En momentos en que se esperan recortes en beneficios a los servidores públicos y en costos operacionales del gobierno para paliar la falta de recursos y poder cuadrar el presupuesto a partir del próximo año fiscal, el gobierno mantiene en secreto la cantidad y las corporaciones que se benefician a traves de privilegios contributivos.

De acuerdo a Nuria Y. Ortiz Vargas, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos, en medio de la crisis fiscal los privilegios contributivos son un gasto no visible que se ha convertido en un presupuesto escondido.

En esta líneaOrtiz emplazó al gobernador, Ricardo RossellóNevares, a que haga público este registro para que los beneficios que se han otorgado puedan ser evaluados críticamente y con transparencia por la ciudadanía a la par con los recortes que se proponen para los sectores más vulnerables del país.

'En una crisis fiscal tan crítica como la que vivimos, un registro público o presupuesto de gastos fiscales es indispensable. Este informe permitirá mejorar la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental', indicó Ortiz Vargas.

La Junta de Control Fiscal (JCF) debe haber recibido un informe sobre estos incentivos, según dispone la ley PROMESA. No obstante, según Ortiz Vargas, la legislación provee que esta información se mantenga con carácter de confidencialidad, lo que abona a la falta de transparencia sobre la utilización de miles de millones de dólares del gobierno.

'Por esto es necesario que se haga público el registro. PROMESA en la sección 208 dice que en seis meses de establecida la JCF el gobierno le debe dar un informe documentando todos los incentivos discrecionales o acuerdos de beneficios contributivos del gobierno y sus instrumentalidades. Sin embargo, en otra sección dice que los mismos serán confidenciales', cuestionó Ortiz Vargas en una mesa redonda con periodistas donde se presentó el informe 'Los privilegios contributivos y el presupuesto oculto: dónde está nuestro dinero?'.

Aunque el recién aprobado plan fiscal del gobierno anticipa una reducción de los llamados incentivos contributivos, hasta el momento se desconoce en qué consisten y quiénes se benefician.

'La reducción propuesta es de $4,200 millones; pero sin ese registro no sabemos qué se está evaluando ni los criterios que se utilizarán para eliminar privilegios contributivos. Vas a eliminar realmente a los que no rinden beneficios o a los que no tengan el dinero para cabildear?', cuestionó Muñoz.

Desde inicios de la administración, el Gobernadoranticipóque se realizará una evaluación de los incentivos contributivos vigentes para evaluar los beneficios económicos y el cumplimiento de los mismos a cargo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

La finalidad de esta evaluación será eliminar aquellos incentivos que no generen costo inversión para el gobierno con el propósito de establecer un nuevo Código de Incentivos para el próximo año. Hasta el momento esta información no se ha hecho pública ni se conoce el resultado de la evaluación que se realiza.

En la presentación del informe: 'Los privilegios contributivos y el presupuesto oculto: dónde está nuestro dinero?', el autor del informe y analista de política pública de Espacios Abiertos, Daniel Santamaría Ots , dijo que los incentivos contributivos o gastos fiscales se otorgan de diversas maneras y se llevan a cabo a través del código de impuestos.

Dichos incentivos constituyen una pérdida estimada de ingresos por parte de un gobierno como consecuencia de dar exclusiones, exenciones, deducciones, créditos contributivos, tasas preferenciales o diferimientos de obligaciones contributivas a una clase determinada de contribuyentes o actividad empresarial. Esta pérdida de ingresos es equivalente a un mayor gasto público y como tal debería reconocerse en las cuentas del estado.

El informe de Espacios Abiertos apunta a ejemplos de países que han logrado contabilizar y hacer visible a la ciudadanía a dónde va el dinero de estos privilegios contributivos, como por ejemplo Estados Unidosdonde 44 de los 50 estados publican un informe periódicamente sobre gastos fiscales que les permiten llevar un control sobre su política pública de gasto gubernamental total.

A principios de la década de los años setenta únicamente Estados Unidos y Alemania los publicaban. En 1983, Australia, Canadá, Francia y España ya los identifican e informan de manera regular. En la actualidad, casi la totalidad de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tiene un registro oficial o presupuesto de gastos fiscales también.

Asimismo, Santamaría Ots dijo que en Puerto Rico se han realizado únicamente dos estudios recientes sobre estos privilegios contributivos, el de KPMG y el del economista Ramón J. Cao García.

De igual modo indicó que varios medios noticiosos han estado tras la pista de lo que ocurre tras bastidores en las decisiones de cuánto y a quién beneficia y a cambio de qué, pero que al presente no se cuenta con información precisa que la ciudadanía pueda acceder.