Un menor murió mensualmente, y de forma violenta, de diciembre a marzo, y en mayo dos adolescentes fueron víctimas de la delincuencia y otro falleció a manos de la Policía.

Han muerto uno a uno, sistemáticamente. Todos eran niños. Algunos de apenas 15 años. Y ninguno de ellos se encontraba a salvo, porque la mayoría, a su edad, está inerme. Y al final, muchos terminaron tendidos en la calle, inertes, como aturdidos por ese futuro que no fue.

En las autoridades, esos menores se transforman en números, pero al final siempre son vidas, como la de Ianiel Rodríguez Santiago, de 15 años, quien el pasado 10 de diciembre fue tiroteado hasta morir en un pastizal del barrio Aguacate, en Yabucoa. El adolescente estaba dentro de un Mazda que quedó orillado en la carretera PR-3 y de donde el niño intentó huir de sus atacantes. Pero los sicarios lo persiguieron y lo remataron.

Al mes siguiente, el 25 de enero, en Lajas, una balacera cobró la vida de otro menor, esta vez de 17 años. Luis Vélez murió en medio de un tiroteo en el residencial Las Américas. Era de noche y su vida se diluyó en un instante.

De la misma edad era Kenniel Pagán Rosa, quien el 9 de febrero de este año fue baleado en el interior de un automóvil en la carretera PR-6649, sector La Cite de las parcelas Tiburón, en Barceloneta.

Vecino de la urbanización Villa de la Sabana, dijo a sus padres que iba a presenciar unas carreras de caballo en el barrio Islote de Arecibo, pero nunca regresó. Fue hallado a orillas de la vía, dentro de un Suzuki Aerio que estaba con las luces encendidas y un cristal posterior roto. Su cadáver permanecía en el asiento del conductor del vehículo, como los que se dedicaba a lavar en un negocio localizado en el municipio de Florida.

A la fatídica lista se sumó el 20 de marzo Evan Andrés Ramos Robles, de 16 años y residente en Naranjito. Esta vez, el arma la portó el diablo, porque el menor estaba en su hogar con un amigo quien, tras coger un revólver de una coqueta, disparó por accidente y un proyectil terminó alojado en el corazón del muchacho.

En abril el destino quiso que ningún niño perdiera la vida, pero en mayo los asesinatos se cebaron con ellos: el día 27, agente localizaron frente a su residencia de la barriada Acueducto, de Manatí, a Jomar Yael Marín Rosario, de 17 años, cuyo cuerpo presentaba varios impactos de bala, pese a que tenía puesto un chaleco antibalas… Y y ese mismo día, en el residencial Calimano de Guayama, era herido de bala en su antebrazo izquierdo una preadolescente de 12 años.

Veinticuatro horas después, en la barriada Los Naranjos de Vega Baja, murió a balazos Edgar Omar Rodríguez Andino, de 18 años, y al día siguiente, el 29 de mayo, cayó abatido Obed García Beltrán en manos de la Policía. Tenía 16 años.

Junio avanza y aún la estadística no añade un nombre más, pero es cuestión de tiempo.

Ante este escenario, el vicepresidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social (CPTSPR), Alejandro Santiago, opinó que “la violencia en Puerto Rico es un mal social que afecta a todas las personas residentes de la isla. Es un problema estructural que tiene diversas vertientes. En este último año hemos visto reseñado en la prensa cómo han incrementado los actos delictivos que involucran menores de edad, ya sea como víctimas o por haber cometido la falta. Las razones pueden ser múltiples por diferentes factores, entre ellas la falta de acceso a servicios, la reducción de planteles escolares y servicios que se atemperen a las necesidades de esta población, y a la reducción en oportunidades por parte del Estado para que puedan alcanzar el bienestar”.

Además, consideró que otros factores que pueden tener igual o mayor influencia en la tasa de incidencia criminal en la isla son “las relaciones sociales y núcleos con los cuales se vinculan los jóvenes, los discursos sexista y la alta propaganda para fomentar el consumismo entre edades tempranas, la violencia en el núcleo familiar, el acceso al uso de armas y a la compra y venta de drogas”.

Santiago criticó “la ausencia de un plan de seguridad efectivo por parte del Estado, que continúa dejando a la ciudadanía con un sentido de inseguridad. Dicha inseguridad se experimenta en mayor grado en espacios y comunidades vulnerables. A su vez, la violencia que arropa la isla es el resultado de la inexistencia de políticas públicas que se alejen de la mano dura contra el crimen, que ha fracasado en muchísimos países. Es por ello la necesidad de políticas públicas que aborden el tema desde una mirada de nuevos modelos de intervención con estrategias efectivas desde una perspectiva preventiva y no remediativa”.

El vicepresidente detalló también que “diversos estudios afirman que los hombres tienen mayor riesgo de cometer una falta y volver a reincidir en comparación con las mujeres. Esto es el resultado de la masculinidad hegemónica, como único modelo socialmente impuesto, que pregona lo que implica ser hombre y para ello hay que tener control, poder, y violencia. La conocida perspectiva de género nos permite abordar el tema desde diversas miradas, también, nos puede dar posibles respuestas para entender la manifestación de la violencia, incluso, en jóvenes de 15 años”.

“Necesitamos reevaluar nuestro sistema de educación a uno que promueva la participación de jóvenes en el proceso de enseñanza. Si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo es que lo que tenemos no está funcionando. Es necesario fomentar un sistema educativo que responda a las nuevas realidades y diversidades de aprendizaje y taiga propuesta que garanticen la retención de la comunidad estudiantil. Importante recalcar que el problema no radica en la comunidad escolar, más bien en la manera en cómo está politizado el sistema”, acotó.

El trabajador social subrayó que la criminalidad que experimenta la isla en estos momentos “es el resultado de la inefectividad de intervenir durante la pandemia y otros eventos naturales, que afectaron el curso de nuestra isla. Son el resultado de un sistema alejado de las realidades de su gente. Es por ello la importancia de sentarnos a la mesa para discutir nuevas estrategias. Puerto Rico cuenta con cerca de 7,500 profesionales del trabajo social habidos para ejercer la profesión y con las destrezas necesarias para ser parte de la solución”.

El experto destacó, frente a esta problemática, la necesidad de “aumentar la cantidad de profesionales del trabajo social en las diferentes agencias del gobierno como los departamentos de Justicia, Familia, Educación, Vivienda, entre otras, ya que pueden ser parte de las soluciones para prestar servicios accesibles. Mientras la clase profesional continúe oprimida, en precariedad, con espacios de trabajos que no cuentan con oportunidad para brindar acceso a servicios y colegas con sobrecarga de trabajo, se imposibilitan las oportunidades que promuevan el bienestar social para con nuestro país”.

El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, en principio afronta la problemática con un “mantra” y pregona que quienes “entran en el tema del narcotráfico, tienen solamente dos salidas: la muerte o cárcel, no hay otra”.

El jefe policial, sensible, porque al fin y al cabo es padre y tiene hijos, opina que es una “tragedia” que los niños mueran víctimas de la delincuencia y por eso invitó a “esos jóvenes de 16 a 35 años, que entran en el narcotráfico, a buscar otras alternativas para seguir el camino del bien. Estos casos (de niños asesinados) me entristecen que sigan ese camino”.

López Figueroa también aborda el hecho de que desde 2014 un total de 16 menores hayan muerto de un disparo ejecutado por un policía, ante lo cual sugiere que “el narcotráfico está influenciando a los jóvenes y, lamentablemente, la única alternativa que le ofrecen es la venta de droga y el matar a personas por encargo, eso se ha dado en los últimos años”.

Añade que “por eso que estamos haciendo operativos comunitarios, para dar otra alternativas a esos jóvenes”.

Para Mari Mari Narváez, portavoz de la entidad Kilómetro 0, dedicada a fiscalizar a la Policía y atender el problema de la criminalidad en la Isla, el tema en discusión es “por qué hay jóvenes de 16 años que andan con armas y este es un asunto que no lo resuelve la Policía”.

Según la vocera de la organización, “el diálogo tiene que girar en torno al cierre de las escuelas, a por qué se lleva a la población a niveles extremos de austeridad y se le restan fondos a la Universidad de Puerto Rico. Por eso los menores están en esa situación. Este es un asunto de política pública bien importante”.

En relación al suceso del domingo 29 de mayo, Narváez alerta que las personas de la Isla entre los 15 y 21 años están más en riesgo que el resto de la población de morir en manos de la Policía (6.9 por ciento contra 3.1) y lanza un dato aterrador: el 42 por ciento de las víctimas fatales de la uniformada en ese rango de edad no portaba un arma cuando un agente las mató.

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