La portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón, radicó el jueves, ante el Tribunal Supremo una querella contra el representante Luis Vega Ramos por este, supuestamente violentar los cánones de etica que rigen la abogacía, al presentar hechos falsos en la querella que radicó en su contra en la Comisión de Ética de la Cámara, lo que constituye perjurio.

'Como un intento de manchar mi imagen y desviar la atención del veredicto de culpabilidad de personas ligadas al Partido Popular a nivel federal en el caso Anaudi, Vega Ramos de manera frívola y desesperada radicó una querella en mi contra en la que declaró bajo juramento hechos difamatorios, infamatorios e improcedentes contra mi persona, a sabiendas de que eran falsos y violentando las reglas de éticas que gobiernan la abogacía', dijo González Colón a la prensa.

Explicó que supuestamente, el pasado 7 de octubre, el mismo día en que un tribunal federal encontró culpable a los cuatro acusado en el esquema de corrupción del PPD que involucra a Anaudi Hernández, del cual ya siete personas adicionales se habían declarado culpables, el representante Vega Ramos radicó una querella en contra de la representante Jenniffer González, la cual fue desestimada de manera unánime por el panel investigativo de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, compuesto de miembros del propio PPD, el PNP y la sociedad civil.

En el recurso de Queja sobre Conducta Profesional de los Abogados, presentando por la Portavoz del PNP en el Tribunal Supremo contra Vega Ramos, establece que el representante, abogado de profesión, violentó los cánones 35 de Sinceridad y honradez y 38 de Preservación del honor y dignidad de la profesión del Código de Ética Profesional de 1970 y le pide al Tribunal Supremo que encuentre que el legislador incurrió en violación a los mismos y se provea cualquier sanción disciplinaria que tengan, amparados en su discreción.

En la Queja, González Colón señala que Vega Ramos, 'guiado por motivaciones personales en aras de adelantar su agenda política de cara a las elecciones generales, se valió del mecanismo de Querella provisto por el Reglamento de la Cámara de Representantes para acusarla injustamente, de manera frívola e inflamatoria sin evidencia que sustentara sus alegaciones, y que de hecho, cometió el delito de perjurio al alegar como ciertos unos hechos que a todas luces no fueron señalados por la Contralora de Puerto Rico ni vinculados directamente a su función como Presidenta de la Cámara de Representantes el pasado cuatrienio'.

'De una lectura de los Informes del Contralor DA-17-12 y DA-15-46, claramente se concluye que en los mismos no existe ningún señalamiento en mi contra. Las aseveraciones que el licenciado Vega Ramos hace sobre unos hechos particulares bajo juramento, resultan ser falsos, difamatorios, inflamatorios e improcedentes contra mi persona', establece González Colón en su querella.

Sostuvo que la propia Contralor de Puerto Rico, Yezmín Valdivieso, señaló públicamente que el alegado esquema de fraude que involucra a un contratista y a varios empleados de la Superintendencia del Capitolio (Informe del Contralor DA-17-12), el cual ha desembocado en acusaciones criminales pendientes a ser atendidos en los tribunales, en nada tienen que ver con la expresidenta de la Cámara, ni se le vincula de manera directa o indirecta con los hechos contenidos en el Informe del Contralor DA-15-46.

'Es más que evidente las faltas cometidas a la ética de la profesión por parte del representante Vega Ramos. Ser miembro de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no provoca un distanciamiento de los cánones que rigen a los abogados en Puerto Rico. Al contrario, ocupar un escaño público debe ser motivo de fiel cumplimiento de la integridad y honradez que rigen a los letrados en Puerto Rico. Le pido al Tribunal que adjudique los señalamientos presentados contra el legislador y que aplique las sanciones que a bien entienda', concluyó González Colón en su querella.