El juez Ángel Pagán, del Tribunal de Primera Instancia, ordenó al banco FirstBank entregar parcialmente información en su poder que tiene que ver con transacciones entre la empresa Ramallo Bros. Printing y el Municipio de San Juan cuando su alcalde era Jorge Santini, y que son objeto de una investigación de la Legislatura Municipal de la Capital.

La pugna legal es parte de una pesquisa en la que el cuerpo legislativo capitalino busca precisar cómo fue que el Municipio de San Juan llegó a adquirir la parcela de 33.5 cuerdas en la que ubica el edificio de la imprenta de Ramallo.

El Municipio hizo la transacción en 2010 y, en 2011, el entoncesalcalde Santini anunció que crearía la San Juan Film Commission y que allí se levantaría un estudio de cine.

Sin embargo, durante las vistas de transición en 2013, los exadministradores de la ciudad dijeron que no habían conseguido inversionistas para el proyecto. Por otro lado, y a pesar de la venta, Ramallo se acogió a la protección de la Ley de Quiebras.

En síntesis, adujo que cumplió con la reproducción de aquellos documentos que no violentan secretos de negocio ni contienen información confidencial de clientes ajenos a la investigación. Además, afirmó que la Legislatura utiliza su poder de investigación como un subterfugio para ir en una expedición de pesca en contra de las partes involucradas en la transacción de compraventa

'[S]i bien es cierto que la legislatura (municipal) tiene el poder para investigar y tiene un interés legítimo en verificar una transacción realizada por el Municipio de San Juan, no es menos cierto que su alcance de los documentos solicitados es muy amplio, pues pretende que se divulgue información privilegiada y confidencial. Según se ha resuelto jurisprudencialmente, cuando existen documentos que se consideran confidenciales por razón de los privilegios, no procede la divulgación en su totalidad solicitada. Procede la divulgación condicionada', determinó el juez Pagán al detallar cuáles expedientes en poder del banco serían divulgados y cuáles no.

Los no divulgados se mantienen así 'por contener documentación confidencial relacionada a secretos de negocios e información financiera de terceros, así como opiniones legales', añadió.

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