La Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, desmintió los comentarios emitidos por el secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando Gil Enseñat, mientras crece la controversia municipal por el recogido de basura en la ciudad capital.

Cruz Soto catalogó como 'guapo de barrio' aEnseñatluego que este señalara que no iba aceptar cualquier imposición de cobro por el recogido de la basura en los residenciales públicos en San Juan y que iba a dilucidar la controversia en los tribunales.

'Él fue que habló de tribunales de inmediato. Aquí el diálogo es ninguno. Ya él amenazó con los tribunales. Si él amenazó con los tribunales, que eche para adelante. Como guapo de barrio dice: ‘yo voy para los tribunales', pues ahora tenemos que manejar la conversación de abogados a abogados', fue la contestación deYulínCruz cuando se le preguntó si asistiría a una reunión este próximo lunes y que propone compartir con la agencia gubernamental los programas municipales en beneficio de las comunidades.

Enseñatespecificó que 'nosotros vamos a ir al Tribunal y que sea el Tribunal el que nos ordene que es lo que hay que hacer porque hay un contrato vigente y yo no me puedo ir en contra del contrato'.

En el Municipio de San Juan hay 53 residenciales públicos, en los que 37 de ellos el ayuntamiento tiene un contrato conConWastepara el recogido de la basura según detalló la Alcaldesa en documentos en poder de este medio.

En esa línea, dejó claro que hay que ver quienes recogen la basura en los otros restantes que no aparecen bajo los contratos del ayuntamiento.

'Esa es la gran pregunta. Fíjate si es falso lo que él está diciendo. Él no ha hecho ningún reclamo hasta el día de hoy por una alegada situación que ocurrió el viernes pasado. No sabe lo que tiene entre manos, tuvo que esperar ocho meses que en 16 residenciales el Municipio de San Juan no recoge la basura antes de yo ser la alcaldesa', agregó antes de plantear elcuestionamientode quién está cobrando el dinero.

La Alcaldesa también mostró una ordenanza municipal firmada en el 1974 por el entonces alcalde, Carlos RomeroBarceló, en el que se especificaba que era 'justo y equitativo' que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico le pagara al Municipio por el servicio de recogido de basura a las agencias y otras entidades del gobierno. Esta ordenanza nunca fue implantada según resaltó Cruz Soto.