Cuando Sally López Martínez -una de las arrestadas por corrupción en el caso del empresario Anaudi Hernández- enfrentó la controversia por la publicación de sus fotos íntimas, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Vance Thomas, salió al paso para ofrecerle su 'apoyo incondicional y respaldo' para ocupar el cargo titular de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), pidiendo que se le evaluara por sus capacidades, conocimiento y compromiso con el país.

Sin embargo, una fuente de NotiCel allegada a Fortaleza y a la Secretaría del Trabajo aseguró a este medio que López Martínez nunca sostuvo una buena relación con el Secretario del DTRH.

'Sally y Vance no se llevaban bien, él no la quería a ella porque no era de su confianza', dijo la fuente quien pidió no ser identificada. Añadió que López Martínez era 'una imposición' que le habían dado a Thomas tras sernominada por el gobernador Alejandro García Padilla.

No obstante, los esfuerzos por atornillar a López Martínez en el puesto parecían insuficientes para convencer al Senado en las vistas para su nombramiento, ya que el informe de la Unidad Técnica de Nombramientos del cuerpo legislativo resultó negativo. Esto se debió a que López Martínez había sido demandada en al menos siete ocasiones por un problema recurrente con una propiedad en Salinas que le habían intentado ejecutar. En su documento de nominación al Senado, había excluido esta información. La funcionaria además reportó ingresos de $80 mil, que no concordaban con su estilo de vida a juzgar por las varias propiedades que mantenía.

En ese contexto, la entonces secretaria de Gobernación, Ingrid Vila, se reunió con López Martínez para informarle que tenía que retirar su nombramiento porque no contaba con los votos, según indicó la fuente. La nominada salió contrariada de la reunión para luego tener un aparte con el entonces secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Jorge Colberg Toro. Con el ahora Secretario del PPD estuvo reunida entre 30 a 40 minutos, agregó la fuente.

En entrevista conNotiCel,ColbergToro negó haberse involucrado en el proceso de nombramiento de López Martínez. 'Eso es un nombramiento que hace el Secretario de Trabajo… Obviamente, como todo nombramiento, las recomendaciones de los secretarios de gabinete, quien los autoriza es la secretaria de Gobernación. Yo nunca. A mí no se me consultó ese nombramiento, ni antes ni durante', respondió.

Sin embargo, Colberg Toro contradijo el testimonio indicando que aunque sabía quién era López Martínez porque había trabajado en campañas de otros candidatos, no la conoció hasta que ya ocupaba su cargo en el Gobierno como administradora. Tampoco negó haberse reunido aquel día en su oficina con la acusada.

El Secretario aclaró que entre sus funciones en la Fortaleza, 'no trabajaba con nombramientos de gabinetes ni jefes de agencia ni hacía ese proceso de nombramiento'. Solamente le han consultado cuando se trataba de personas que hubiese trabajado anteriormente con él.

A pesar de las supuestas instrucciones que impartió Vila, pasaban los días y López Martínez no retiraba su nombramiento. Entonces, prosigue la fuente, desde Fortaleza empezaron a solicitar 'reuniones con miembros del Senado para cabildear' por la funcionaria para que fuera nombrada en propiedad a pesar de la pobre aprobación.

Contactada por NotiCel, laexsecretariade Gobernación prefirió no reaccionar. 'Debido a que la persona sobre la que se pregunta enfrenta acusaciones federales, no me voy a expresar sobre asuntos que pudieran guardar relación con el proceso judicial en curso. Como he indicado, he respondido al FBI y al Gran Jurado federal todo lo que me han preguntado, según mi conocimiento', respondió.

En el pliego acusatorio del caso de Anaudi Hernández, sale a relucir que el 4 de enero de 2013, dos días después de que fuera confirmado García Padilla como Gobernador, Hernández envió un correo electrónico pidiendo a un sujeto no identificado que entrevistara a su 'amiga' Sally López para el 'Consejo de Desarrollo Económico del Departamento del Trabajo'. 'Ayúdame con esto, importante para mí', resaltó el empresario en la misiva.

El 11 de enero, una semana después, López Martínez, quien a finales de diciembre había enviado un correo a Hernández con su resumé adjunto fue nominada por García Padilla para el cargo de administradora interina de la ADL, y sería confirmada el 27 de enero por el Senado. De esa forma, pasó a tener la autoridad y la discreción de firmar contratos en nombre de la ADL.

A los seis meses, y pese a todos los cuestionamientos en el Senado, finalmente López Martínez fue confirmada como administradora en propiedad de la Administración de Desarrollo Laboral, adscrita al DTRH.

Aparentemente, la relación entre López Martínez y Thomas nunca mejoró. 'Tenían roces constantes, constantes, constantes, el hecho de que ella regularmente no le cogía el teléfono, lo dejaba plantado… Sally desde un principio fue un dolor de cabeza… Eso era una guerra desde el principio', insistió la fuente.

'Ella hacía un montón de ferias de empleos sin comunicación con Vance. Ella le pedía recursos para actividades de las que él no estaba enterado y en las que debía participar en calidad de Secretario de Trabajo', prosiguió. Incluso, comentó que algunas de las partidas que utilizaba para la ADL tenían que tener el aval del Departamento de Trabajo, y Thomas a veces no estaba enterado.

Precisamente, uno de los cargos federales en contra de López Martínez, tiene que ver con firmar sustanciosos contratos a cuatro empresas de Hernández, algunos cercanos al millón de dólares en relación a las ferias de empleos.

Uno de los contratos firmado en septiembre de 2013 con JM Professional and Training Group Inc., según enmendado, superó los $944 mil dólares para que la empresa de Hernández organizara ferias de empleos alrededor de la Isla. La empresa nunca mostró los resultados de las ferias que supuestamente dirigió, ni enseñó evidencia del número de participantes que logró conseguir empleo.

La fuente que visitó una de las ferias de empleos que López Martínez supervisó, recordó que esta lucía muy 'lujosa', con una imponente tarima y majestuosos pabellones. La fuente añadió que empleados que llevan años laborando en el DTRH se quejaban porque nunca habían visto que la ADL 'se manejara con tal desorganización' dentro de una 'aperiencia de lujo' que les sonaba extraña, pues la Administración siempre había mostrado un espíritu mesurado y conservador en la organización de sus actividades.

En respuesta a NotiCel, el portavoz del DTRH, José Cruz, indicó que 'no es costumbre de nuestra parte emitir reacciones a los medios cuando se trata de una interpretación u opinión de terceros'.

En febrero del 2014, volvió a aparecer el nombre de López Martínez cuando trascendió información de que en medio de la crisis se había aumentado el sueldo a $90 mil anuales, de $84 mil que recibía, y que además, pagó los servicios de un decorador profesional para su oficina y, por último, contrató como su ayudante a Rosa H. Vicente, esposa del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, otorgándole un salario de $62 mil.

El asesor de prensa del líder cameral, Daniel Hernández, explicó que Vicente llevaba 14 años trabajando en la ADL, y que como los demás empleados, tiene derecho a ascensos y cambios de puestos.

Cuando la ADL se transformó en el Programa de Desarrollo Laboral bajo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), López Martínez aparentemente se quedó nómada. 'A ella no la querían en ningún lado', afirmó la fuente.

Un día, agregó, López Martínez hizo una especie de 'sit-in' en Fortaleza desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, exigiendo reunirse con el Gobernador diciendo que no se iba a ir de ahí sin un puesto. Fue entonces que le ofrecieron el puesto de directora de la División de Ayuda al Ciudadano en Fortaleza, donde laboró hasta su arresto, cuando la removieron del puesto de confianza.