Como quien hace una quiniela en la agencia hípica, más de una veintena de grandes donantes han apostado a los dos caballos favoritos en carrera por la gobernación, Alejandro García Padilla del Partido Popular Democrático (PPD) y Luis Fortuño del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Así lo revela la investigación y cruce de datos llevados a cabo por el Centro de Periodismo Investigativo, mediante los cuales se recopiló la información de los donantes a las campañas políticas en la Isla, entre los meses de enero a mayo de 2012. Esta información fue extraída de los informes sometidos por los candidatos y los partidos a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en un trabajo exhaustivo de varios meses.

Estos donantes que juegan a dos bandas demuestran de forma clara que los negocios trascienden cualquier ideología política y temen que si apuestan solo a un 'caballo' puedan perder sus posibilidades de hacer negocio con el futuro gobierno de Puerto Rico. El esquema apunta además a la dependencia del gobierno que existe en la empresa privada.

El cuaderno Dinero, Política y Elecciones, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, luego de observar procesos y legislación electoral en el Caribe y Latinoamérica, explica que el problema de la financiación de la política ha adquirido una importancia cada vez mayor por sus consecuencias en la transparencia de las elecciones y porque deteriora la legitimidad del sistema democrático y la ética de la administración pública. A partir de los escándalos de corrupción, resulta necesario garantizar una mayor transparencia y equidad en el financiamiento político, argumentan sus autores Kevin Casas Zamora, Jorge Mario García Laguardia y Daniel Zovatto Garreto.

Los apostadores

Entre los donantes que cruzan líneas de partido resaltan nombres como el del exfiscal federal Osvaldo Carlo, o el productor de eventos José 'Pepe' Dueño Palmer. También aparecen Andrés Garganta, ingeniero de ascendencia cubana radicado en Miami, vinculado al sector de la transportación y Arturo Ondina, contable, auditor y socio de la firma internacional de contabilidad Ernst <><><><><><>& Young LLP en Puerto Rico./p

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Carlos Mallol es otro de los que cruzó líneas. Mallol es un ingeniero dedicado a la construcción y su firma estuvo a cargo de la construcción del Coliseo José Miguel Agrelot y donó $2,500 al PPD, y la misma cantidad al PNP, así como a los candidatos Alejandro García Padilla y Luis Fortuño, para la suma de $10,000 aportados./p

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La ley electoral vigente permite que los donantes aporten un total de $12,500 a distintos candidatos y partidos, siempre que cada donativo no exceda individualmente los $2,500./p

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Además, destaca entre los 'apostadores' Guillermo Pérez Martínez, contratista vinculado al proyecto del controversial gasoducto mediante la firma UNIPRO Architects, Engineers <><> Planners, con un contrato de más de $6,000,000 por el manejo y supervisión de la construcción de la obra que nunca se llevará a cabo. También tiene un contrato con la Administración de Vivienda Pública por $2,061,694.68./p

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'Esto lo que demuestra es que el gran negocio de este país sigue siendo el gobierno; el contrato gubernamental', analizó Jorge Benítez Nazario catedrático de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

José Valdés Muzaurieta, de la industria de la construcción y propietario de VRM Enterprises, fue otro que hizo su dupla, al igual que Michael G. Lefkowitz, principal oficial ejecutivo en Caribbean Property Group, LLC, una empresa dedicada a bienes inmobiliarios.

Michael Odishelidze hizo lo propio y se identifica como consultor financiero y dueño de la compañía Employer Benefits Associates. Por su parte, Ricardo del Campillo, asociado a la industria de seguros y presidente de la compañía internacional Fulcro, también aportó a las arcas de los candidatos del PNP y del PPD al son de $1,000 a cada uno.

Según Benítez, la donación electoral responde en muchos casos al pago de una deuda por 'favores' por venir, o por favores, es decir contratos, recibidos en el pasado. 'Quienes obtienen el contrato saben que tienen que seguir pagando, para poder seguir con los contratos. El que lo obtiene, sabe que le debe al candidato, sabe que está en deuda con esa persona. Y de alguna manera va a pagar esa deuda', asegura.

Por su parte, el Contralor Electoral Manuel Torres reconoce que llama la atención que una persona le dé dinero a dos de los candidatos que se enfrentan en las urnas y valida la preocupación ciudadana de que el donativo político incida en las decisiones gubernamentales. 'Si por alguna razón esa situación se diera, este intercambio de donativos por acciones gubernamentales, sean cuales sean, y sea el partido que sea, y nosotros lo detectáramos, tenemos la obligación de tomar las acciones que dentro de la ley nuestra podamos y referirle a las entidades adicionales, al Contralor, Oficina de Ética o Departamento de Justicia, el señalamiento que encontremos'. La figura de Torres ha sido cuestionada y se le ha relacionado a un alegado un esquema de financiamiento ilegal de campañas por el cual se inició una investigación federal que no ha producido resultados. El funcionario ha rechazado dichas acusaciones.

Para ver la historia completa, la listas de donantes y el vídeo visite el Centro de Periodismo Investigativo.