Esto porque supuestamente incumplen Ley 167-2020, al promover la realización de otro plebiscito y no la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos.

Miembros del Partido Popular Democrático (PPD) solicitaron al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, la destitución de los delegados de la estadidad por violar la Ley 167-2020, conocida como Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico.

Además, miembros de la colectividad anunciaron que estarán radicado un planteamiento ante la Oficina de Ética Gubernamental contra los delegados por básicamente incumplir sus labores.

El presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, en conjunto del Secretario Auxiliar de Asuntos Federales del PPD, Pablo José Hernández, y los presidentes de las comisiones de Asuntos Federales de Cámara y Senado, el representante Joel Sánchez y el senador Juan Zaragoza hicieron el reclamo en una conferencia de prensa.

“Hoy nos encontramos para expresarnos sobre un asunto que el país ha estado viendo durante los pasados años en este cuatrienio de cómo el gobierno del PNP (Partido Nuevo Progresista) ha invertido una cantidad millonaria en un esfuerzo que puramente es para adelantar intereses partidistas pero que está siendo pagado con fondos públicos del pueblo de Puerto Rico”, mencionó el presidente del PPD Jesús Manuel Ortiz.

“La Ley 167- 2020 crea un grupo de funcionarios electos por el pueblo de Puerto Rico para exigir al Congreso de los Estados Unidos la anexión de la Isla como un estado, teniendo como base los resultados del plebiscito celebrados en el 2020”, indicó Ortiz.

En el 2021 el congresista Darren Soto radicó previo a la elección de los delegados por la estadidad el Proyecto HR 1522 que murió en diciembre de 2022.

Actualmente el Congreso de los Estados Unidos no tiene un Proyecto que busque la anexión de Puerto Rico con los Estados Unidos. Sin embargo, tiene bajo consideración el proyecto de Jenniffer González, Steny Hoyer, Darren Soto, Raúl Grijalva y Nydia Velázquez que busca la celebración de otro plebiscito para la Isla.

“Es decir, no hay razón para que los cabilderos de la estadidad estén derrochando el dinero del pueblo de Puerto Rico para promover otra consulta que no tendrá resultados en la capital federal”, sostuvo Ortiz.

“Este grupo no está cumpliendo su deber ministerial en violación de su propia ley habilitadora, ya que están estrictamente atados al plebiscito del 2020 para abogar la celebración de otro plebiscito. La creación de estas posiciones le dan un mandato claro que es abogar por la anexión de Puerto Rico, no es abogar para otro plebiscito. Así que, lo que hacen está fuera de lo que establece la propia Ley 167”, agregó Ortiz.

En el Artículo 5 de la Ley 167 de 2020 establece que la función de los delegados “será exigir al Congreso de Estados Unidos que respete y haga valer el resultado del Plebiscito de 2020 y proceda admitir a Puerto Rico como un Estado de Estados Unidos de América”.

SIn embargo, la Ley 165-2020 autoriza al Gobernador a convocar mediante una Orden Ejecutiva cuando lo entienda necesario una votación para ratificar el resultado a favor de la estadidad del 2020. Incluso señala la ley que el Gobernador podrá llevar a cabo una consulta electoral con una papeleta avalada por el Departamento de Justicia Federal.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales, Estatus y Veterano de la Cámara de Representantes, Joel Sánchez Ayala expresó que estará atendiendo la derogación de la Ley 167-2020 mediante el Proyecto de la Cámara 139.

“En el pasado 5 de diciembre, en la comisión que presido, se aprobó el Proyecto de la Cámara 139 para derogar la Ley de los cabilderos. Proyecto que hoy bajará a la consideración de la Cámara de Representantes y que se encuentra en el calendario de Órdenes Especiales del Día. También tenemos una Resolución de la Cámara 535 que es una investigación sobre el trabajo que han realizado los cabilderos de la estadidad”, respondió Sánchez Ayala.

Luego de la conferencia de prensa, Sánchez Ayala se reunirá con los miembros de la Comisión para presentar el informe de los hallazgos y las presuntas fallas éticas.

Precisamente el senador Juan Zaragoza denunció el año pasado los salarios y reembolsos pagados de cinco cabilderos que ascendían la cantidad de $1,008,560.86.

Mientras, el Secretario de Asuntos Federales del PPD, Pablo José Hernández, expresó que los delegados han gastado más de un $1 millón para abogar por la estadidad.

“Este embeleco bochornoso de delegados congresionales ha costado más de un millón celebrando plebiscitos estériles y anti democráticos”, sostuvo Hernández.

Entretanto, el representante Héctor Ferrer aseguró que los cabilderos solo van a divertirse.

"Van a Washigton D.C. a beber, comer y viajar lamentablemente", concluyó.

El Partido Popular Democrático dejó en manos del Departamento de Justicia la destitución inmediata de los cabilderos así como se llevó a cabo por la congresista Elizabeth Torres Rodríguez por incumplir deberes de su cargo.