El gobierno de Alejandro García Padilla ampliará el acuerdo de entendimiento que heredó de la pasada administración de Luis Fortuño que permite el procesamiento federal de decenas de casos, aunque esta vez se le puso una fecha de efectividad de un año.

En entrevista exclusiva con NotiCel, el designado secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, fue enfático en que visualiza el acuerdo como una medida 'temporera' y se reafirmó en que, bajo su mandato, Justicia no claudicará a su deber ministerial de procesar aquellos casos en los que haya jurisdicción compartida.

El acuerdo que estaba vigente bajo la administración Fortuño cubría las áreas de San Juan, Carolina, Bayamón, Caguas y Ponce y venció el pasado 31 de diciembre. El nuevo 'Memorando de Entendimiento' (MOU, en inglés) entre federales y estatales se ampliará para incluir las regiones judiciales de Guayama y Fajardo.

'Es temporero y tiene fecha (de expiración) del 31 de diciembre de 2013. Todas las jurisdicciones que estaban se quedan y se añadieron dos que son Guayama y Fajardo y ese memorando va a ser revisado nuevamente y de aquí allá pueden también ocurrir situaciones en donde se prosigan esos casos a nivel de Puerto Rico', destacó el titular de Justicia.

'Es en lo que Justicia se sigue preparando adecuadamente en el sentido de adiestramiento, equipo y quizás cambiar algunas leyes de forma que podamos ser más eficientes a nivel del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para someter y lograr la convicción en estos casos', añadió Sánchez Betances sobre el acuerdo que se firmará.

Recordó, no obstante, que 'irrespectivamente de cualquier Memorando de Entendimiento, hay una jurisdicción federal que puede ser exclusiva'. 'Hay unos casos que son federales, punto', reconoció.

En los que hay jurisdicción compartida, se procesarán a nivel local, insistió.

'Yo quiero acabar con la impunidad venga de donde venga. Ese es uno de mis objetivos principales', sostuvo.

Bajo el acuerdo, la fiscalía federal procesa a las personas que haya cometido ciertos delitos que el Estado ha delegado para que una vez capturados los delincuentes permanezcan encarcelados en los que se celebran los juicios en su fondo. Ello, para evitar que si son procesados en la esfera local se les conceda la libertad bajo fianza como requiere la Constitución puertorriqueña.

En el sistema judicial estadounidense, la fianza no es un derecho constitucional, sino un privilegio.

A preguntas de NotiCel, la jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, se mostró complacida con lo que será el nuevo MOU que da prioridad al procesamiento judicial federal.

'Eso es lo que va a pasar inicialmente. Hemos estado en un diálogo extenso con el Secretario de Justicia y obviamente él me ha expresado su interés en cada día más pues la parte estatal, los fiscales y la Policía, llevar los casos también en el foro estatal. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso', afirmó la fiscal Rodríguez.

'Lo que sucede es que la iniciativa de Armas y Reducción de Violencia ha tenido mucho éxito porque han bajado los asesinatos. Ha tenido mucho éxito precisamente porque contempla todos los casos que se siguen y un procesamiento en el Tribunal Federal, todavía estamos viendo los resultados (positivos) de haber sacado de la calle a todos esos criminales y asesinos gatilleros de las diferentes organizaciones y hay una baja del crimen en todas esas áreas en las que hemos llevado la iniciativa y eso va a suceder, con el favor de Dios, en los dos distritos judiciales adicionales que mencionó el Secretario de Justicia

Mientras, el gobernador García Padilla sentenció: 'El que no quiera ser procesado en la esfera estatal y la esfera federal que no delinca (sic)'.

A continuación, NotiCel reproduce la lista de delitos que son procesados a nivel federal, aún cuando son delitos locales también.

• Algunos casos de posesión o tráfico de sustancias controladas en puntos de entrada a la Isla, incluyendo aeropuertos y terminales de crucero.

• Robo de vehículos de motor (o 'carjacking'), incluyendo donde hay muerte o grave daño corporal, si la víctima es secuestrada o tomada como rehén o si se utiliza un arma automática o un arma con el número de serie mutilada.

• Robo de bancos, cuando hay muerte o grave daño corporal, si se utilizan armas de fuego, si se toman rehenes o se lleva a cabo un secuestro, y si existe prueba de que los asaltantes son parte de una organización criminal o terrorista, si la cantidad del robo es mayor de $50,000, y si el que comete el robo es un reincidente de delito grave.

• Posesión de armas, particularmente en actos relacionados al tráfico de drogas, organizaciones criminales, y atentados terroristas, entre otros. • Hobbs Act: interferencia o tentativa con el comercio interestatal por robos o extorsión, si la cantidad excede de $50,000.

• Ofensores sexuales y delitos sexuales contra menores: posesión de pornografía infantil y material relacionado; si el caso envuelve tráfico y prostitución de menores; o si el ofensor sexual no se ha registrado en el registro de ofensores sexuales (conocido como el Sexual Offender Registration Notification Act).

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