Las investigaciones federales por actos de corrupción gubernamental tendrán que seguir nuevas reglas que, para algunos, significan la legalización de cierto grado de corrupción y, para otros, una limitación necesaria al poder de los fiscales.

La nueva visión la impuso el Tribunal Supremo federal recientemente en una decisión unánime, un bloque que usualmente no se ve. Obviamente, la votación implica que también estuvo de acuerdo la jueza puertorriqueña, Sonia Sotomayor.

La doctrina afecta todas las investigaciones de corrupción, incluyendo las pendientes en Puerto Rico y puede explicar el que las autoridades busquen probar delitos adicionales o que no sean solamente aquellos de soborno o que tengan que ver con regalías y donativos dados a políticos.

La razón? Que el elemento clave para un caso de corrupción es que un funcionario o político haya recibido algo de valor a cambio de realizar, o de prometer realizar, un 'acto oficial' para la persona que dió el regalo. El jamaqueón del Supremo viene porque limitó el significado de lo que es un 'acto oficial' para eliminar de la lista aquellas actuaciones cotidianas y regulares del funcionario, como pueden ser reunirse con una persona o provocar que esa persona tenga acceso a otros funcionarios o a otras personas con el poder para favorecer los intereses del donante o el que ofreció el regalo.

Ahora, 'acto oficial' ha quedado circunscrito a cuando el funcionario o político ejerce, o acuerda ejercer, su poder explícitamente sobre un asunto específico, o provocar que otros realicen actos específicos que favorezcan al donante o mecenas del político. Esto deja fuera actos como, por ejemplo, darle al donante acceso al secretario de Gabinete que podría atender su proyecto o interés.

Para los analistas que favorecen la decisión, se trata de limitar la capacidad de los fiscales de criminalizar intercambios entre el político y el constituyente que se consideran parte fundamental del proceso democrático representativo. Para los opositores, se trata de legalizar toda una lista de favores y de tratamientos preferenciales que, sin ser una decisión formal y final de un funcionario, son extremadamente valiosos para los que tienen asuntos pendientes ante el Gobierno y pueden determinar si un proyecto o tema tienen la atención de funcionario, o si no.

En el caso del recaudador popular Anaudi Hernández, una de las figuras que se mantiene en la palestra pública y con cuestionamientos sobre si será o no será acusado, es el presidente cameral Jaime Perelló. Hasta ahora, se conoce de una declaración del exjefe de informática de la Cámara, Víctor Burgos, quien coloca al representante presionándolo de boca para que firmara un contrato que beneficiaría a Hernández, un donante de Perelló. Burgos se declaró culpable de presenciar un delito sin reportarlo a las autoridades y el delito sería, presumiblemente porque las autoridades todavía no lo han confirmado, los movimientos de Perelló y de otros funcionarios para lograr que se firmara el contrato para el beneficio de Hernández.

En el caso que decidió el Supremo, el exgobernador de Virginia, Robert McDonnell y su esposa recibieron un total de $175,000 en regalos y préstamos de parte de un empresario que empujaba porque estado de Virginia se comprometiera a desarrollar un estudio clínico que le ayudaría al empresario a mercadear un suplemento nutricional. Darle préstamos en efectivo, comprar trajes de gala, pagar banquetes de boda, comprarle relojes Rolex y permitírle usar propiedades y un Ferrari fueron algunos de los beneficios con os que el empresario persuadió al matrimonio para que le dieran acceso a funcionarios del gobierno estatal que podrían tomar la decisión sobre el estudio clínico, lo cual no consiguió aunque el gobernador sí le viabilizó reuniones, contactos y presionó a funcionarios para que recibieran al empresario y consideraran su propuesta.

'No hay duda de que este caso es desagradable, y puede ser peor que eso. Pero nuestra preocupación no es con cuentos sórdidos de Ferraris, Rolex y trajes de gala. Es, en vez, con las implicaciones legales más amplias de la ilimitada interpretación del Gobierno de los estatutos de soborno', aseguró el Supremo en su decisión del 27 de junio pasado.

El análisis que se ha desarrollado alrededor del caso critica al Supremo porque la flexibilización de lo que es un 'acto oficial' conlleva prácticamente una ausencia de ley sobre soborno en el gobierno, un vacío que favorece al funcionario corrupto y perjudica al público.

Para más discusión sobre la decisión, vea el SCOTUSBlog.

McDonnell v. United States - NotiCel_20206