Cuatro hombres se declararon culpables por conspirar para asesinar al teniente Osvaldo Albarati Casañas, oficial de corrección federal, el 26 de febrero de 2013. El caso fue notorio al ser la primera vez que un funcionario federal caía víctima del crimen en Puerto Rico.

En enero de 2015 un Gran Jurado federal acusó de seis cargos a nueve personas por el asesinato del Teniente Albarati: Ángel D. Ramos Cruz, tambien conocido como 'Api'; Miguel Díaz Rivera, tambien conocido como 'Bolo'; Juan Quiñones Melendez, tambien conocido como 'El Manco'; Orlando Mojica Rodríguez, tambien conocido como' Yogui '; Jayson Rodríguez González, tambien conocido como 'Gonzo', y Alexander Rosario de León, tambien conocido como 'Coquí'.

Los acusados ​​Carlos Rosado Rosado, alias 'Cano', y Jancarlos Velázquez Vázquez, alias 'Jan', se declararon culpables del crimen el 13 de agosto de 2018.

Este 7 de diciembre Ramos Cruz, Quiñones Melendez, Mojica Rodríguez y Rodríguez González fueron declarados culpables por el asesinato. Como parte del acuerdo de culpabilidad, el cuarteto ​​reconoció que conspiró para el crimen contra el teniente Albarati en represalia por las incautaciones de contrabando que logró el teniente junto a otros oficiales correccionales. Desde el Centro Metropolitano de Detenciones en Buchanan, Ramos Cruz contactó a su socio Quiñones Melendez, tambien conocido como 'El Manco', para pedirle que reclutara criminales para el golpe o 'vuelta', termino para describir el plan para el asesinato.

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'El Manco' contactó a su Mojica Rodríguez o 'Yogui', para conseguir recursos e individuos dispuestos al golpe. Consecuentemente, reclutó a Rosado Rosado y Rodríguez González o 'Gonzo' para la 'vuelta'. Mientras, Mojica Rodríguez reclutó a Alexander Rosario de León, alias 'Coqui', como un ejecutor adicional. Rosado Rosado y Rosario de León tambien hicieron declaración de culpabilidad.

Martínez Hernández fue declarado culpable por un jurado el 20 de septiembre de 2018, por su papel en la conspiración tambien. Su sentencia está prevista para el 22 de enero de 2019.

'A lo largo de su carrera en la aplicación de la ley, el servicio del teniente Albarati fue ejemplar, desinteresado y valiente', reconoció la jefa de Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez Velez. 'Con esta convicción damos un paso más hacia nuestro objetivo de responsabilizar a aquellos que llevaron a cabo este asesinato censurable y sin sentido. El Departamento de Justicia continuará honrando el legado del teniente Albarati como funcionario público, su dedicación para salvaguardar a la comunidad y su integridad', agregó en comunicado de prensa.

El asesinato de empleados o funcionarios de gobierno puede conllevar la pena de muerte o cárcel de por vida, al igual que el asesinato a sueldo.

El caso fue investigado por el Negociado Gederal de Investigaciones (FBI por sus siglas en ingles) con la colaboración del Departamento de Justicia federal, la Oficina del Inspector General, la Oficina de Campo de Miami, la Oficina Federal de Prisiones, la DEA, ATF, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, y ICE-HSI, Puerto Rico. El Departamento de Policía, la Policía Municipal de San Juan y otras agencias tambien colaboraron en la investigación.

El caso fue procesado por los fiscales federales Nicholas W. Cannon y Max Perez Bouret.