Desde que se aprobó la ley habilitadora para la celebración del plebiscito criollo el 6 de noviembre, mucho se ha especulado sobre el posible impacto que esta consulta pudiera tener en el Congreso de los Estados Unidos y en el futuro de las relaciones entre Puerto Rico y el gobierno del país norteamericano con sede política en Washington D.C.

Sin embargo, si algo ha quedado claro es que nuevamente Puerto Rico se ha fragmentado políticamente debido a las múltiples discrepancias entre quienes apoyan esta consulta versus aquellas personas que entienden que existen otros mecanismo procesales más efectivos para resolver el asunto del limbo político entre la isla y los Estados Unidos de América.

Tal choque procesal entre diferentes grupos políticos pudiera nuevamente confundir a un Congreso estadounidense que no tiene a Puerto Rico entre sus asuntos prioritarios.

De hecho, un informe que publicó el martes el Servicio de Investigación Congresional (CRS, por sus siglas en inglés) deja claro que, para los ojos congresionales, el ejercicio plebiscitario de este año parece confuso. Incluso, expresa dudas directas sobre si la forma en que está diseñada la papeleta y el proceso de conteo abonarían a que en algún momento se tenga un resultado claro y aceptado por todas las partes, y por el Congreso.

A diferencia de los tres plebiscitos 'criollos' anteriores (1967, 1993 y 1998), la versión del 2012 presenta una pregunta adicional a la ya tradicional consulta que le pide al elector seleccionar entre posibles opciones de status descolonizadoras.

En esta ocasión, los y las votantes de Puerto Rico tendrán la oportunidad de contestar primeramente si desean o no continuar con la actual relación de Estado Libre Asociado (ELA) territorial que la isla tiene con los Estados Unidos.

Esa pregunta inicial en la papeleta será seguida por una segunda consulta para escoger entre las opciones de status de estadidad, independencia y una tercera opción que es una vertiente de libre asociación soberana, pero que aparece bajo el nombre de ELA soberano.

Como era de esperarse, el gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) apoya plenamente la propuesta de plebiscito que se diseñó bajo la mayoría de esa colectividad en la legislatura y con el aval del gobernador Luis Fortuño.

Según lo planteado por varios de sus principales líderes, el PNP está lleno de optimismo y confía que un triunfo del 'No' en la primera pregunta, es decir un rechazo al status territorial actual, sumado a un triunfo de la estadidad en la segunda consulta de la papeleta, ejerzan la suficiente presión como para persuadir al Congreso estadounidense de admitir a Puerto Rico dentro de la Unión que actualmente cuenta con 50 estados federados.

Además del PNP, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) avala totalmente la consulta por entender que indistintamente del resultado que se obtenga en la segunda pregunta del plebiscito, un rechazo al ELA territorial actual en la primera pregunta acercará a Puerto Rico a un proceso de descolonización que se complementará con el rechazo histórico que la mayoría de los puertorriqueños han presentado ante la posibilidad de convertirse en un estado federado de la Unión.

La opción del ELA soberano será defendida por una organización no partidista llamada Alianza Pro Libre Asociación Soberana (ALAS).

El surgimiento de ALAS como defensora de la opción de ELA soberano responde al rechazo que el Partido Popular Democrático (PPD) ha presentado ante la propuesta de desarrollar autonómicamente el status territorial actual a través del mecanismo procesal del plebiscito local, según diseñado por el PNP con la ayuda del PIP.

La postura de rechazo del PPD es precisamente lo que comienza a complicar el panorama y dificulta cualquier interpretación dirigida a evaluar los resultados del plebiscito como unos claros y contundentes.

La confusión pudiera surgir no necesariamente por el hecho de que el PPD ejercerá su prerrogativa democrática de rechazar una consulta, sino más bien por la forma en que la colectividad popular consignará ese anunciado rechazo.

El PPD tomó la decisión de utilizar la papeleta plebiscitaria como foro de protesta ante la administración rival de Fortuño. En ese sentido, la Junta de Gobierno de esta colectividad hace un llamado a votar 'Sí' en la pregunta de apoyo al actual ELA territorial y a abstenerse de contestar la segunda pregunta sobre las tres opciones de status.

Si bien el apoyo popular por el 'Sí' es promovido como un mero voto de protesta ante Fortuño y el PNP, la posibilidad de que esta opción salga airosa en la primera pregunta podría ser interpretada en el Congreso estadounidense como una prueba de que en Puerto Rico la gente desea mantener el status territorial actual. Al fin y al cabo, en un Congreso federal donde Puerto Rico no es prioridad legislativa, poco importan las rencillas tribales entre los rojos y azules de la isla.

Incluso, de ganar el 'No' en la primera pregunta y la estadidad en la segunda consulta, el PPD pudiera activar sus influencias dentro del Partido Demócrata y su equipo de cabilderos para instar al Congreso a cuestionar la legitimidad del plebiscito e ignorar sus resultados.

Tampoco olvidemos que el plebiscito a celebrarse el mismo día de las elecciones generales no surgió en el Congreso de los Estados Unidos, sino que es una iniciativa que forma parte de la política que el gobernante PNP ha desarrollado con el propósito de presionar a Washington a actuar en aras de enmendar la relación territorial que tiene con Puerto Rico.

En ese sentido, el Congreso federal no está obligado a acatar la voluntad del electorado puertorriqueño, a menos que los votantes boricuas opten mayoritariamente por la independencia que es una opción descolonizadora reconocida y garantizada por el derecho internacional.

Cualquier otra opción ganadora, ya sea la estadidad o el ELA soberano, estará sujeta a factores tales como el nivel de interés y el tipo de interpretación que pueda ofrecer la otra parte involucrada, el gobierno de los Estados Unidos. En otras palabras, un triunfo de la estadidad o el ELA soberano no garantiza un cambio automático en el status político de Puerto Rico.

Si a este complejo escenario le añadimos las posturas de neutralidad de los partidos nuevos, o hasta la petición de boicot y llamado a destruir papeletas de algunos grupos de izquierda, el camino se hace más empinado para quienes aspiran a reclamar legitimidad con los resultados del plebiscito criollo.

Ante este escenario, tendrá este plebiscito algún impacto político sobre las relaciones de Puerto Rico y los Estados Unidos?

Se debe participar?

Informe congresional sobre el plebiscito 2012_125