La Administración Rosselló y líderes novoprogresistas como el expresidente cameral Jose Aponte han declarado en varias ocasiones que la Junta de Control Fiscal y la Ley PROMESA no se pueden meter con los gastos del plebiscito y del recien lanzado Plan Tennessee, pero una lectura del estatuto revela que esto, más que certeza, es interpretación.

El tema del financiamiento del plebiscito, que ha costado ya $7 millones, y los gastos relacionados al Plan han sido objeto de constante evasión por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF) y de la Administración Rosselló, a quienes NotiCel les ha solicitado una declaración sobre si los gastos relacionados con la consulta y el Plan Tennessee están aprobados bajo el estatuto federal que le da a la Junta control sobre el impacto fiscal de la legislación.

De hecho, ninguno de los dos, Gobernador ni Junta, han desglosado cuáles son las certificaciones de impacto fiscal de legislación que se le han remitido a la Junta y cuál ha sido la respuesta de ese organismo rector.

Y no es porque no tengan conocimiento personal.

El domingo pasado, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza García, confirmó a NotiCel que la JCF le había requerido un desglose de los gastos relacionados con el plebiscito y que así se les entregó. Al momento de la entrega, los gastos sumaban unos $7 millones, indicó la funcionaria.

En el caso de la recién firmada ley que autoriza la estrategia del Plan Tennessee, bajo el cual Puerto Rico enviaría a dos 'senadores' y cinco 'congresistas' a lo pasillos del Congreso a levantar conciencia y abogar por la Estadidad, La Fortaleza no ha explicado cuáles son los gastos asociados a la estrategia aunque el Gobernador la presentó el domingo como el próximo paso de ejecución después de que la opción de la Estadidad obtuviera el 97% del voto el plebiscito de menor participación de la historia de Puerto Rico.

Pero, qué dice la Ley PROMESA sobre el estatus?

Se trata de una sola sección, la 402, que en inglés dice:

RIGHT OF PUERTO RICO TO DETERMINE ITS FUTURE POLITICAL STATUS.

Nothing in this Act shall be interpreted to restrict Puerto

Rico's right to determine its future political status, including by

conducting the plebiscite as authorized by Public Law 113–76.

Y en la traducción oficial de la ley al español que publicó la Junta dice:

DERECHO DE PUERTO RICO A DETERMINAR SU ESTATUS POLÍTICO FUTURO.

Nada de lo dispuesto en la presente Ley se interpretará en el sentido de restringir el derecho de Puerto Rico a determinar su estatus político futuro, incluyendo el realizar un plebiscito según lo autorizado por la Ley Pública 113-76.

El lenguaje no incluye la palabra o concepto 'gasto', sólo se refiere a 'determinar su estatus'. Pero, qué quiere decir 'determinar'?

Siendo una ley de reciente aprobación que no tiene precedente en la jurisprudencia de los Estados Unidos en la medida en que es una ley para la administración de las finanzas públicas de un territorio, hay pocas fuentes disponibles que ayuden a interpretar su significado.

En ese sentido, la primera, y más cercana al Congreso, que existe es un informe del Congressional Research Service que explica toda la ley a la luz del historial legislativo. Sobre la sección 402, sólo dice que 'esto incluye un plebiscito futuro (voto popular) que el Congreso financió en la ley de asignaciones presupuestarias del año fiscal 2014'.

Esto parece llevar a concluir que a lo que el Congreso se refería era a lo relacionado con el plebiscito que ellos aprobaron en 2014. El problema con esto es que el plebiscito que ellos autorizaron en 2014 no fue el que se llevó a cabo el domingo pasado porque el que ellos autorizaron requería el aval del Departamento de Justicia federal para el uso de los $2.5 millones asignados y, por su propia admisión, el Gobernador decidió celebrar el plebiscito con dinero de Puerto Rico y sin aval de Justicia federal porque no quería seguir esperando por una segunda revisión de la papeleta, después de que la primera versión de las definiciones de estatus fuera rechazada.

Otra pregunta es si 'determinar su estatus político futuro' incluye los gastos por las estrategias puestas en marcha después de la celebración de la consulta porque, de ser así, la Administración Rosselló podría justificar cuatro años en los que, en medio de la quiebra, podrían gastar millones de dólares en cabildeo, publicidad y otros asuntos relacionados con la consulta del domingo.

Los primeros que podrían aclarar cómo se aplica esta parte de la Ley PROMESA, aparte de los tribunales si les llegara un pleito, es la propia Junta que, hasta ahora, ha optado por mantener un silencio cómplice.

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Informe de CRS sobre PROMESA_25529