El abracadabra con el que se han manejado los presupuestos y finanzas públicas por años es uno de los más reveladores hallazgos del informe que sometieron tres exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), y tambien uno de los más preocupantes y más evadidos en la ola de reacciones al mismo.

Recientemente,este diario expusolas contradicciones en las diferentes proyecciones utilizadas por el Gobierno para la confección del presupuesto del nuevo año fiscal.

Pero en el informe, esas contradicciones se cuantifican para llegar a la conclusión de que el déficit real del Estado Libre Asociado puede estar entre los $3,500 y $8,250 millones anuales. Una cifra que, en su extremo más alto, es casi lo mismo que el Gobierno recibe en impuestos durante un año. En ese hueco fiscal están, entre otros, millones dejados de pagar a suplidores, y a los sistemas de retiro.

Los elementos de este acto de ilusionismo? Falta de transparencia, data dudosa, y 'proyecciones de recaudo demasiado optimistas'. La solución? Brilló por su ausencia en el mensaje del gobernador Alejandro García Padilla el lunes.

En el informe preparado por la ex primera subdirectora gerente del FMI, Anne Krueger; el exdirector adjunto del Departamento Europeo del FMI, Ranjit Teja; y el exgerente senior del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Andrew Wolfe, se advierte alto y claro que podría haber cierto problema de confiabilidad en los datos provistos por el Gobierno. Pero a través del escrito plasmaron cómo la falta de información fiable ha repercutido en las deficiencias en la ejecución de los distintos presupuestos aprobados y en erosión de la confiabilidad de los mercados.

Los economistas abandonaron el lenguaje técnico del escrito para criticar que 'los analistas no deberían tener que hacer jiu-jitsu con los datos para poder descifrar el déficit fiscal. Se necesitará poner los datos en un formato estandarizado, como se ha hecho en este informe, y deberán ser publicados regularmente'.

La única referencia a esto de parte del Gobernador en su mensaje fue cuando dijo que el Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico que creó tenía que 'hacer cambios radicales en la forma en que se trabajan las finanzas del gobierno y las estadísticas sobre la economía para proveer mayor transparencia y credibilidad'.

No se sabe qué significa para entidades tan imprescindibles en esta área como el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, la Junta de Planificación (JP), el Departamento de Hacienda (DH), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Para los economistas, tener 'mejores estadísticas no son un lujo. Sin ellas, el ELA (Estado Libre Asociado) está a ciegas y la incertidumbre del mercado sobre la evolución subyacente se refleja en la prima de riesgo de la deuda pública. Mejorar las estadísticas y la transparencia de datos podría pagarse por sí solo'.

En el informe,Krueger, Teja y Wolfe, dejaron claro que 'están interconectados y deben abordarse juntos' los problemas por la falta de crecimiento económico y de credibilidad, además de la carga de la deuda pública.

Cómo ocurre el truco

Al mirar las repercusiones por la falta de datos fiables, expusieron cómo 'el presupuesto del Estado Libre Asociado está basado en proyecciones de recaudo demasiado optimistas. Durante los años fiscales 2004-2014, excluyendo incluso la quiebra de Lehman Brothers en el año fiscal 2009, los ingresos reales siempre se han quedado cortos por $1.5 mil millones por año (15% del presupuesto original) en comparación con los estimados de recaudo. El presupuesto también subestima los reintegros que se les deben a los contribuyentes de las planillas radicadas del año anterior. Sobrestimar ingresos también ocurre en otros lugares –pero raramente de forma tan consistentemente grande-. Por otra parte, los ingresos tributarios se han reducido marcadamente relativo al Producto Nacional Bruto (PNB) nominal, de 15% del PNB antes del 2006 a 12% del PNB, a pesar de la implementación de nuevas medidas en el periodo de intervención'.

De hecho, los economistas sostienen que debido a las deficiencias en el presupuesto, 'a mitad del año fiscal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) disminuye su proyección de recaudos y asigna una cantidad máxima para gastos más baja a las agencias. No obstante, la OGP no tiene el poder para imponer esos recortes. Como resultado, las agencias continúan gastando, acumulan deudas por pagar que se quedan en las oficinas o se mantienen temporeramente sin pagar en el Departamento de Hacienda. Estas cuentas por pagar se solían saldar al principio del próximo año fiscal con nuevas asignaciones de presupuesto y emisiones de deuda. Sin embargo, el inventario de estas cuentas por pagar ha ido en aumento en años recientes, alargando la fila de suplidores descontentos y el tiempo de espera para pago. También hay otros problemas con el control de gastos, incluyendo la falta de constatación del pago de nómina'.

Las dilaciones en el pago a los suplidores recientemente han quedado expuestas con la falta de pago a los proveedores de Mi Salud. Esta situación, por ejemplo, ha llevado a muchos médicos a considerar emigrar del país, mientras otros se ven forzados a no seguir atendiendo a los beneficiarios del Plan de Salud Gubernamental (PSG), y otras intentan pasar la tempestad utilizando sus ahorros.

De otro lado, los economistas indicaron que lacera la credibilidad que los 'sistemas de contabilidad de Puerto Rico no han permitido que se monitoreen las tendencias fiscales de una manera oportuna y confiable'. En ese sentido, argumentaron que los informes financieros anuales (CAFR, por sus siglas en inglés), son documentos que no se publican puntualmente y resultan ser 'densos y difíciles de entender'. A su vez, los datos provistos por el DH sobre las obligaciones y compromisos del Fondo General se publican parcialmente, y no permite conocer a ciencia cierta el tamaño real del déficit.

'Estos elementos que faltan –desaparecidos debido al marco conceptual del Fondo General en lugar de cualquier intención de engañar- no son sutilezas de contabilidad, sino que impactan las operaciones del Gobierno. Por ejemplo, si los pagos de intereses que el BGF tiene que hacer agotan su balance de caja, esto impacta la calificación crediticia del Estado Libre Asociado y su acceso al mercado –aún si el déficit de caja del Fondo General fuera cero. Similarmente, si las numerosas agencias pequeñas corren grandes déficits, estos reducen los balances de caja disponibles para el Estado Libre Asociado. Un análisis de la sostenibilidad fiscal y de la deuda no se puede realizar en una medida tan limitada como lo es el balance en el Fondo General', sentenciaron.

Tras una modificación de las métricas, los economistas indicaron que el déficit total del Gobierno fluctuará entre los $3.5 mil millones a $8.5 mil millones al año hasta el año fiscal 2025.

La falta de transparencia fiscal no es asunto que solo atañe a Puerto Rico, sino que ha calado en otros países.

En el informe 'Transparencia fiscal, rendición de cuentas y riesgo fiscal' del FMI se plantea que 'la falta de datos puntuales y confiables sobre el déficit y la deuda del gobierno contribuyó al derrumbe de la confianza del mercado en Grecia y Portugal. Las obligaciones ocultas o implícitas con empresas públicas y alianzas público privadas fuera del perímetro del gobierno general, perjudicó las finanzas públicas cuando la crisis se desató en Alemania, Estados Unidos, Grecia, Islandia y Portugal. En España, Grecia y Portugal, el sistema presupuestario y contable, y la presentación de informes de los gobiernos, no pudieron plasmar ni controlar compromisos de gasto, lo cual resultó en la acumulación de pagos atrasados durante y antes de la crisis'.

'La crisis reveló que incluso en las economías avanzadas, el conocimiento que tenían los gobiernos sobre su posición fiscal era insuficiente, según lo demostrado por déficits y deudas que no se habían registrado hasta ese momento. En segundo lugar, la crisis demostró que, en muchos casos, los países habían subestimado sustancialmente los riesgos para sus perspectivas fiscales, en especial, los que emanaban del sector financiero. En tercer lugar, el brusco deterioro de la orientación fiscal que acompañó a la crisis y la consiguiente necesidad de realizar ajustes fiscales incrementaron los incentivos para que los gobiernos realizaran actividades que ocultaran el verdadero estado de sus finanzas. Por lo tanto, es fundamental poner en marcha un esfuerzo internacional revitalizado para la transparencia a fin de reflejar las lecciones que dejó la crisis y de prevenir un resurgimiento de la opacidad fiscal',añadieron.