Aunque el derecho favorece al gobierno en su plan de modificación de beneficios a los empleados públicos, la actual administración ha manejado la discusión de la Ley de Sustentabilidad Fiscal con poca transparencia y sin dar una oportunidad real de diálogo a los sindicatos en la fase de redacción de la ley ya que los sindicatos no están obligados a renunciar a sus beneficios, opinó un reconocido exsecretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

Ruy Delgado Zayas hizo sus comentarios en entrevista con NotiCel al preguntársele acerca de la Ley de Sustentabilidad Fiscal del Gobierno, la cual fue aprobada por la Cámara el viernes. La propuesta ley virtualmente enmienda convenios colectivos en todas las ramas de gobierno para recortar beneficios, regula traslados de empleados, provee para el congelamiento de plazas y hasta establece como se harán los pagos en demandas contra el estado. La propuesta ley, no obstante, da la oportunidad a las uniones de renegociar otros términos en sus convenios, los cuales estarían vigentes hasta el 2017.

Delgado Zayas, quien ha dedicado su vida profesional a estudiar el Derecho Laboral, opinó que se le debió de haber dado a las uniones la oportunidad de proveer ideas al gobierno para evitar recortes a sus beneficios. No obstante, catalogó como de 'un logro' el que uniones que representan empleados en agencias se hayan sentado a negociar la forma en que se harán recortes a sus convenios porque lograron salvar los mismos.

Las organizaciones sindicales que representan empleados en corporaciones públicas, las cuales no se rigen por la Ley de Sindicalización, han rehusado negociar los términos de sus convenios con el gobierno y exigen que no se apruebe la Ley de Sustentabilidad Fiscal o Proyecto de la Cámara 1922.

'La uniones no están obligadas a renunciar a sus convenios', dijo Delgado Zayas. El también profesor de derecho laboral, sin embargo, recordó que el gobierno legalmente puede convertir en ley la propuesta Ley de Sustentabilidad Fiscal porque el Tribunal Supremo ya sostuvo que se pueden recortar o posponer beneficios en convenios colectivos cuando validó la constitucionalidad de la Ley 7 de Emergencia Fiscal.

En el 2010, el más alto Foro de Puerto Rico dijo que la actuación del gobierno al promulgar la Ley 7, y las cesantías resultantes, no violaba el debido proceso puesto que dicha actuación constituía una acción razonable dirigida a salvar la solvencia del erario, a la luz de las circunstancias que vivía el país.

'En este caso se restituyen los derechos en tres años', subrayó sobre el actual proyecto al contrastarlo con la Ley 7.

Aunque Delgado Zayas declaró que no tiene dudas de que hay una crisis fiscal en la isla, opinó que el gobierno tiene un problema de percepción porque aparentemente hay unos sectores que no están siendo afectados por la emergencia fiscal a pesar de que se le pide sacrificios a todo el mundo. Dio como ejemplo la misma Legislatura donde parece ser que no se ha tocado a los legisladores.

Aunque los efectos de la propuesta ley son temporeros, la propia legislación establece que se podría extender tres años más a partir del 2017 si la crisis continúa. En ese sentido, Delgado Zayas dijo que ve el panorama económico como uno difícil y que no prevé mejoría.

El profesor alabó iniciativas para fortalecer la agricultura, como lo es la propuesta de volver a traer la industria de la caña, y la reciente ley para dar incentivos a los pequeños y medianos empresarios. No obstante, dio que el gobierno debe hacer mayores esfuerzos para aligerar la permisología para que los empresarios puedan operar.

'Vamos a ver si funcionan (las iniciativas)...pero todavía tenemos la tranquilla de los permisos', dijo.