Los precandidatos a la Gobernación y la Comisaría Residente por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló y Jenniffer González, presentaron en una conferencia de prensa la Comisión Estadista, con la que pretenden articular un mecanismo que permita la implantación de un Plan Tennessee moderno, que despeje el camino para Puerto Rico reclamar su incorporación a Estados Unidos como el estado 51.

'El mejor plan fiscal para Puerto Rico es la estadidad', manifestó González. La legisladora y aspirante al escaño en Washington subrayó la disparidad en la obtención de fondos federales para Puerto Rico por su condición de colonia, a pesar de aportar como ciudadanos estadounidenses al seguro social.

'No solo recibiríamos los más de 3 mil millones que hoy no estamos recibiendo, sino que permitiría que Puerto Rico se inserte en la economía de Estados Unidos... No se puede seguir discriminando, no podemos pedir que unas leyes federales que adelantan causas sociales y económicas en Puerto Rico se echen para atrás', agregó.

Así justifican la urgencia de traer el tema del status político de Puerto Rico a la conversación sobre cómo afrontar la deuda y sobrepasar la crisis económica.

La Comisión Estadista la integran la expresidenta de la Cámara de Representantes, Zaida 'Cucusa' Hernández Torres, el exvicepresidente del Senado, Orlando Parga Figueroa, el catedrático de finanzas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Carlos Colón de Armas, y el expresidente del Senado, Charlie Rodríguez Colón, todos con la ideología común, desde sus campos de política, economía, finanzas y administración pública, de que Puerto Rico debe avanzar hacia la estadidad.

'No solo vamos a usar el plan Tennessee, vamos a usar todas las estrategias ideológicas para descolonizar a Puerto Rico. [La Comisión] va a hacer toda la búsqueda... El gobernador dice que el estatus no está en issue, y siguen arrastrando al pueblo con las cadenas del coloniaje', expuso González.

Incluso, anunció que su acta de admisión como comisionada residente, sería instar a que el Congreso de Estados Unidos apruebe y viabilice un proceso de admisión junto a una oferta de transición hacia la descolonización, reconociendo así, según González, el resultado del plebiscito sobre el estatus político que se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2012. Para la precandidata, 'ya el pueblo votó', por lo que hay que gestionar es la puesta en marcha de un plan para ejecutar la transición.

Ante las críticas que suscitó el plebiscito por las cuatro opciones que presentaba, González aclaró que las preguntas en la papeleta correspondían a las opciones que se desprenden de los informes presidenciales de Casa Blanca, reconocidas por el Departamento de Justicia Federal, por lo que descarta la anulación del mismo. No obstante, pediría la celebración de un nuevo plebiscito entre opciones de estatus 'no-territoriales'.

'Sostener el colonialismo, el discrimen, la segregación y la desigualdad bajo la bandera americana es un contrasentido a los valores democráticos que sostienen a las instituciones de los Estados Unidos y a sus posturas', lee la Constitución de la Comisión.

La Comisión Estadista estaría encargada de el acopio de documentos que apoyen la estadidad con análisis histórico, constitucional y económico, la elaboración de un estudio sobre el impacto de la desigualdad colonial sobre la crisis económica del Gobierno, la ejecución de un plan para distribuir dicha información a los medios de comunicación y centros académicos de los 50 estados y el establecimiento de enlaces con frentes laborales representativos de la población estadounidense.

Armados con la información que se desprenda de estos estudios, Rosselló anunció que acudiría al Congreso junto a un grupo multisectorial durante los primeros meses del 2017 para pedir acción inmediata de acuerdo a la expresión de Puerto Rico en torno a su estatus político.

Por eso, Rosselló rechazó la invitación del gobernador Alejandro García Padilla para reunirse ante la implantación de una Junta de Control Fiscal, debido a que descartaba el tema del estatus. Se quejó además porque lo que al principio iba a ser un cónclave con todos los aspirantes sentados en mesa de diálogo, se transformó en reuniones individuales, del cual han aflorado puntos de consenso con los que dijo estar en total desacuerdo, tales como la opción de quiebra, la moratoria y el impago.

Desde su punto de vista, medidas como estas 'laceran la credibilidad' del pueblo de Puerto Rico y violentan la constitución en el renglón del pago de la deuda, sin ofrecer propustas para la reducción del gasto gubernamental ni en pro del desarrollo económico.

No obstante, se manifestó en contra de la imposición de la Junta de Control Fiscal por tres razones. 'Uno, no es colaborativa, es totalmente una imposición colonial. Dos, no provee instrumentos de desarrollo económico para Puerto Rico. Y tres, no tiene una ruta clara hacia la descolonización de Puerto Rico', explicó.

En su lugar, proponen una comisión conjunta, en que haya colaboración entre el gobierno local y el gobierno federal, para en primer lugar, pagar la deuda, y acompañar dichas acciones con estrategias de desarrollo económico y un componente hacia la estadidad.

Entre las metas de esta comisión, figurarían reestablecer la credibilidad de Puerto Rico, lacerada según Rosselló por 'la administración García Padilla-Bernier', para que pueda manejar el pago y la emisión de la deuda, borrar 'la negligencia con la que el Gobierno ha actuado emitiendo deuda y utlizándola para gasto gubernamental', y reducir este gasto a partir de una reforma de Gobierno.