Tres candidatos a la Cámara de Representantes por el PPD denunciaron que la nueva directriz presenta ''trabas burocráticas irrazonables, injustificadas y caprichosas''.

Candidatos a la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático (PPD) repudiaron la firma de la Orden Administrativa 2020-16 por parte del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez, en momentos en que tres representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) fueron señalados por supuestas irregularidades en contratos y salarios de empleados, similares a los esquemas que causaron la salida de otros cinco legisladores penepés por corrupción a nivel federal y estatal.

“Repudiamos la firma de una orden que, precisamente, contradice el propósito de la Ley 141-2019, que dispone que el acceso a la documentación e información pública tiene que ser ágil, económico y expedito. Sin embargo, esta orden presenta trabas burocráticas irrazonables, injustificadas y caprichosas con el fin de que la ciudadanía no pueda ejercer su derecho adecuadamente”, expresaron este domingo los candidatos Deborah Soto, Enid Monge Pastrana, José “Pepe” Ortiz y Luis Collazo.

La orden administrativa establece, entre otras cosas, costos para entregar la información solicitada:

-50 centavos por cada página que se solicite copia simple.

-$1 dólar por cada página que se solicite con copia certificada.

– $2 dólares adicionales por cada página al costo de la copia certificada, si es que se quiere el documento digitalizado.

“Por mencionar un ejemplo de cuál sería el impacto de la imposición de estos costos, en casos como el de Urayoan Hernández, se le entregó al solicitante Orlando Aponte sobre 300 documentos, cuyo costo sería cerca de 1,000 dólares. Estamos hablando de que faltan 50 oficinas de legisladores y dependencias que no han entregado alguna información, por tanto, solicitar la documentación de todas se traduciría a sobre 50,000 dólares. Esto definitivamente no es un acceso ágil, económico y expedito de la información como persigue la Ley 141, al contrario, es una mordaza disfrazada”, argumentó Soto, candidata del PPD por el distrito 10, en declaraciones escritas.

Respecto a la “excusa” que usó el Presidente cameral para justificar por qué no ha entregado información sobre la nómina de la Cámara, Monge Pastrana dijo que “nadie ha pedido la información personal de los empleados o contratistas de la Cámara de Representantes, lo que se ha solicitado es la lista de todos los proveedores de servicios contratados, las horas facturadas por estos proveedores y si rinden servicios directos o a través de una compañía. También, se requirió la lista de individuos contratados por servicios profesionales para ser asignados a la oficina de algún representante, además de los salarios, aumentos autorizados para estos y el tiempo facturado”.

“Al parecer, Johnny Méndez busca desviar la atención sobre el tema del requerimiento de información, sin embargo, firmó una orden administrativa el 15 de septiembre para prohibir la publicación de los expedientes de personal o cualquier información relacionada, lo que podría interpretarse como si estuviera escondiendo algo más grande”, sostuvo Monge Pastrana, candidata por acumulación.

De otro lado, Ortiz, candidato del PPD por el distrito 3 cuestionó “el por qué la información de esta orden administrativa oportunamente sale ahora a la luz pública, justo cuando siguen destapándose casos de empleados legislativos de las oficinas de los representantes Urayoán Hernández, Rafael “June” Rivera y Maricarmen Mas, cuyos salarios son mayores a los de un legislador. También, que se haya firmado en el mismo mes en que las autoridades federales le radicaron cargos por corrupción y malversación de fondos públicos a (los representantes) María Milagros “Tata” Charbonier y a Nelson del Valle. No quisiéramos pensar que esta movida es un intento más de detener que sigan saliendo más casos similares a estos”.

“Al presidente Johnny Méndez le decimos que el pueblo merece saber la verdad y no descansaremos hasta que se haga accesible una información que es pública. Mientras, continuaremos con nuestra labor fiscalizadora, dejándole saber a nuestra gente que este 3 de noviembre sacaremos a la legislatura inescrupulosa del PNP para darle a Puerto Rico una mayoría transformadora que le devuelva el buen nombre a la Asamblea Legislativa”, concluyeron los candidatos.