Las autoridades ofrecieron detalles del arresto de cerca de 50 personas que operaban ilícitamente en el área de Isla Verde y Condado.

El comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa junto al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández anunciaron el lunes la desarticulación de una ganga que se dedicaba a la venta de sustancias controladas en áreas turísticas de Isla Verde y el Condado.

Según explicó el comisionado, desde el fin de semana se han efectuado alrededor de 50 arrestos y se ocuparon 21 vehículos de motor para confiscación, dinero, drogas y tres armas de fuego.

“Con estos arrestos se logró la desarticulación de un extenso esquema de venta de sustancias controladas, entre otros, que involucraba a empleados de negocios de la zona. Este operativo surge a raíz de una denuncia originada en septiembre del año pasado por preocupaciones y denuncias a la Policía de Puerto Rico por parte de residentes y algunos hoteles ubicados en esa área turística”, dijo López Figueroa en conferencia de prensa.

“Los individuos se dedicaban a la venta de cocaína y marihuana. Sus clientes principales eran turistas y huéspedes de los hoteles del área. Estos operaban de manera independiente, aunque algunos se conocían entre sí y realizaban transacciones coordinadas”, añadió.

Según el comisionado, otros de los modos de venta de sustancias controladas en la zona se utilizaba el modo de entrega (delivery).

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, señaló que durante el transcurso del operativo el Ministerio Público presentó un total de 61 cargos contra todos los arrestados en el día de hoy por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico.

“La labor estratégica entre la Policía y el Departamento de Justicia continúa generando resultados de gran impacto en beneficio de los ciudadanos. Estos esquemas afectan la seguridad de los residentes y turistas que visitan nuestra isla. La participación de los fiscales Héctor Siaca Flores y Begoña De Jesús Meléndez, en la etapa investigativa durante este y otros operativos refuerza el procedimiento de recopilación de evidencia y nos permite presentar casos sólidos que cumplen con el rigor y el estándar que exigen los tribunales”, expresó el secretario.

Por su parte, la directora de la División de Crimen Organizado y Drogas de Justicia, la fiscal Janet Parra Mercado, explicó que “contra los imputados se radicaron 60 cargos por violaciones al artículo 401 sobre la venta de sustancias controladas, y un cargo por infringir el artículo 412 que prohíbe el uso de parafernalia”.

“El trabajo coordinado entre los fiscales y los agentes evita que la defensa pueda recurrir a tecnicismos para impugnar la recopilación de la prueba”, agregó la fiscal Parra.

“Este operativo se hizo de forma cuidadosa y estratégica, en varias etapas, para no impactar la actividad comercial y turística de la zona, que también tiene un componente residencial. Una de las fases del operativo consistió en inspeccionar negocios de la zona para asegurar su total cumplimiento. La última fase comenzó el domingo y concluyó en la madrugada del lunes”, sostuvo López Figueroa.

Los esquemas

El coronel Carlos Cruz, jefe de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales (SAOE), detalló que los implicados en el esquema tenían tres modos de efectuar sus ventas ilegales.

Mientras unos establecieron puntos fijos para atender la clientela que llegaba, otros utilizaban sus posiciones como empleados de los distintos establecimientos para mercadear el servicio de entrega de la droga o referían a sus clientes a un tercero que operaba desde su residencia, donde ofrecían una variedad de sustancias, algunos en empaques creativos para crear imagen comercial. Una tercera modalidad fue descubierta por los agentes, la utilización de un sistema de entrega (delivery) como uno de los principales modos de operar.

En los casos en que el vendedor era empleado de un establecimiento, luego de proveerle el servicio relacionado a su lugar de trabajo, este le brindaba una tarjeta o nota con un número de teléfono y le indicaba que podía llamarlo si necesitaba un servicio adicional. Al llamar al número provisto, estos ofrecían directamente los servicios de entrega de alguna droga, detalló el comandante Wilson Lebrón, director de la División de Drogas, adscrita al SAOE.

El Comisionado de la Policía aclaró que de la investigación no surge que los dueños de los comercios tuvieran conocimiento o participaran de algún modo en el esquema de venta ilegal de sustancias. Explicó que incluso, algunos de estos fueron quienes dieron la voz de alerta a las autoridades.

De acuerdo con el director de la División de Drogas Metropolitana, el teniente Iván Bahr, el negocio ilegal resultaba sumamente lucrativo para los implicados, ya que los precios de las drogas en las zonas turísticas podían ser el doble o triple de los de otras áreas. Como ejemplo indicó que la misma bolsita de marihuana que en los espacios turísticos se expendía por $20 en otros lugares se vende en $6. Mientras, una bolsa de cocaína que otras áreas costaría $10 en las en las zonas impactadas se cobraba en $20.

Las órdenes de arresto se expidieron en los tribunales de San Juan, Bayamón y Carolina. A los imputados se les fijó una fianza global de $2,180,000.

El funcionario dijo que el operativo tuvo una primera fase durante los arrestos efectuados en la zona turística en septiembre pasado como parte del Plan de Trabajo 100 x 35, que de forma continua realiza arrestos de personas inmersas en actividades violentas. Durante las primeras intervenciones llevadas a cabo en Condado e Isla Verde, los agentes se percataron de la proliferación de la venta de drogas a los visitantes. Como consecuencia, la Uniformada desplegó una unidad de efectivos para realizar una serie de investigaciones confidenciales con miras a dar por terminada la modalidad delictiva.

En la ofensiva contra el trasiego de drogas participaron sobre 200 agentes de la Policía de Puerto Rico y los fiscales adscritos a la División de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia, con el apoyo de la Drug Enforcement Agency (DEA) y Homeland Security Investigation (HSI). En las diferentes fases, brindaron refuerzo los agentes de la Policía Municipal de San Juan y de la Policía Municipal de Carolina. En la fase de inspección de negocios, se sumó personal de los departamentos de Hacienda, de Salud y del Negociado de Bomberos.