El exdirector de la Oficina de Tecnología e Informática de la Cámara de Representantes, Víctor Burgos Cotto, fue sentenciado a hoy, lunes, a un año de probatoria y 100 horas de trabajo comunitario voluntario por su participación en el caso de corrupción del otrora recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Perez.

El juez federal Pedro Delgado Hernández no le impuso multa al exempleado cameral por su situación económica y como parte de su colaboración como testigo en el juicio contra los coacusados.

'Siempre he sido una persona honesta, una persona dedicada a mi trabajo. Durante el proceso… recibí una gran lección, que no sé cómo decirlo. Es bien difícil. Han sido lágrimas de sangre', dijo un lloroso Burgos Cotto en su alocución antes de ser sentenciado.

Evidentemente nervioso, detalló que su trabajo como director de la Oficina de Tecnología del Capitolio pasó de ser un paso de orgullo y alegría profesional a una pesadilla repleta de 'humillaciones y rechazo. Por todas las cosas que encontré allí terminé con que me despidieron'.

Burgos Cotto testificó durante el juicio las presiones que recibió para que otorgara un contrato de instalación de un cuadro telefónico en la Cámara de Representantes a la empresa 3Comm Global, propiedad del entonces recaudador del PPD, Anaudi Hernández.

'No puedo hablar… Solicito tratar de continuar mi vida tal cual es y poder olvidar esta pesadilla que me ha pasado', explicó en la sala Burgos, poco antes de escuchar su sentencia.

Durante la vista, el fiscal Timothy Henwood destacó la cooperación del exempleado con las autoridades y lo medular de su testimonio durante el proceso judicial contra los coacusados.

Esta colaboración de Burgos Cotto lo llevó a un acuerdo con los fiscales Timothy Henwood y José Capó para desestimar los cargos radicados en su contra el gran jurado a cambio de ser acusado mediante denuncia de la fiscalía por no reportar la comisión del delito de fraude electrónico. Burgos se declaró culpable en julio pasado.

Durante la sentencia de JavierMuñizÁlvarez esta tarde, elexaspirante a la alcaldía de Moca por el Partido Nuevo Progresista (PNP), se volvió a declarar culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude a programas federales y por fraude electrónico por lo cual fue sentenciado a 21 meses de cárcel y tres años de probatoria así como 300 horas de servicio comunitario.

Muñiz Álvarez es el único de los convictos del caso que fue preso por amenazar a una testigo del caso. Su sentencia se había pospuesto pues según el Juez las partes acordaron unas enmiendas a la declaración de culpabilidad.

Mientras, la vista de sentencia de Xavier González Calderón fue pospuesta para el 30 de marzo, luego que su defensa presentara objeciones al informe. Fiscalía federal tendrá hasta el 29 de marzo para responder a las mismas.

En agosto de 2016, González Calderón-exadministardor de la Cámara de Representantes-, se declaró culpable de participar en el esquema que llevó a la empresa 3Comm Global de Hernández Pérez a obtener un contrato para la instalación de teléfonos en ese cuerpo legislativo.

El rol de González Calderón fue clarificado un poco más en la declaración de culpabilidad del exjefe de Informática de la Cámara, Víctor Burgos Cotto, quien aceptó que la trama del contrato ilegalmente adjudicado a Hernández Pérez, comenzó con una recomendación que él mismo le hizo al administrador de que debería cambiarse.

El mes pasado,el juez Delgado Hernández dictó un año de cárcel, contra la exejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Sonia Barreto.

La misma sentencia fue dictada poco después a Carlos F. Luna, quien también se declaró culpable, la acusación federal le imputa dar declaraciones engañosa sobre la vinculación del coacusado Javier Muñiz Álvarez con la empresa JM Professional <><><><><><><>& Training Group, así como con la involucración de Hernández Pérez en el proceso de obtener los contratos de esa entidad con el Departamento del Trabajo. Relacionado con esto, se le imputó obstrucción a la justicia al intervenir con las computadoras de la empresa que se usaron para el contrato de las ferias de empleo en Trabajo, de forma tal que las autoridades no pudieran llegar a información que buscaban con esos contratos./p

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