El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Dennis Márquez calificó el martes como refritos las órdenes ejecutivas del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares sobre el control de gastos.

'Las que nos preocupan son las que tienen que declaran estado de emergencia para proyectos de infraestructura porque sabemos que puede haber un impacto en el medio ambiente', dijo Márquez a preguntas de la prensa.

En cuanto a la de igual paga por igual empleo, el representante mencionó que como el escrito habla de equiparar salarios, espera que la consideración sea para aumentar en vez de reducir los sueldos de empleados públicos de corporaciones que se transfieran a otras agencias a realizar labores.

Rosselló Nevares, anunció el lunes, que emitió seis órdenes ejecutivas, entre ellas, para solicitar fondos federales y crear medidas fiscales para el gobierno.

La primera orden ejecutiva, OE-2017-001 fue presentada para decretar medidas de Control Fiscal y Reconstrucción Económica. Esta orden establece que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares se compromete a trabajar de la mano con la Junta de Control Fiscal.

La segunda orden ejecutiva, OE-2017-002 fue creada para, desde la Oficina del Gobernador, crear el Centro de Oportunidades Federales. Con esta orden ejecutiva se crea un puesto para orientar al gobierno y sus dependencias para allegar programas y fondos federales.

La tercera orden ejecutiva, OE-2017-003 que declara una emergencia en torno a la infraestructura de la prestación de servicios, al amparo de la Ley 76 del 2000.

La cuarta orden ejecutiva, OE-2017-004 va dirigida a la creación de un grupo interagencial de Proyectos Críticos para la Infraestructura del Siglo 21, adscrito a la Oficina del Gobernador con el propósito de coordinar los esfuerzos y labores de las entidades gubernamentales en la evaluación y concesión de los permisos y otros trámites necesarios para el desarrollo de los proyectos críticos y estratégicos de infraestructura, presentados de acuerdo a PROMESA.

La quinta orden ejecutiva, OE-2017-005 ordena a las instrumentalidades, departamentos y agencias del gobierno, a realizar un presupuesto Base Cero.

Finalmente, la sexta orden ejecutiva, OE-2017-006 ordena al gobierno y sus dependencias en aumentar la participación de la mujer en puestos directivos, entre otros.

Radican medidas económicas y ambientales

A horas de haber juramentado y cónsono con sus compromisos de campaña, los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el senador Juan Dalmau Ramírez y el representante Denis Márquez Lebrón, anunciaron al país los primeros proyectos de ley para atender áreas como la economía, el ambiente y el estatus, entre otros.

'Hoy anunciamos la radicación de un grupo de medidas que no permiten posposición. Se trata de propuestas cuya urgencia y pertinencia hoy son mayores que nunca ante la crisis política, económica y social que sufre el país. Con este primer esfuerzo atendemos el angustioso problema colonial, el inminente vencimiento del arbitrio del 4% a las corporaciones foráneas, legislación para prohibir el depósito de cenizas y uso del glifosato, así como la creación de una nueva Ley de Costas, el tema de hacer valer la voluntad del pueblo a favor de la unicameralidad, la revisión de la costo efectividad para el país de la otorgación indiscriminada de incentivos a industrias y corporaciones y acabar con el derroche de fondos públicos en anuncios del gobierno ', puntualizó el portavoz senatorial del PIP, Juan Dalmau.

Por su parte, el representante Márquez Lebrón indicó que 'las medidas presentadas son sólo el inicio de las propuestas legislativas del PIP en Cámara y Senado en los asuntos más apremiantes del país que representan los primeros proyectos sobre nuestra visión de lo que hay que hacer para sacar a Puerto Rico hacia adelante. No obstante, mientras no atendamos el problema de fondo de la inferioridad política que es el ELA nada será suficiente y por eso también, junto al compañero Dalmau, iniciamos la legislación para dar paso a una Asamblea de Estatus que permita encaminar un proceso de descolonización'.

Se refería a los proyectos del Senado 125 y 133 de la Cámara para 'convocar a una elección especial mediante la cual el Pueblo de Puerto Rico elegirá una Asamblea de Estatus, definir sus funciones, disponer su composición y la forma de elección de los delegados'.

De otra parte, en el renglón económico, los proyectos del Senado 126 y 134 en la Cámara, presentados por ambos legisladores pipiolos, buscan enmendar la Ley 120-1994 conocida como el 'Código de Rentas Internas de Puerto Rico' con el fin de hacer permanente el arbitrio de 4% a las corporaciones foráneas que representa una fuente de recaudo de sobre $1,800 millones próxima a expirar.

En el área ambiental, proponen crear mediante el los proyectos del Senado 129 y 137 en la Cámara, la 'Ley de la Zona Costera de Puerto Rico' para establecer la política pública en cuanto a la protección, administración y manejo sabio de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de la zona costera del país. Mientras, los proyectos 128 en el Senado y 136 en la Cámara, buscan establecer la política pública sobre la disposición de las cenizas de carbón o de cualquier residuo de combustión de carbón y crear la ley para prohibir su uso como material de relleno en proyectos de construcción o en vías y su depósito en terrenos incluyendo vertederos, sistemas de rellenos sanitarios y en cuerpos de agua natural o artificial en Puerto Rico. De forma similar los proyectos del Senado 130 y de la Cámara 138, pretenden crear la ley para la prohibición del uso de glifosato en el desyerbado de caminos y carreteras estatales o municipales, canales de riego así como cualquier propiedad pública.

Otras medidas presentadas por la delegación del PIP en la Legislatura son la propuesta para prohibir al Gobierno y a las instrumentalidades públicas que incurran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión públicas con el propósito de ensalzar su imagen con fines político-partidistas mediante la extensión a todo el cuatrienio de la veda de anuncios gubernamentales.