la empresa que asuma la fase de generación resulte menos desastrosa#.

A su vez, afirmaron que "la privatización aprobada es contraria a la posibilidad de que en el futuro previsible Puerto Rico pueda experimentar la tan necesaria transformación a fuentes energéticas renovables. No tengamos la menor duda de que, con la excusa de que el sol y las demás alternativas 'no satisfacen la demanda', el país continuará atrapado en la dinámica de la disponibilidad de los combustibles fósiles, particularmente del gas natural, que seguirá siendo el presunto 'combustible de transición'. Nada más lejos de la verdad. Puerto Rico estaría condenado a continuar quemando gas -además de petróleo y carbón- por mucho más tiempo, con las consecuencias negativas que ello acarrea".

También aprovecharon para alertar que, "según hemos sido testigos de ese 120% de incremento en nuestras facturas de electricidad con LUMA, es anticipable que el privatizador de la generación solicitará que le aprueben más y más fondos, porque con lo que le asignaron en principio 'no podrán operar'. Será el pueblo quien a través de aumentos en el costo de la energía, cargará con ese costo".