Mediante órdenes ejecutivas del gobernador Ricardo Rosselló Nevares o medidas legislativas, la presente administración ha armado y desarmado juntas administradoras de corporaciones públicas, con la justificación de consolidar esfuerzos o reducir gastos ante la crisis fiscal.

El caso más reciente es el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en donde, basado en pedidos de la Junta de Control Fiscal (JCF), se creó una nueva Junta de Directores cuyos nombramientos responderán principalmente al gobernador.

'Esto es es el regreso al pasado, volver a las juntas de directores que son más comité de partidos que entes reguladores y de supervisión. Se elimina la fiscalización, se borra la transparencia. Esto que ha hecho el gobierno deRossellóen estos momentos es eso, el regreso del modelo fracasado', expresó el abogado CarlosGallisáBisbal, quienfungíacomo representante del consumidor en la ya borrada Junta de Gobierno de laAEE.

Tras la firma deRossellóNevares, el proyecto introduce una nueva enmienda la Ley 83 de 1941, conocida como la 'Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico', y reduce la cantidad de miembros de la junta a siete. Éstos consistirán de: un miembro electo que representará a todos los consumidores y seis nombrados por el gobernador. De esos seis, tres deben contar con el consentimiento del Senado de Puerto Rico, quienes sugerirán los nombres de acuerdo a un mecanismo de búsqueda de talento.

Mientras, los otros tres nombramientos quedan bajo entera discreción del primer ejecutivo.Anteriormente, bajo la Ley 29 de 2013 que enmendó la Ley 83, la Junta de Gobierno de laAEEcomponía de nueve miembros, de los cuales cuatro eran elegidos por el gobernador con el consentimiento del Senado y bajo el cumplimiento de una lista de requisitos profesionales. De los cinco miembros restantes, dos eran el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio como miembros exofficio; y tres eran elegidos mediante una elección supervisada por el Departamento de Asuntos del Consumidor, de los cuales dos representaban los intereses de los consumidores residenciales, y uno los intereses de los consumidores comerciales o industriales.

'Esto significa que hay una junta que no va a tener ningún poder ahí. Se dirigirá desde la Fortaleza y desde la Legislatura. Comienzana hacer los cambios gerenciales sobre los criterios del partidismo sin tener ninguna consideración por los méritos de los designados y ahí en la Autoridad se estaba tratando de romper esa guerra interna que hay ahí entre energéticos populares y energéticospenepés, que realmente es un obstáculo grande para que la Autoridad haga las cosas que tiene que hacer', señaló GallisáBisbal.

RossellóNevares hizo sus primeros nombramientos a la Junta de Directores de laAEE, entre los que se destacaOmarMarrero,el actual director ejecutivo Autoridad de las Alianzas Público Privadas, la Autoridad de Puertos y el Distrito del Centro de Convenciones.Marrerolaborócomo secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor y miembro de la Junta de Directores de la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACCA) bajo la administración del gobernador Luis G.Fortuño.

Por otro lado, el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (FCTI) también enfrentó cambios recientes en la composición de sus directores.

El pasado 7 de junio, el Secretario de Asuntos Públicos y Política Pública —Ramón Rosario Cortés— anunció la enmienda a la Ley 212-2004, conocida como la 'Ley del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico', para sustituir el Consejo de Fiduciarios por una Junta de Síndicos.

Con los cambios, la nueva junta contará con nueve miembros, de los cuales ocho provendrán del sector privado y serán nombrados por el gobernador. Éstos servirán por un término de tres años. El puesto remanente le corresponderá al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, quien también fue nombrado por el gobernador. Previo a la determinación, el Consejo de Fiduciarios consistía de 11 miembros: cuatro representantes del gobierno y siete del sector privado.

Este proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes (PC1122) y en el Senado sin vistas públicas, lo cual ha generado amplio descontento entre sus miembros quienes alegan que el Fideicomiso es una entidad privada.

'Creo que no aprendemos del pasado, aún en momentos como este. La política partidaria no cede a los intereses del país, siguen siendo los interesespartidistascomo prioritarios', recalcóGallisáBisbal.

Otra institución privada que en jaque por la Legislatura es la Asociación de Empleados delEstado Libre Asociadode Puerto Rico (AEELA), la cual sería sería llamada Asociación de Empleados del Gobierno de Puerto Rico y tendrá cambios estructurales.

'Miren qué interesante que, de los quince miembros, once de ellos van a ser nombrados por el gobernador. Dos por el presidente de la Cámara y dos por el presidente del Senado. Ninguno de esos integrantes será nombrado por sus pares, o sea, empleados públicos que manejan dinero de ellos', denunció la representante Rossana López León sobre el propuesto Proyecto de la Cámara (PC) 1057.

López León hizo hincapié en que, de implementarse la medida, AEELA se convertiría en una agencia pública, lo que la haría parte de la reestructuración de la deuda y 'parte del banquete de los bonistas'.

De acuerdo a la representante Lourdes Ramos Rivera, la medida solo busca atemperar la situación de AEELA a la situación fiscal del país.

'Se crea un nuevo ordenamiento mucho más representativo, una Junta de Gobierno y se establecen nuevos grupos de representatividad acorde con la Ley del Empleador Único. Este es un paso trascendental para asegurar la viabilidad del organismo en tiempos de crisis financiera', afirmó Ramos Rivera, quien radicó el proyecto, a través de declaraciones escritas.

Mientras, otros grupos y agencias de gobierno no han sido exentas de la consolidación o cambios. Aquí una lista:

-El Comité Ejecutivo del Centro de Fusión de Puerto Rico, mediante orden ejecutiva, fue reorganizado para que quedara integrado por los siguientes funcionarios y oficinas: la Superintendente de la Policía de Puerto Rico (Presidente), la Secretaria del Departamento de Justicia, el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Ayudante General de la Guardia Nacional, el Director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el Secretario de Salud y una persona nombrada por el gobernador.

-La creación del Centros de Servicios Integrados propuso la organización de las oficinas regionales de servicios gubernamentales en un mismo lugar de forma tal que los ciudadanos puedan realizar trámites y recibir servicios de forma rápida y eficiente.

-Mediante nuevas directrices, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ejecuta funciones de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM).

-La creación del Departamento de Seguridad Pública, el cual alberga al Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, el Negociado de Ciencias Forenses, el Negociado de Emergencias Médicas, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1 y el Negociado de Investigaciones Especiales.

-Departamento de la Familia ahora ofrecerá los servicios de Administración de Familias y Niños (ADFAN), Administración de Desarrollo Económico de la Familia (ADSEF), Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) y Administración para el Sustento de Menores (ASUME). Los programas y servicios de esas administraciones se reorganizarían bajo una Secretaría Auxiliar de Asistencia Social y la Secretaría Auxiliar de Asistencia Pública.