Si el alcalde de Guaynabo, Hector O'Neill, no acata la orden del gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló Nevares, su permanencia en la poltrona municipal quedará en manos de los hallazgos que pueda encontrar el Departamento de Justica (DJ) y la posterior apreciación de los hechos que haga la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).

Pero, también, el mismo Gobernador, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental o 'cualquier persona' podría presentar una querella para la destitución del alcalde si mayor dilación, según lo dispone la Ley de Municipios Autónomos.

OmarNegrón, adscrito a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales,explicó a NotiCel que la Ley de Municipios Autónomos provee los requisitos para que un alcalde sea destituido de su puesto, pero a fin de cuentas recae sobre la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), recomendar las acciones a tomar.

En esa dirección, indicó, va el pedido del Gobernador para que el DJ investigue los hechos, pues a base de esos hallazgos el PFEI determinará si el alcalde incurrió en ilegalidad o en conducta inmoral.

La Ley de Municipios Autónomos desglosa cuatro vías por las cuales un alcalde podría ser destituido:

Haber sido convicto de un delito grave o cometer delitos contra la función pública o el erario.

Haber sido convicto de un delito menos grave que implique depravación moral.

Incurrir en conducto inmoral.

Incurrir en actos ilegales que impliquen abandono, negligencia inexcusable o conducta lesiva a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones.

Ante la ausencia de convicciones que pesen contra el ejecutivo municipal, Negrón no descartó que un hallazgo por conducta inmoral medie en la investigación que realice el DJ. Sobre el desconocimiento público del origen de estos fondos, Negrón insistió que O'Neill debería actuar de modo transparente por el bien de suyo y de sus constituyentes.

Pero un comunicado de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, el domingo en la noche parece indicar que esa dependencia sólo busca probar delitos y no evidencia de conducta inmoral.

'Tras advenir en conocimiento de la existencia de una querella administrativa formal ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, y cónsono con el referido cursado en el día de hoy (ayer) por el señor Gobernador, Hon. Ricardo Rosselló Nevares, continuaremos con los esfuerzos investigativos dirigidos a determinar si hubo o no la comisión de delito. Una vez concluida la pesquisa, se evaluará si procede un referido al Panel para su consideración', dijo la Secretaria quien tuvo alguna experiencia esclarecedora durante el fin de semana ya que el viernes en la noche había emitido un comunicado diciendo que no podía investigar las alegaciones contenidas en el caso que transigió O'Neill por $300,000 y en el que se le imputa hostigamiento y agresión sexual.

El sábado el Gobernador presentó un plazo de 24 horas para que O'Neill abordara públicamente las alegaciones y ofreciera explicaciones. El domingo el Alcalde no ofreció dichas explicaciones y reiteró, sin mayor aclaración, que el dinero usado para la transacción no era del Municipio. Tras lo cual, el Gobernador le pidió la renuncia inmediata, ordenó a Justicia que comenzara una investigación y le solicitó al Partido Nuevo Progresista que lo destituyera de sus posiciones políticas.

'El no divulgar el origen de esos fondos simplemente demuestra que no hay un interés del alcalde por comenzar un proceso transparente, o que exista transparencia en este asunto, por lo tanto permite que se puedan pensar otras cosa que no necesariamente han ocurrido', aseveró, pro su parte, el comisionado Negrón.

La querella que transigió el O'Neill por $300,000 se mantuvo en etapa de querella por lo que no llegó a más allá en el trámite judicial. Lo mismo ocurrió en el 2013 cuando O'Neill pagó $285,000 para transar una demanda federal por hostigamiento sexual en su contra, por lo que una denuncia formal contra él nunca ha prosperado.

Según la abogada criminalista, María de Lourdes Guzmán, aunque los fiscales del DJ tienen la facultad de citar a testigos e investigar, sería improbable que la víctima se someta al proceso judicial que conlleve una declaración que impute al alcalde.

'Yo veo muy cuesta arriba que, a estas alturas bajo estas circunstancias, esa dama quiera continuar con ese procedimiento porque la realidad es que estos son casos bien angustiosos. Ya ves todo lo que ha pasado esa señora, después de haber llegado a esa transacción… Eso la disuade a ella de no continuar con un procesamiento criminal porque ella ha sido victimizada en la opinión pública, aunque el alcalde también', explicó Guzmán.

Hizo hincapié que la investigación no necesariamente resultaría en una renuncia por parte de O'Neill si no cuentan con los testimonios necesarios para encausarlo de hostigamiento sexual. 'Se trata de una persona muy poderosa, que ya ha ejercido suficiente abuso, a mi juicio, emocional sobre esa persona y yo dificulto que la persona esté en disposición de someterse al viacrucis que implica llevar un proceso criminal contra este señor', agregó Guzmán.

Ley de Municipios Autónomos - NotiCel_23402